Un dicho muy conocido y popular reza: “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”. Con éste se quiere dar a entender que si los ciudadanos se interesan en los asuntos públicos, procuran mantenerse debidamente informados sobre lo que sucede en el ámbito comunitario y participan con un alto sentido de responsabilidad en la actividad política, entonces su gobierno tendrá buena conducción y estará en aptitud de ofrecer buenos resultados a su población.
Al plantear como requisito la participación política de los ciudadanos, en modo alguno se propone que todos y ni siquiera una minoría importante lo haga de manera profesional. No, ni remotamente. Pero sí se requiere tal participación para que al menos exijan rendición de cuentas a los gobernantes, demanden transparencia en la información gubernamental, intervengan en la formación de una vigorosa opinión pública y voten cada vez que haya elecciones.
El acto de votar, alguien lo dijo, es no sólo el acto político fundamental en una democracia, sino el deber político más elemental del ciudadano. Es como el salario mínimo de todo miembro de la comunidad política. Si un ciudadano no vota, ¿para qué tiene entonces ese derecho y cómo podrá después demandar a sus representantes que las cosas marchen bien?
En la antigua Grecia de las ciudades-estados, en las cuales cinco siglos antes de Cristo se practicaba la democracia directa, usaban un adjetivo que aplicaban a los ciudadanos desinteresados en el ejercicio de sus derechos políticos. Escribe Giovanni Sartori que los llamaban “idiotes”. Curiosamente es la raíz de la voz peyorativa hoy tan común en numerosos idiomas modernos para designar a los tontos de capirote o de plano a quienes obran con retraso mental. Tal es el origen de esa palabra. Es decir, hace 2,500 años se asoció el incumplimiento del deber político con la imbecilidad humana. Un dato digo de tener presente a la hora de calibrar el alcance de ser, o no, omisos en la imprescindible tarea política.
Se dice, en la misma línea, que por ese mismo tiempo del antiguo esplendor democrático griego, Pericles sentenció que “todo aquel que no esté dispuesto a participar en los asuntos de la ciudad, mejor se largue de la ciudad”. Aunque suene ingenuo, esta es sin duda la clave para la eficaz gestión de los asuntos públicos.
No es un tema pueril. Podrá parecer muy elemental o inocente el planteamiento, pero no lo es. De otra manera, ¿cómo puede ser posible lograr una eficaz y honesta acción gubernamental si los miles, millones de electores se desentienden de lo que sus representantes políticos hacen o dejan de hacer? ¿Alguien supone que en automático habrán de hacer bien las cosas? Tal expectativa sí que es ingenua. Nada puede suplir entonces el seguimiento de la acción gubernamental por los ciudadanos. Y menos aún abstenerse del acto político fundamental, que es votar.
“Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”. Es cierto. No faltará sin embargo que alguien argumente, con algo de razón, según se vio en las recientes elecciones, que hoy por hoy el principal problema que los ciudadanos mexicanos enfrentan –con todo y que se abstuvo de votar más del cincuenta por ciento- no se encuentra en el proceso electoral, ahora mucho más confiable que antes y regulado en exceso, sino en el sistema mismo de partidos. El tema amerita otro análisis.
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