La Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregará a la ciudad 250 millones de pesos para desarrollar el proyecto ejecutivo.
Todos los días, en promedio, 4.2 millones de personas realizan viajes metropolitanos. En su mayoría cruzan los límites del Estado de México a la Ciudad de México para acudir al trabajo, a la escuela, hospitales y diversas actividades cotidianas.
Se estima que para el 2020 la cifra de habitantes del estado vecino que acudan diario a la Ciudad de México subirá a 5.6 millones de personas.
Ante este panorama, la importancia de contar con proyectos de movilidad metropolitana que den aforo a este volumen de usuarios es, por demás, de carácter estratégico y una obligación de los gobiernos locales y federal.
Pero los capitalinos y los habitantes del Estado de México nuevamente hemos sido testigos del desdén del gobernador mexiquense Eruviel Ávila ante los proyectos de desarrollo y movilidad del área metropolitana.
El menosprecio del gobernador mexiquense ante los proyectos de la megametrópolis y su condicionamiento a las cuentas políticas son la marca de su administración como, por cierto, recientemente volvimos a verlo ante la contingencia ambiental de la semana pasada.
Hoy, con el proyecto de ampliación de la Línea A del Metro, que correrá del municipio de La Paz a Chalco, se deja ver nuevamente que la movilidad de los mexiquenses no forma parte de la agenda prioritaria de su gobernador.
Quienes ahora retoman el proyecto son el gobierno federal y el de la Ciudad de México.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la decisión de tomar en sus manos, en coordinación con la Federación, un proyecto que ni siquiera se ejecutará dentro de los límites territoriales de su administración.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregará a la CDMX 250 millones de pesos para desarrollar el proyecto ejecutivo; y el Gobierno de la Ciudad ejecutará la obra que iniciará en 2017 con 800 millones de pesos.
La ampliación daría cabida a cerca de 400 mil mexiquenses de la zona oriente que acuden a diario a la ciudad a hacer su vida laboral y estudiantil.
Deberá haber coordinación con los presidentes de los municipios en donde se ejecute la obra, quienes posteriormente estarán a cargo de la vigilancia y seguridad de las estaciones, aun sin que haya ningún aporte del gobierno del Estado de México.
El gobierno federal aportará los recursos para la construcción, pero el costo de operación –estimado en unos tres millones 200 mil pesos diarios— correrá a cargo del Gobierno de la Ciudad para mover a los habitantes del Estado de México.
Estamos no sólo ante un desprecio absoluto a los proyectos en beneficio de la metrópoli, sino que se repite un patrón insultante a los habitantes y autoridades que forman parte de la zona metropolitana del Valle de México.
Por lo pronto, los gobiernos federal y de la Ciudad de México no dejan a la deriva a los mexiquenses y dan el primer paso y el ejemplo en una decisión responsable.
Todavía queda tiempo para que pueda recapacitar el mexiquense, aunque la evidencia demuestra que las expectativas son bajas de un gobierno que en materia de movilidad no mueve ni el meñique.
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