Estamos siendo testigos de diversos fenómenos sociales ante los cuales pareciera que las instituciones y mecanismos formales no dan respuesta, ni pronta ni adecuada, lo cual incrementa la desconfianza y el desánimo ciudadano en cuanto a la capacidad de nuestros gobernantes para alcanzar el bien común. Así, no se contempla una solución a los problemas de la inseguridad; no se ve por dónde se pueda, ya no acabar con la corrupción, sino por lo menos disminuirla; igualmente siguen los problemas de la falta de transparencia de gobernantes, legisladores y jueces; tampoco se ha logrado que la sociedad realmente participe en el proceso y decisiones de gobierno e igualmente no se le ve fin al problema de la educación y las marchas, plantones y protestas de maestros y organizaciones sociales, que no encuentran o no aceptan un cauce legal para sus demandas, perjudicando así a millones de escolares y de ciudadanos que diariamente pierden tiempo y recursos.
Algunas realidades sociales nos están indicando la urgencia de nuevas y diferentes leyes que, por lo menos, sean un inicio de solución. Por ejemplo, los resultados electorales que se obtuvieron este 7 de junio: Los electores que acudieron a las urnas fue muy bajo, indicativo de que no hay interés ciudadano o no hay credibilidad o no hay convencimiento de un auténtico cambio. Los diputados federales electos llegan, por lo tanto, con una bajísima representatividad, pues con una votación de apenas 37 o 38% en Sinaloa, llegarán al Congreso con un 18% del electorado total. Los mismos datos, a nivel nacional cuando mucho serán un 25% de representatividad, nos indican la necesidad de dos figuras legales que ya existen en otros países: en primer lugar, una reforma a la ley para obligar a la segunda y hasta una tercera vuelta de votación, hasta que alguien alcance el 50% más uno del electorado que vota, en tal forma que se logre una auténtica representatividad.
Por otro lado, ante la queja repetida de gobernantes ineptos, o de legisladores faltistas y flojos, se requiere una reforma que autorice la revocación de mandato, con condiciones claras y precisas, para tener así los gobernantes y legisladores que el país necesita.
Otro ejemplo digno de comentarse es el tan llevado y traído problema de corrupción, enlazado con el problema de falta de transparencia. Si bien ya se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción con reformas a la Constitución y ya existe el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas con las instituciones legales y formales que obligan a los gobernantes en esta materia, todavía no ha sido posible eliminar la opacidad, el ocultamiento y la falta de información. ¿Qué tan difícil es instituir la obligación ineludible de la Declaración Patrimonial, de gobernantes y sus familiares más cercanos y aplicable a todos, desde el Presidente de la República para abajo, Senadores, Diputados y Poder Judicial? Se contaría de inmediato con un elemento de transparencia y una herramienta valiosísima para el control de la corrupción. En el sexenio anterior, Felipe Calderón Hinojosa y casi todos sus Secretarios, presentamos la Declaración Patrimonial y se hicieron públicas. Para el control de estas Declaraciones se estableció el sistema automatizado llamado Declaranet. En aquellos años no se le había ocurrido a nadie complementar con una Declaración de Conflicto de Intereses, que muy bien se puede incluir. Todo lo anterior permitiría un cruce de información con las Declaraciones Fiscales de los funcionarios, más la comparación con sus cuentas bancarias y con el Registro Público de la Propiedad, y entonces sí se tendrían pruebas de enriquecimiento inexplicable e indebido.
En la misma forma, establecer la obligatoriedad del registro y control de toda la obra pública y las adquisiciones, a través del sistema Compranet que permite controlar compras y avances de obra, hasta su finiquito, vigilando y controlando así dos de los factores más socorridos en cuanto a corrupción: las compras de gobierno y la obra pública.
El caso de la Ley de los Derechos de los Niños es otro ejemplo de la necesidad de aplicar mecanismos nuevos de consulta popular. Ahí tenemos el plebiscito y el referéndum, figuras que no se aplican y pudieran ser solución para leyes y decisiones de gobierno. Esto puede lograrse mediante una votación directa aprovechando los procesos electorales, o bien, con encuestas y con atención a todas las opiniones, quejas y solicitudes de ciudadanos, para lo cual se requeriría de una oficina o un departamento del Congreso que se dedique a eso para captar la preferencia ciudadana. En esta oficina pudieran intervenir con representantes las organizaciones sociales, religiosas, empresariales, etc.
Como se puede ver, en la política y en el gobierno también se puede innovar, para mejorar, si realmente se desea mejorar.
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