Ley de Transparencia: avances y excepción inadmisible

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Con todo y la profusa campaña de publicidad que tanto el Congreso como el Ejecutivo han realizado en torno de las reformas estructurales y los supuestos beneficios que traerían a la economía de los mexicanos, particularmente la energética y de telecomunicaciones, la mayoría de la población reprueba la actuación de los legisladores federales. La gente no alcanza a identificar los logros legislativos, ni cree que cambiaran las cosas en el país a partir de las que recuerda. Hay una opinión amplia de que las reformas que mas se necesitan son las que combatan la corrupción, comprometan la transparencia y protejan los derechos humanos. Así lo plantea la más reciente encuesta de GEA-ISA publicada en su portal: www.isa.org.mx

A través de estos instrumentos de sondeo público y algunos otros de consulta más especializada y dirigida a grupos especificos, los legisladores hemos tenido a la mano los datos de ese ánimo y percepción social. De ahí que resulte inadmisible que el Senado de la República se haya confeccionado a su gusto y manga ancha una norma transitoria en la recien aprobada ley general de transparencia y acceso a la información, con el propósito de diluir el cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas en materia de acceso a la información. Resulta más cuestionable cuando, en el balance general, la ley hace avanzar obligaciones y definiciones importantes para los otros poderes, organos constitucionales autónomos, partidos, y sindicatos. Lo explico.

Tras la reforma constitucional que en el 2013 fortaleció el derecho de acceso a la información, dio autonomía constitucional al IFAI y amplió los sujetos obligados, el Congreso quedó obligado a actualizar la legislación secundaria y emitir una ley que sentara las bases y principios para todas las entidades y organismos públicos del país. El miércoles 19 de marzo pasado, se aprobó el dictamen de la ley general. Queda pendiente la ley federal. Sin duda es un paso adelante en nuestra larga lucha por hacer viable el derecho a la información en lo general y, en este caso, en su vertiente del derecho de acceso a la información.

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En ese ambiente de enorme insatisfacción y desconfianza en las instituciones y la clase política como el que describe la encuesta de GEA-ISA – la evaluación e imagen del Presidente de la República está por los suelos -, dicho andamiaje legal representa una oportunidad para el combate frontal a la opacidad y a la corrupción. Con dicha legislación se materializa el reconocimiento de la obligación del Estado de transparentar su gestión y rendir cuentas.

El proceso de análisis, discusión y concreción de esta ley fue largo y accidentado pero meritorio, pues tuvo en su haber la participación de instituciones, académicos y organizaciones civiles preocupadas y ocupadas en el tema.

No puedo dejar de mencionar que en el transcurso del proceso legislativo reglamentario alertamos intentos por parte del Ejecutivo federal de dar marcha atrás a los avances conseguidos en la materia, esto a través de un memorandum con más de ochenta propuestas de modificación a la iniciativa que introdujo en el trabajo de las comisiones dictaminadoras el consejero jurídico del Presidente de la República, Humberto Castillejos, las cuales constituían un franco retroceso, tal era el caso de acotar la autonomía constitucional del órgano regulador o la de limitar uno de los principales avances de la transparencia, como lo es exigir que para reservar información se presente una prueba de daño, entre otros temas. Afortunadamente dichas sombras terminaron por disiparse, pues las regresiones que se habían colocado se conjuraron en el camino gracias a un ejercicio parlamentario plural y participativo, y un empeño de negociación política que concilió posiciones.

En lo partícular, como dictaminador en la comisión de gobernación, presenté dieciocho propuestas de adición y/o modificación. Debo reconocer que la mayoría de éstas fueron atendidas y retomadas en la redacción final del dictamen, por lo que, aunque expresé mi desacuerdo con algunos puntos específicos, voté a favor del dictamen en lo general. Esa es la dinámica de un proceso legislativo en el que todas las partes de una negociación deben ceder algo, para hacer avanzar el interés común, siempre y cuando el conjunto represente realmente el interés general.

También estoy convencido de los avances de esta ley, entre ellos, que se establecen principios de transparencia comunes para todo el país; se amplía el espectro de los sujetos obligados; se amplía el catálogo de las obligaciones de transparencia proactiva; se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; se respeta la autonomía de los Órganos Reguladores; se incluye un catálogo de sanciones a sujetos obligados; estos son logros indiscutibles.

Hay además un punto que me parece fundamental referente a la capacidad de revisión del órgano regulador nacional en casos de inconformidad de solicitantes de información por negativas de los órganos garantes en las entidades federativas; es un paso crucial frente a la penosa conducta de sometimiento que muchas de estas instancias locales tienen ante los gobernadores de los Estados. Algunos de esos órganos fungen más como obstáculos para que el ciudadano ejerza su derecho, que como garantes de él. Chihuahua es un claro ejemplo de una entidad en la que prevalece la opacidad, la simulación y no hay rendición de cuentas; recientemente el periódico Reforma reportaba en una nota titulada: “Ocultan bienes gobernadores”, que a pesar de que “la ley mandata publicar las declaraciones patrimoniales y, aunque existe el apartado específico en el portal de trasparencia, el sitio señala que no hay registros”. Como los va a haber cuando cínicamente el corrupto gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, ha dicho que dar a conocer su declaración patrimonial – de la que surgiría el primer comparativo de su enriquecimiento inexplicable – “es un agravio para los que no tienen y un reto para los que tienen”. Textualmente.

Esta facultad de revisión, complementada con la de atracción, ha dicho el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), es un mecanismo de defensa del particular “viene a constituir una nueva relación entre los órganos garantes de la Federación y los órganos garantes de las Entidades Federativas; se abre una nueva dinámica de competencias, el Instituto como órgano revisor, como instancia de alzada administrativa respecto a las impugnaciones en favor de los solicitantes de información.”

Ahora bien, me parece fundamental apuntar que tal como se ha señalado toda ley es perfectible, sin embargo hay un gran faltante del cual el Congreso tiene que hacerse cargo con absoluta responsabilidad y franqueza; me refiero a la norma que comenté al principio, un tratamiento especial que el Congreso se confiere en materia de obligaciones de transparencia.

Entre los asuntos del memorándum de observaciones y propuestas que presenté, señalé que el artículo 72, que establece las obligaciones de transparencia de los órganos legislativos, contenía expresiones muy genéricas para éstos y obviamente para sus órganos de gobierno y sus grupos parlamentarios, en ese sentido pedí que hiciéramos un esfuerzo por ir al detalle de las obligaciones pues en la generalidad de las redacciones o en la ambigüedad de ésta, es donde siempre se anida el pretexto de la opacidad y es donde tiene mejor plataforma la resistencia a abrir las áreas del Congreso.

Desafortunadamente no se quiso avanzar en el detalle, hubo una resistencia en todos los grupos parlamentarios. Pero no sólo eso, las obligaciones genéricas y algunas de las específicas que se lograron en ese artículo, las difieren en su cumplimiento por un tiempo indeterminado. Es que el día que ya estaba publicado en la gaceta parlamentario el dictamen, insertaron al inicio de la sesión una reserva los Presidentes de las comisiones, para introducir un nuevo artículo transitorio en la ley, el décimo tercero. Este transitorio es una vergüenza, porque diluye la responsabilidad del Congreso y niega su compromiso con la transparencia que le exige a los demás.

Dice penosamente: “Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.”

O sea, el 30 de agosto se presenta un programa, que incluye a los grupos parlamentarios; pero las obligaciones se harán efectivas conforme se implemente el programa, lo cual puede suceder en uno, dos, tres años o nunca. Tal como dije en el pleno, dicho transitorio no prestigia al Congreso, por el contrario confirma el desaseo contable, administrativo y financiero con el que se manejan en el poder legislativo los recursos públicos, lo cual resulta ominoso ante las múltiples necesidades del país.

Me parece importante subrayar que mi voto a favor del dictamen me compromete a seguir insistiendo en este tema, no sólo en el próximo debate de la Ley Federal de Transparencia, también en el reglamento de transparencia del Senado, de modo que el legislativo no quede en una zona de excepción o una zona de impunidad jurídica en materia de obligaciones de transparencia.
Insisto, hay aún muchos pendientes en los que hay que seguir trabajando, tal es el caso de la existencia de Comités de Transparencia en los órganos de seguridad nacional, así como en el papel del IFAI para determinar la apertura de la información cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, sobre la inexistencia y generación de información y sobre la prueba de daño, pero en   suma, con esta Ley General no solo estamos atendiendo al mandato constitucional de las reformas de febrero del año 2014, estamos entregando a los ciudadanos de todo el país un instrumento que les puede garantizar, como lo mandata el artículo 6° Constitucional, el ejercicio del derecho a la información en su vertiente de acceso y transparencia y estamos reconociendo, a excepción del Congreso, todos los sujetos obligados, que tenemos la responsabilidad de abrir las cortinas del ejercicio del poder.


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