Leopoldo López y el silencio cómplice

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El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha mostrado una vez más su rostro dictatorial. Después de un dudoso juicio, el régimen de Nicolás Maduro sentenció a catorce años de cárcel al líder opositor Leopoldo López, simplemente por ser eso: opositor. En este escenario de abierta politización de la justicia, también se encuentran 50% de los alcaldes no afines a Maduro, a quienes se les ha abierto un proceso judicial.

Como afirmó el historiador Enrique Krauze, el modelo chavista ha logrado en buena parte su cometido: que Venezuela se parezca cada vez más a Cuba. En el terreno económico: desabasto de productos básicos, inflación, deterioro de la calidad de vida y pérdida de competitividad. En el ámbito social y político: persecución de opositores, cancelación de libertades fundamentales, polarización ideológica y violencia. Todas ellas, realidades a las que ha conducido el populismo fundado por Chávez y continuado por Maduro.

La situación se ha tornado tan grave, que hasta los organismos internacionales que habían actuado con mucha cautela, exigen ahora que se restituya el Estado de derecho en Venezuela. Tal es el caso del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, que ha exigido la liberación inmediata de López tras señalar que su condena “fue emitida después de un proceso judicial de 19 meses a puerta cerrada y marcado por graves irregularidades”. Dicho Grupo de Trabajo denunció, además, que no se hicieron públicos los fundamentos de las imputaciones, no se permitió al acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada ni se admitieron las pruebas que ofreció para su descargo.

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Por otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó en una carta abierta que “ninguna revolución puede dejar a la gente con menos derechos de los que tenía”. Y advirtió: “Todos los que están agobiados por la injusticia deben ser nuestros protegidos. Y no habrá ninguna razón para que nos callemos ante eso, cuando falten garantías del debido proceso, cuando haya denegación de justicia o cuando existan condiciones infamantes”. Ante ello, la OEA ha solicitado que el proceso de apelación de Leopoldo López se lleve a cabo de acuerdo con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y apegado al debido proceso.

No obstante, la posición del gobierno mexicano, al igual que la de la ignominiosa mayoría de los gobiernos de la región, sigue siendo la del silencio cómplice. Con la neutralidad de las relaciones internacionales y la no intervención como banderas, los líderes latinoamericanos con su omisión permiten que recobre vida el fantasma de la dictadura contra la que incluso sus padres y abuelos lucharon.

Otra incomprensible indiferencia es la de la izquierda mexicana que, como pocos, sabe lo que es ser perseguido por sus ideas. Durante el régimen de partido hegemónico en México, muchos de sus militantes fueron perseguidos, encarcelados y asesinados, pero hoy —a diferencia de líderes de la izquierda internacional como el expresidente español Felipe González— parece que puede más su afinidad ideológica con Maduro que su memoria y convicciones. 

Queda sólo el camino de la presión internacional para detener la represión con la que intenta sostenerse el fallido gobierno de Maduro. Esperamos que nuestro gobierno, a través de la Cancillería, en congruencia con la agenda a favor de los derechos humanos que ha promovido activamente en los organismos internacionales, sume su voz para detener y resarcir los atropellos que de manera sistemática sufren los opositores al régimen en Venezuela, antes de que sea aún más tarde.


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