El Paquete Económico 2027 deja una escena incómoda para la narrativa oficial. En 2027, el costo financiero de la deuda (intereses y comisiones) alcanzará 1.575 billones de pesos, frente a 689 mil millones en 2019: más del doble en ocho años. Esa cifra ya supera lo previsto para salud (1.106 billones), educación (1.251 billones) y desarrollo económico (1.525 billones). Cuando el pago a los acreedores pesa más que cualquiera de esos tres rubros, el debate deja de ser ideológico y se vuelve aritmético.
Lo que dicen los números
La Secretaría de Hacienda entregó el paquete el 8 de septiembre de 2026. El costo financiero equivaldrá a 4 % del PIB, mientras que las pensiones ascenderán a 1.841 billones de pesos. El incremento real respecto al cierre estimado de 2026 es de 11.8 %. Es decir, el servicio de la deuda crece mucho más rápido que la economía, cuyo crecimiento esperado ronda el 2 %.
El saldo también sube. En términos nominales, la deuda pública llegaría a 21.6 billones de pesos en 2027, frente a los 10.5 billones de 2018. Coparmex advierte que la deuda alcanzaría cerca de 55 % del PIB, el nivel más alto desde 1990. Según el mismo organismo, la cercanía entre el déficit y la inversión pública sugiere que se está usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva. Gabriela Siller, de Grupo Financiero BASE, subraya otro mecanismo: las tasas de interés aumentan sobre un saldo cada vez más elevado. Es una espiral, no una cifra aislada.
La promesa y su contradicción
El gobierno de Claudia Sheinbaum y los dirigentes de Morena repiten que, sin corrupción, el dinero alcanza para más. La premisa es políticamente eficaz y tiene sustento en la percepción ciudadana: la encuesta de Consulta Mitofsky de septiembre de 2026 reporta que 87.1 % de los entrevistados percibe corrupción mucha o regular en el país.
Aquí aparece la fricción central. Si la corrupción se hubiera erradicado y los ahorros fueran tan abundantes, el endeudamiento no tendría por qué escalar a este ritmo. Y si la corrupción persiste con la intensidad que los ciudadanos perciben, la promesa fundacional queda cuestionada por los hechos. Ambas lecturas no pueden ser ciertas a la vez. Además, el gobierno solicitó autorización para contratar 1.7 billones de pesos adicionales de deuda interna. Resulta difícil conciliar ese pedido con un discurso de abundancia por austeridad.
La defensa posible
Sería injusto omitir los matices que el propio oficialismo puede invocar. Buena parte de la deuda se heredó, y los intereses de hoy remuneran obligaciones contraídas por varias administraciones. Las pensiones y las transferencias a estados y municipios son presiones de gasto ineludibles, que ninguna reasignación sencilla resuelve. También cabe señalar que el déficit bajaría de 4.1 % a 3.9 % del PIB en 2027, y que el paquete no contempla nuevos impuestos generales, lo que el gobierno presenta como alivio para los contribuyentes.
Asimismo, comparar saldos nominales de 2018 y 2027 sin ajustar por inflación y crecimiento exagera el contraste. El indicador más honesto es la deuda como proporción del producto, y ahí el aumento es real pero menos dramático que el duplicado nominal: de 52.3 % a 55.0 % del PIB.
El punto de fricción
El problema no es endeudarse, sino para qué. Una deuda que financia infraestructura y capacidad productiva se paga sola con crecimiento; la que sostiene gasto corriente compromete el futuro sin construirlo. Los críticos señalan que la inversión pública sigue por debajo del déficit, lo que apunta a la segunda categoría. Los defensores replican que los programas sociales prioritarios, con 1.025 billones de pesos, son una inversión en cohesión que ningún indicador fiscal captura.
Ese desacuerdo es legítimo y debería dirimirse con datos abiertos, no con consignas. Mientras tanto, el margen de maniobra se estrecha: solo costo financiero, gasto federalizado, pensiones e inversión suman 72 % del presupuesto. Lo que queda para todo lo demás es cada vez menos.
Una pregunta pendiente
Si el costo de la deuda ya compite con la salud y la educación, ¿quién responderá ante los ciudadanos cuando las promesas de abundancia choquen con la factura de los intereses?
