La iniciativa tiene como fundamento el que se cuente con el aval de los ciudadanos cuando se busque cambiar el uso de suelo.
El crecimiento urbano desmedido en la ciudad nos ha llevado al borde del colapso. La voracidad de los empresarios inmobiliarios ha depredado zonas protegidas, elevado monstruos habitacionales y se ha violado la normatividad, las más de las veces con el beneplácito de las autoridades delegacionales.
De lo dicho por el jefe de Gobierno en su Tercer Informe de Gobierno, con lo único que me quedo y recibo con gusto es la noticia de que propone una iniciativa a la Asamblea Legislativa del DF en materia de desarrollo urbano con la que, según dijo, se pretende terminar con el desorden, la corrupción y los abusos en materia de uso de suelo en la ciudad.
La iniciativa tiene como fundamento el que se cuente con el aval de los ciudadanos cuando se busque cambiar el uso de suelo en zonas donde haya un plan parcial que indique la exclusividad en el uso habitacional. Una decisión de gobierno que transita del rosa social al azul responsable.
Y es que se trata de un reclamo de la sociedad que ya había sido recogido por el PAN en la Asamblea Legislativa durante la VI Legislatura. En abril de 2013 suscribí, junto con la entonces diputada Gabriela Salido, una iniciativa que, entre otros puntos, establecía la creación de un comité delegacional de participación ciudadana y desarrollo urbano sustentable. Lo anterior para que los ciudadanos contaran con voz y voto en los cambios de uso de suelo que impactan en su vida diaria.
Fue un éxito legislativo para el Grupo Parlamentario del PAN que, en diciembre de 2013, el Pleno de la ALDF la aprobara, pues los argumentos eran incontrovertibles y contundentes ante el llamado de varios sectores ciudadanos, cansados de las permanentes violaciones al uso de suelo. Lamentablemente, tan sólo tres meses después, el gobierno del DF regresó el dictamen al Congreso local, lo que en el argot legislativo se conoce como “veto”, resultó que en ese momento el gobierno central lo consideraba no adecuado para ser publicado y entrar en vigor.
Que ahora el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera retome el espíritu de la legislación panista, no hace otra cosa más que darnos la razón: los cambios al uso de suelo no pueden ser aprobados de manera unilateral por la autoridad, pues debe escuchar la voz e incluir la voluntad de los vecinos. Que se terminen aquellos abusos cometidos bajo el amparo del artículo 41 o la Norma 26, por ejemplo.
El proyecto no debe limitarse a este voto ciudadano, pues también es necesario que la o el jefe delegacional en turno emita una opinión por escrito cuando esté a favor o en contra de un cambio de uso de suelo. La autoridad debe ser corresponsable.
La VII Legislatura recibirá el proyecto anunciado por Mancera. Recaerá en ellos tener la responsabilidad y altura política para darle entrada, discutirlo y, en su momento, aprobarlo.
Otras consideraciones deberán ser puestas también sobre la mesa: incrementar las sanciones para aquellos desarrolladores que incurran en faltas, establecer límites sobre la transferencia de potencialidad, limitar tiempos para dictaminar las iniciativas de desarrollo urbano para que no queden en la congeladora legislativa.
Es urgente contar con esta legislación responsable, que proteja el entorno urbano, detenga la depredación y ambición empresarial y castigue las omisiones. La ciudad lo merece, sus habitantes también.
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