Layda y el Presidente

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Además de condensar, como momento plástico, el deterioro político y la enorme distancia que con la desigualdad social guarda el régimen oligárquico que detenta el poder en México, la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Dominguez al empresario y financiero del PRI, Alberto Baillères, ha tenido también un episodio rescatable y digno de reconocimiento: La senadora Layda Sansores ha salido al encuentro de Peña Nieto a su llegada al antiguo recinto del Senado y le ha entregado en propia mano una carta llena de indignación y reclamo por la corrupción galopante, la represión de las libertades políticas, y le ha solicitado -buscando un “destello de dignidad”- la renuncia al mandatario.

Vi la escena por televisión a través de la transmisión del Canal del Congreso. No asistí porque, tanto al emitir mi voto sobre el dictamen que otorgó la presea a Alberto Baillères, como mi ausencia en la sesión solemne, fueron la expresión completa de mi desacuerdo y deslinde con ese acto de sometimiento del poder legislativo al poder del dinero. Ausente el espíritu y objetivos para los que nació el galardón, “servicios prestados a la Patria y a la humanidad”, se imprimió otro sentido: reconocimiento al “emprendedurismo”. Así lo presentó el senador que leyó el dictamen, Roberto Albores, y así lo asumió Baillères en su discurso insulso: Un reconocimiento al sector empresarial a través de su persona.

Si en efecto ese hubiera sido uno de los objetivos de la máxima condecoración senatorial, la biografía de Baillères sería una candidatura ad hoc, aunque tampoco me atrevería a sostener si la más idónea para representar la idea del emprendedor, pues más que el empresario que pone en suerte su iniciativa propia, talento, creatividad, y en riesgo su dinero, la trayectoria del dueño de grupo Bal ha sido la de la cercanía con el poder y el disfrute de los privilegios, canonjías y condonaciones que eso acarrea. Más bien, Baillères, fortuna número dos de todo el país, concesionario de bienes y servicios del Estado mexicano, representa eso que se ha denominado “el capitalismo de compadres”.

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Pero esa fiesta de la componenda entre la política y el dinero, reafirmación de la oligarquía que detenta el poder en México, la tocó -aunque sea simbólicamente-, la senadora por Campeche, Layda Sansores, porque se fue directa al personaje que entraña y administra como en ninguna época esa visión excluyente y expoliadora de la Nación, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Y lo picó con el dardo preciso, lanzado a la llaga profunda de la pandemia nacional, la corrupción política que infesta al gobierno y la impunidad que campea entre poderes de la unión, niveles de gobierno, fruto de esa debilidad que entraña la propia conducta presidencial, en la que se escudan y confían los gobernadores más corruptos del país de librarse de la cárcel. Porque además de la carta, Layda le entregó un ejemplar del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”, que recopila la investigación periodística del equipo de Carmen Aristegui sobre la mansión multimillonaria del presidente, todavía inexplicable.

Dueña de un estilo duro y contundente, sin concesiones a la cortesanía o al disimulo, Layda ha sido implacable contra Peña Nieto en la tribuna del Senado. Entre el reducido grupo de senadores que ejercemos la crítica al presidente y mantenemos nuestra oposición a la regresión autoritaria y la acción corruptora del PRI-gobierno, ella ha mantenido invariable su tono, su valentía, su intrepidez. El trazo de su pluma es inconfundible, y sonora su voz. El PRI la detesta, no obstante que viene de sus propias filas y quizá por eso les duele tanto.

Hace un año por estas fechas pronunció el discurso más duro que se haya escuchado en el Senado contra Peña Nieto a propósito de Ayotzinapa; lo tildó de incompetente, corrupto y cobarde. La bancada priísta no quiso enfrentar las descalificaciones, eludió el debate y abandonó el salón de sesiones rompiendo el quorum para terminar con la irreverente alocución. “Váyanse, no importa, ahí lo van a escuchar por la televisión del Congreso. Si no yo se los haré llegar a sus twitter…”, les espetaba la hija de Carlos Sansores Pérez, quien fuera ni más ni menos presidente nacional del PRI.

Pero el senador Miguel Barbosa, entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado, decretaba la falta de quorum y la senadora lo increpaba: “Presidente, aquí nunca se declara falta de quórum… que no hay quórum, así sean tres que estamos nada más sentados. No vengan con esas argucias, por favor, aguanten, aguántense, realmente como senadores dignos y responsables…”.

Layda proponía crear una comisión plural para investigar la “Casa Blanca”: “Ayotzinapa, es la última llamada. Y decenas, de miles de ciudadanos en una marcha histórica, salieron a las calles a manifestar su hartazgo y a exigir la renuncia de Peña Nieto… Eso es lo que no quieren oír los priístas, ahí se persignan…”.

Fiel a su método mafioso, Emilio Gamboa ofreció vengar al presidente, pero de otra manera. Desde entonces varios estamos muy pendientes de la Senadora Sansores; no comparto todas sus posturas, pero soy un convencido de esa voz necesaria en el Congreso. Ahora estaremos más atentos pues de la tribuna pasó a encarar a Peña Nieto y entre el séquito de incondicionales esa es una afrenta que desata a los espíritus facciosos.

La carta de Layda Sansores por cierto es certera, y pudo haber estado acompañada por la firma de varios de sus colegas: “Su gobierno se ha caracterizado por la traición a la Patria, el autoritarismo, la represión y la censura. Hoy la sangre es la tinta de las plumas libres; las mercenarias reproducen sus boletines y verdades históricas”.

“La ‘Casa Blanca’ exhibió la corrupción que usted ejerce desde el vértice del poder y desmoronó la credibilidad en la figura presidencial. Usted representa la deshonestidad que ha carcomido la vida institucional de México y, por lo tanto, ha perdido toda autoridad moral para combatirla y castigarla”.

“La operación política diseñada e implementada desde su oficina para silenciar a los periodistas, mismos que hicieron la investigación que hace un año cambió el rumbo de su gobierno y su vida, demuestra que es usted intolerante a la crítica y que la verdad lo desquicia”.

“Carmen Aristegui y su equipo regresarán a ocupar el espacio que dignamente se han ganado y usted, si así lo quiere, podrá regresar a esa ‘Casa Blanca’ cimentada en conflictos de interés y pagada con dinero de la ciudadanía, pero lo que nunca logrará, es recuperar ni la decencia ni su honra”.

“Agregado al clima de envilecimiento y desconfianza, está también su ineptitud. El caso de Ayotzinapa no ha podido resolverse pese a ser una de las heridas más dolorosas en la historia de México, dejando sin respuesta el reclamo de los deudos, de los mexicanos y de la comunidad internacional”.

“Insisto, sí aún queda en usted un destello de dignidad, en aras de restaurar la credibilidad en las instituciones y por el bien de México: renuncie”, concluye.

Pero el presidente de la República ya es impenetrable a este tipo de protestas. Consciente de su declive, irreparables las abolladuras al carro con el que transita la segunda mitad de su sexenio, ha decidido seguirse de frente, sabedor también de lo que puede contener un control de medios como el que se ejerce en el país. Pudo haber dado señales de rectificación y combate real a la corrupción, por lo menos en las entidades federativas donde los gobernadores han saqueado impunemente las arcas estatales.

Es el caso de Chihuahua. De la importancia y trascendencia de esa acción, también fue advertido en otra misiva clara y directa. Hace un año, en ocasión de esa misma ceremonia de la medalla Belisario Domínguez, pero con distinto recipiendario, entonces Eraclio Zepeda, entregué, al término de la condecoración una carta a Peña Nieto. Lo encontré en el patio de Xicotencatl. Lo hice a nombre del Comité Directivo de Unión Ciudadana, brazo cívico de la lucha contra la corrupción política del gobernador del estado, César Horacio Duarte Jáquez, y que acogió como suya la denuncia penal interpuesta por Jaime García Chávez ante la PGR, la que actualmente se sigue investigando -a más de un año- en el expediente AP/PGR/Chih/Jua/2143/2014/-VI-A.

Bajo otro estilo, la misiva de los chihuahuenses tocaba de manera central el tema de la corrupción política: “En el corazón de la política actual está ese enorme problema, a grado tal que mientras no se consolide un Estado de Derecho que dé contenido y cauce a la cancelación de la impunidad en general, y la proverbial que patrocina la corrupción de la clase política, no habrá certidumbre para la viabilidad de nuestro país, con la consecuencia de que en el entorno mundial se podrán justipreciar o despreciar otras reformas, pero de entrada nadie creerá en ellas si no hay el rigor suficiente para que México deje de ser un país manchado por la corrupción”.

“A nuestro juicio y para que se realice una indagatoria neutral y confiable contra el gobernador del estado, César Horacio Duarte Jáquez, y su posterior encausamiento y castigo penales, éste debe separarse de su cargo; ética y políticamente no hay posibilidad alguna de controvertir de manera plausible esta afirmación. Y en mérito a esto, alentamos la resistencia y la lucha cívica, que ya extendemos a todo el territorio chihuahuense”.

“Le compartimos nuestra opinión: El peso de un problema, como el que padece Chihuahua actualmente con la traición a las instituciones, se calcula en bruto. Significa esto que el peso institucional que usted representa está incluido, no nada más porque el gobierno de Chihuahua haya surgido del partido al que usted pertenece, sino, principalmente, porque nadie podrá creer que usted impulsa transformaciones en el tema que nos ocupa si en un estado de la República y nuestra frontera se blinda de impunidad a un alto funcionario como el gobernador sobre el que pesan gravísimos cargos, de los cuales lo puede imponer a usted el propio procurador general de la República”.

“Como le resultará fácil entender, nosotros queremos ver coronada por el triunfo nuestra causa, insistimos, apegada a la razón y al Derecho, pero sería doblemente lamentable que no lo obtuviéramos, convencidos de una evidencia sencilla: El patrocinio desde el gobierno federal a un gobernador por el sólo hecho de ser correligionario y, lo más tenebroso para la República entera, que sus reformas anticorrupción, por modestas que sean, empiecen dando un tumbo que le digan a toda la nación que contra la corrupción no se puede hacer nada en su gobierno”.

En todos los tonos, con los más disímbolos actores, el problema fundamental del país es la corrupción política; por eso debemos celebrar cuando voces, como la de Layda o los dirigentes de Unión Ciudadana en Chihuahua, se alzan para advertir, denunciar, exigir. Mantener el empeño, amplio, plural, redundará que en la elección del 2018, ese sea el tema nodal para impulsar el cambio de régimen. De eso no tengo duda.


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