Pese a la opinión generalizada, el PRI no es el partido con más multas en contra en 2015. Con 97 procesos de sanción abiertos por la autoridad electoral, este instituto político se ubica en el tercer lugar de esta categoría. No obstante, es la fuerza política a la que se la ha impuesto la multa más alta en la historia del sistema de partidos en México, derivado de la investigación que destapó el financiamiento ilegal que recibió la campaña presidencial tricolor en el año 2000, mejor conocido como Pemexgate. El año pasado, el Revolucionario Institucional estuvo a punto de llegar a los cien procesos en contra.
Multas variadas
Al igual que el PAN, el PRI fue castigado por la autoridad electoral a raíz de las omisiones que tuvo en la entrega de los informes y comprobantes de campaña, aunque también recibió sanciones por otros motivos.
De acuerdo al INE, en 2015 el tricolor recibió sanciones derivadas de la omisión de requisitos contemplados en el marco legal correspondiente, así como por quejas que en su contra presentaron ciudadanos.
A manera de ejemplo, el acuerdo del Consejo General del INE de fecha 25 de febrero de 2015, señala con relación a las sanciones a las que se hizo acreedor el tricolor que, “las irregularidades atribuibles al instituto político en comento, consistieron en la omisión de presentar diversa documentación, tal como, acuses de recibo, avalúos, estados de cuenta con conciliaciones bancarias, muestras, informes, contratos de prestaciones de servicios, recibos internos, cheques nominativos, correspondiente a pagos, facturas, lista de asistencia, escrito de acuse de recibo, relación de proveedores y prestadores de servicios, bitácora en la cual se detallara la utilización de vehículos, así como copia u original de laudos o convenios, celebrados ante diversas autoridades; de igual forma, se llevó a cabo de manera extemporánea la presentación de documentación o en su caso, esta no correspondía al ejercicio en análisis, el registro incorrecto de egresos, relaciones que carecían de firmas, o en su caso, cheques que carecían de la leyenda para abono en cuenta del beneficiario”.
Pero los anteriores no fueron los únicos motivos por los que dicho partido recibió multas. En enero de 2015, una ciudadana presentó una queja debido a que “se presentó en su domicilio una persona, con el propósito de entregarle una credencial como militante del PRI, sin que la hubiera solicitado, además de que le mostró un formato emitido por el CEN de dicho partido, en el que aparecían sus datos”, razón por la cual el INE impuso una multa en abril de año pasado por 220 días de salario mínimo general vigente, equivalente a 15 mil 422 pesos, además de ordenar la cancelación del registro de la afectada como militante de ese partido político.
Como se puede apreciar, la supervisión en la entrega de los requisitos que fija la legislación electoral, se ha convertido en una verdadera pesadilla para los distintos partidos pues la omisión en la entrega de los comprobantes o documentación relativa es la mayor causa de sanciones. Que continuamente incurran en este tipo de faltas, es explicable por la falta de personal o de capacitación para cumplir lo que un marco legal complejo exige, pero acerca de lo cual no se puede aducir que por esta razón no se puede cumplir.
Todo lo anterior representó para el tricolor una suma anualizada de 18 millones 745 mil 923 pesos con 66 centavos, en un contexto de problemas financieros para el partido, como ha transcendido en la prensa, que lo han obligado a no poder ayudar a algunos de sus candidatos, pues también arrastra adeudos de años anteriores.
Finalmente, en una parte del acuerdo del INE INE/CG76/2015, se señala que las multas impuestas se justifican “en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a pesar de ella conservó algún beneficio”.
La pregunta que surge a la luz de este razonamiento, y de las acciones reiteradas que ocasionan las sanciones, es ¿en realidad los partidos aprenderán la lección y corregirán sus fallas o, como parte de sus usos y costumbres, lo tratarán de resolver con el presupuesto que les otorga el INE?
Del tintero
En espacios de opinión y de trascendidos hay una coincidencia preocupante, la posible anulación de la elección de Tamaulipas por la intervención del crimen organizado. Además se prevén conflictos postelectorales en Zacatecas, Veracruz, Quintana Roo, entre otras entidades. Lo único seguro es que el actual proceso electoral será uno con bastantes problemas al terminar la visita a las urnas.
Twitter: @AReyesVigueras
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