Si hay corcholatas, es por que hay destapador, y si hay destapador, es por que hay tapados. Con algunas variantes, pero estamos ante el retorno de algo muy parecido a lo que eran el tapado y el dedazo.
Pero quizá aún peor, porque la figura del tapado no exhibía a terceros; si alguien tenía la aspiración de ser el tapado y al final la suerte no estaba de su lado, simplemente nadie se enteraba, o al menos no resultaba totalmente evidente. Ahora en cambio, la idea presidencial de las corcholatas, implica exhibir a las y los aspirantes, para simular que compiten, cuando en realidad todo el mundo sabe que el único y gran elector, “el destapador” de la candidatura de Morena, será el presidente de la República. En ese sentido, la idea de “corcholata” cobra el mayor de los sentidos: son figuras desechables.
Pero además de constituirse en una indigna y antidemocrática simulación, el proceso deviene claramente ilegal.
El arranque de la promoción de las corcholatas para granjearse el beneplácito presidencial (porque se necesitaría mucha ingenuidad para pensar que la decisión realmente se tomará en función de los resultados de las encuestas), realizado en Toluca el domingo pasado, implicó la violación flagrante de diversas leyes, e incluso de la Constitución.
Con el desparpajo que le caracteriza, Morena organizó un evento de presentación de las corcholatas (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López) en un mitin masivo en una plaza pública a la que acarrearon gente en un gran número de autobuses, y que estuvo plagada de propaganda en lonas y mantas con los nombres de la y los aspirantes, principalmente de Sheinbaum. Con todo esto, cometieron varias anomalías:
Primero, porque incurrieron en actos anticipados de campaña. El artículo 41 de la Constitución señala que la duración de las campañas presidenciales será de 90 días, y las respectivas precampañas no podrán durar más de 60 días adicionales, es decir, todo esto debería comenzar por allá de enero de 2024; y también señala que la violación de esto será castigado conforme a la ley. Así, la ley electoral contempla sanciones para el partido y para los aspirantes, que pueden ir desde la amonestación hasta -en caso de reiteración- la negativa a registrar esas candidaturas o incluso la pérdida del registro como partido político.
Si a alguien le queda duda de que lo ocurrido el domingo en Toluca es un acto anticipado de campaña, podría leer el numeral 2 del artículo 242 de la ley electoral que señala que “se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas”. Más claro ni el agua.
Segundo, porque al tratarse de tres altos servidores públicos, Adán Augusto López como Secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard como Secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al distraer sus tiempos en eventos electorales, distrajeron recursos públicos. Esto, no solo porque les acompaña personal de seguridad y de asistencia, sino por su propio sueldo.
Se dirá que era domingo, pero los criterios judiciales señalan que los altos funcionarios deben estar disponibles para la función pública en todo momento, nadie se puede quitar la cachucha de Gobernador por ejemplo solo porque es domingo o porque ya son las 6 de la tarde. Hay una excepción, para el caso de cargos de elección popular susceptibles de reelección (alcaldes y legisladores) se permite que hagan campaña sábados y domingos, pero esto no aplica para los titulares de los poderes ejecutivos estatales y federal, y sus gabinetes. Y,
Tercero, porque el financiamiento del evento, con el cual se pagó el transporte masivo de acarreados, la propaganda a favor de los aspirantes, el templete, el sonido, etc., etc., es sumamente opaco. Nadie sabe bien a bien quién pagó todo eso. Sheinbaum ha dicho que la gente se organiza para pagar su transporte, ajá. Pero aún suponiendo que así fuere, debe ser registrado como aportación en especie al partido y reportado al INE, so pena de ser considerado financiamiento ilegal.
En resumen, el proceso es antidemocrático (porque hay un destapador único), ilícito (porque viola la legislación electoral) e inhumano (porque pisotea la dignidad de los aspirantes). Todo peor que antes, y eso es ya mucho decir.
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