Cada seis años hay elecciones en México para presidente de la República. Y cada tres los llamados comicios intermedios, que en el ámbito federal sólo son para renovar la Cámara de Diputados. Ambas elecciones suelen ser simultáneas con otras de carácter local, bien sea sólo para elegir gobernador, ayuntamientos o diputados a las legislaturas estatales, o para dos o los tres tipos de cargo en la misma jornada.
Pues bien, el próximo domingo 7 de junio serán las elecciones federales llamadas intermedias. Simultáneas con éstas y ahora por vez primera bajo la batuta de una misma autoridad, la del Instituto Nacional Electoral se habrán de celebrar también elecciones para gobernador en nueve entidades. Por razones de orden demográfico, económico, complejidad política o de conflictividad social la importancia de éstas es muy desigual.
Sin embargo, por una u otra o varias de las razones apuntadas tienen singular relevancia, creo yo, cuatro: Sonora y Nuevo León por un lado, y por otro Guerrero y Michoacán. Pero particularmente este último estado, Michoacán, por ser el único que registra un claro y arraigado tripartidismo, diferente desde luego al que se perfila con el supuesto candidato “independiente” (ex-priista) en Nuevo León.
En el caso de Michoacán, imposible pasar por alto algunas notables coincidencias que se observan en los candidatos del PRI y del PRD a la gubernatura, en notorio contraste con la candidata de Acción Nacional, Luisa María Calderón.
Los dos primeros, por ejemplo, sistemáticamente se han negado a presentar sus tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. La Cocoa desde el principio las presentó. De igual manera el priista Ascension Orihuela y el perredista Silvano Aureoles no han aceptado someterse a un examen antidoping y la aspirante panista de inmediato se lo practicó e hizo público el resultado. ¿No son éstos datos suficientemente significativos como para ser tomados en cuenta no sólo por los votantes michoacanos sino aun por la opinión pública nacional?
Por supuesto que no son los únicos datos a considerar. Los anteriores gobernadores, tanto del PRI como del PRD por igual, dejaron quebrado al gobierno estatal y con una brutal deuda pública. Han sido exhibidos también, con pruebas y datos precisos que son del conocimiento público, al menos como sumisos o complacientes –si no es que cómplices– de la delincuencia organizada; con hijos o medios hermanos cuya vinculación con ésta no deja lugar a duda. Bueno, hasta un gobernador interino, priista, está en la cárcel por su activa participación con dicha delincuencia. ¿Qué todo esto no debe ser debidamente ponderado por el electorado? Por el bien de la democracia, del país y de Michoacán esperamos que sí.
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