La simulación de la revocación

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La decisión del consejo general del INE de posponer temporalmente la organización de la revocación de mandato en espera de que la Suprema Corte de Justicia resuelva la controversia constitucional que presentó ante la falta de recursos presupuestales, desató una feroz campaña de linchamiento desde el oficialismo -afortunadamente también suscitó una clara respuesta en su defensa-, lo que no es de extrañar pues desde el inicio de este gobierno los ataques con la intención de debilitar a la autoridad electoral no han cesado, y hay elementos suficientes para presumir que los recortes presupuestales de cada año responden a esa lógica. Sin embargo, es muy preocupante que en esta ocasión parecen dispuestos a rebasar cualquier límite para emprender abiertamente una persecución política, administrativa y penal contra las y los consejeros electorales que dieron su voto aprobatorio, como ya lo manifestó ni más ni menos que el presidente de la Cámara de Diputados quien supuestamente debería representar la unidad de la Cámara y no intereses particulares o de grupo.

En el mismo sentido, el presidente López Obrador, quien paradójicamente es el principal interesado en que se lleve a cabo este proceso de democracia participativa, acusó que la decisión del INE es una simulación al considerar que el tema presupuestal es sólo una excusa para obstaculizar la democracia, y también señaló que debe cumplir con el mandato constitucional aunque sea instalando menos casillas, o de lo contrario lo podría organizar el pueblo.

Al respecto, es necesario hacer algunas precisiones. En primer término, la responsabilidad de poner en riesgo la celebración de la revocación de mandato no ha sido del INE -que contrario a lo que se ha llegado a afirmar, no se ha cancelado y de hecho sigue con la revisión de las firmas que han entregado sus promotores-, sino de la Cámara de Diputados al negar los recursos necesarios para su organización, lo que desde luego no se trata de un asunto secundario y tampoco se resuelve con ahorros y la reducción de salarios.

Se ha tratado de explicar a detalle para quienes estén interesados en formarse una opinión objetiva a partir de datos duros, que tan sólo para la instalación de las 161,490 mesas receptoras se requieren mil 471 millones de pesos, otros mil 212 millones de pesos para contratar 32,451 personas capacitadoras y 5,450 supervisoras para visitar a 12 millones de personas sorteadas y capacitar a las 807,450 que fungirán como funcionarias de casilla. Además de recursos para operación de campo (573 millones), apoyos administrativos y rentas de plantas de emergencia (502.4 millones), o campañas de difusión (27.2 millones). Es decir, la necesidad presupuestal no es caprichosa, estamos ante un problema real que no debe subestimarse, aunque sí se ha usado como pretexto para atacar a la autoridad electoral, desacreditarla y promover la destitución de sus incómodos integrantes que no se pliegan a la voluntad presidencial.

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También es importante aclarar que la definición del número de casillas se encuentra establecida en la Ley Federal de Revocación de Mandato por lo que no puede modificarse discrecionalmente al igual que una serie de condiciones mínimas que deben cumplirse -además de que es imperante cuidar la certeza y calidad tanto de los procesos electorales como de democracia participativa y no permitir que se sienten precedentes riesgosos para 2024-,  y para que el proceso de revocación tenga validez debe ser organizado por el INE conforme lo dispone la misma Constitución. Por tanto, urge una salida institucional y eso es justo lo que responsablemente ha buscado el INE a través de la Suprema Corte de Justicia que esperemos resuelva cuanto antes.

Finalmente, si algo puede calificarse como una simulación, es la promoción desde el oficialismo de un ejercicio de democracia participativa que tiene por objeto la salida anticipada del presidente para convertirlo en un proceso de ratificación -figura inexistente en nuestro marco jurídico-, sobre todo cuando tiene niveles de aprobación superiores al 60% y una muy amplia mayoría -incluyendo a muchos de quienes están inconformes con su gestión- coincide en que López Obrador debe concluir con el periodo para el que fue electo dada la importancia de cuidar la estabilidad política del país y la institucionalidad. Como lo reconoció el canciller Marcelo Ebrard, lo que en realidad se pretende es confirmar la alta popularidad del presidente, que claramente es contrario a un ejercicio de revocación de mandato. Por todo ello #YoDefiendoAlINE


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