Se comentó en el artículo anterior que el Presidente Calderón enfrentó al narcotráfico y la delincuencia organizada, utilizando a las fuerzas armadas en las calles y caminos de México, con todos los riesgos que ello significaba ya que, una vez que las tropas salen de sus cuarteles, no siempre se pueden regresar a los mismos. La delincuencia llegó a constituir casi un estado dentro del Estado, pues ya controlaba territorios, poblaciones y contaba con armas y recursos suficientes para enfrentarse al gobierno y además, estaban infiltrados en las organizaciones policiacas estatales y municipales y hasta en las federales. Se me ha hecho la pregunta de “¿por qué no se obtuvieron los resultados esperados?”: Hubo dos razones fundamentales: 1. Creo que llegamos tarde para obtener resultados definitivos y 2. Lo más grave: nunca se tuvo el apoyo de los gobernadores y menos de los presidentes municipales de, prácticamente, todo el país. Los gobiernos estatales y municipales, así como sus policías, estaban infiltrados, sin organización, sin armas, sin capacitación y sin sentido del deber para el que estaban contratados.
El Presidente Peña Nieto tampoco ha tenido todo el apoyo que se requiere de las autoridades locales pero, además de que fracasó la “tercera vía” de armar y promover a los autodefensas, que después se convirtieron en parte del problema y no en su solución, minimizó la gravedad de la organización y capacidad de los delincuentes; disminuyó los sistemas de seguridad en los penales, lo que provocó la huida del Chapo Guzmán y los motines como el de Topo Chico en Nuevo León y dejó de combatir de frente a los grupos criminales que, el solo hecho de su fragmentación, era indicativo de su debilitamiento, además, se multiplicó y evidenció el contubernio entre delincuentes y autoridades locales que ha provocado casos lamentables como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y últimamente el de Tierra Blanca, Ver. con ejecuciones sumarias extrajudiciales, en las que ya no se sabe si fueron los policías o los delincuentes o ambos, los ejecutores.
El Presidente Peña Nieto ha utilizado el “sistema” de Decálogo para plantear sus políticas públicas. El 27 de agosto de 2013 presentó la “Política Nacional de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia” que incluía los siguientes 10 ejes: 1. Prevención del delito; 2. Justicia Penal eficaz; 3. Profesionalización de los cuerpos policiacos; 4. Transformación del sistema penitenciario; 5. Promoción de la participación ciudadana; 6. Cooperación internacional; 7. Información al ciudadano; 8. Coordinación entre autoridades; 9. Regionalización de la estrategia; y 10. Fortalecimiento de la inteligencia. Como pueden ver los lectores, parece un catálogo de lo que precisamente no se ha hecho y que ha empeorado en los últimos meses.
El 27 de noviembre de 2014, ante la crisis de la desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa, se presentó un segundo “Decálogo para la Seguridad y la Justicia” con propuestas de leyes sobre: el llamado mando único de policías; contra la infiltración del crimen organizado; sobre la cédula de identidad; la homologación de códigos penales y sobre la justicia cotidiana. Igualmente, poco se ha avanzado en más de un año.
Finalmente, el 1 de septiembre de 2015, el Presidente Peña Nieto habló de otro Decálogo para atender a “los grandes desafíos nacionales”, con la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción; la legislación referente al Sistema de Justicia Penal; las leyes relativas a la erradicación de la tortura y contra la desaparición forzada de personas y las reformas constitucionales, (otra más), para reforzar las instituciones de seguridad pública locales y establecer claramente las competencias en materia penal. Casi todo lo anterior está apenas en su proceso inicial.
Este estilo de “gobernar por decálogo” como lo llamó un articulista nacional, ha encontrado las mismas resistencias que tuvo el Presidente Calderón: poca colaboración de gobernadores y presidentes municipales y también poco interés de los órganos legislativos, federales y locales.
Mientras tanto, sólo un 42% de los mexicanos tiene algún grado de confianza en el Ministerio Público, según la Encuesta Nacional de Victimización, lo cual lleva a que los ciudadanos no denuncien todos los actos delictivos pues, durante los tres años de este sexenio, se han reducido las averiguaciones previas en más de 200 mil, respecto a las de 2012. Los homicidios dolosos, que llevaban una tendencia a disminuir, en 2015 se incrementaron 9% respecto a 2014, y eso que hablamos de averiguaciones previas, pues los ministerios públicos estatales, algunas veces catalogan como homicidio culposo, lo que es realmente homicidio doloso, que es más grave.
Como se puede apreciar, el problema de la seguridad pública, sigue siendo un asunto pendiente para este gobierno y los gobiernos estatales.
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