En México existen millones de personas que no pueden acceder a la educación superior, a pesar de ser un derecho constitucional y solo el 15 por ciento de la población cuenta con un titulo universitario, situación que se agrava para la población indígena, por ello es relevante el paso incluyente que se dio esta semana al derogarse la fracción 1 del artículo 26 de la ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que señalaba que para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se requiere contar con un título profesional.
El Conapred desarrolla acciones para proteger a todas, todos y todes de cualquier exclusión y discriminación y con esa fracción de alguna manera se estaba marginando y discriminando a las personas con discapacidad, indígenas, afromexicanos y a los integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
Debemos tener presente que la discriminación es un problema en el que intervienen distintos actores sociales que juegan un papel determinante en su ejecución. Si bien es cierto que puede afectar a cualquier persona, hay grupos o colectivos sociales que lo han sufrido históricamente a lo largo décadas de manera constante y sistemática, como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas.
Es importante recordar que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, se estima que la población indígena, de 12 y más años; de 10 millones de personas, el 49.3 por ciento perciben que sus derechos son poco o nada respetados, en tanto que la falta de empleo; un 20.9 por ciento.
Las principales problemáticas que enfrenta este grupo poblacional, de acuerdo con la encuesta, son: la falta de empleo, 20.9 por ciento, la falta de recursos económicos 16.1 por ciento; la falta de apoyo del gobierno en programas sociales, 15.8 por ciento y la discriminación por su apariencia o lengua, el 14.6 por ciento.
En 2017, 24 por ciento de la población indígena, de dos millones 400 personas, declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años; el 29.2 por ciento, señaló al menos un incidente de negación de derechos en ese mismo periodo. Destacando como los de mayor ocurrencia la negación de atención médica o entrega de medicamentos, acceso a recibir apoyos de programas sociales, negación de atención o servicio en oficinas de gobierno y la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso.
No debemos olvidar que el Conapred tiene su origen en la lucha histórica de sectores de la sociedad que han buscado un espacio de justicia y liberación.
Desde 2003 es piedra angular en el cumplimiento de ordenamientos internacionales y salvaguarda de los derechos humanos por ello es importante que garantice que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a sus derechos y sea más incluyente.
Es innegable que personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, así como las personas con algún tipo de discapacidad, aún no tienen garantizada su participación plena en la vida pública del país y muchos integrantes de la población indígena no han podido acceder a estudios universitarios. Por ello, la lucha contra la discriminación étnica es una necesidad imperiosa de la comunidad internacional, una obligación del estado mexicano, y un reto cultural que nuestra sociedad debe afrontar a fondo, para lograr ser una democracia más justa, más igualitaria.
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