La disciplina era el sustento de la credibilidad de la economía mexicana en la época de la primera alternancia.
La crisis de 1994, la quiebra del sistema bancario y los saldos del Fobaproa, en el contexto de un mayor protagonismo del Congreso de la Unión como resultado de que el PRI perdiera, desde 1997, la mayoría de la Cámara de Diputados y, después, la Presidencia de la República, produjo que la responsabilidad hacendaria fuese progresivamente un objetivo explícito de la política.
Se aprobaron reformas para fortalecer la autonomía del Banco de México, regulaciones estrictas al sistema financiero, instituciones para vigilar los ingresos, gastos y políticas del sector público, como la Auditoría Superior de la Federación o el Coneval.
Con el PRI en la oposición, se emitieron leyes que normaban la programación y presupuestación del gasto, su composición, control y evaluación. Una ley en particular fijó el objetivo del equilibrio presupuestario y los principios de responsabilidad hacendaria. El gobierno federal no sólo quedaba obligado a gastar mejor, sino a gastar únicamente lo que tenía. Esa ley previó reglas para distribuir ingresos excedentes, pero también para ajustar el gasto cuando disminuyeran los ingresos totales del gobierno federal, particularmente los ingresos asociados a una menor recaudación o los ingresos petroleros.
Bajo este modelo (legal) de política hacendaria, el recurso a la deuda era excepcional: sólo circunstancialmente, “debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país”, se podrá prever déficit presupuestario, siempre y cuando se defina el monto y fuente del financiamiento necesario para cubrirlo, así como el número de ejercicios y acciones requeridas para que “dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario”. Durante un ejercicio fiscal, dice aún esa misma ley, la pérdida de ingresos se compensa con reducciones al gasto. Una norma fija la prelación de los recortes: primero el gasto en comunicación social, luego el gasto administrativo, los servicios personales y el gasto que al momento de la contingencia no se hubiese ejercido. Mandatos legales, pues, para meter en cintura al gobierno.
Esos imperativos legales fueron escrupulosamente observados por las administraciones panistas. Por una obligación legal sí, pero también como una señal de que México gestionaba su economía con seriedad. En 2009, cuando la mayor crisis económica conocida desde los años treinta del siglo XX puso en aprietos a las economías más desarrolladas y causó una contracción del PIB mexicano en torno a 6.9% hacia el primer semestre, el gobierno panista recortó en 65 mil millones su gasto. Propuso una reforma fiscal para corregir un evidente desequilibrio en las finanzas públicas generada por la caída estrepitosa de los ingresos tributarios y no tributarios. En pleno año electoral, a pesar de los sugerentes incentivos que un gobierno y su partido pueden tener a “mandar al diablo” los principios de responsabilidad para no perder la elección en curso, el gobierno del PAN no pidió más deuda. No la pidió para ejercicios posteriores, y mucho menos para cerrar el ejercicio en curso. Se disciplinó a la ley y a la ética económica para no prorrogar los costos de malas decisiones a futuras generaciones.
La disciplina hacendaria, como convicción y obligación, ha llegado a su fin con los priistas y sus aliados perredistas. El Congreso de la Unión, con el tajante voto en contra del PAN, ha echado por la borda una década de buen comportamiento económico. No sólo ha aprobado el aumento de la deuda para el ejercicio fiscal de 2014 en torno a 4% del PIB, más de 585 mil millones de pesos, sino que ha autorizado modificar el techo de endeudamiento para el ejercicio de 2013. En mejores términos: una mayoría de legisladores del PRI y el PRD, a 60 días de concluir el año fiscal, le han dado cerca de 60 mil millones de pesos al gobierno para que le salgan las cuentas, para ejercer el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para 2013, para no tener que recortar gasto que no han podido aplicar en 11 meses de administración. Y lo peor: la autorización a mayor endeudamiento se ha hecho en franca y flagrante violación a la ley: sin dejar claro cómo y cuándo se pagará esa deuda, ni definir en qué serán usados esos recursos adicionales.
Dice la ley vigente que los ingresos excedentes en un ejercicio “deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones”. En cristiano: más dinero a distribuir entre las entidades federativas. De eso se trata la modificación al techo de deuda para 2013: más deuda para los caprichos y las excentricidades de los gobiernos locales y para “facilitar” el aval legislativo de una reforma fiscal técnicamente insostenible y económicamente incomprensible. Más dinero sin controles a las deudas locales, sin instituciones para combatir la corrupción y sin trasparencia. Más dinero para gasto corriente y generosidades caribeñas. Más sacrificios en el futuro para los mismos mexicanos de siempre: los que disciplinadamente se levantan temprano todos los días
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