Sí, la culpa de los enredos del GIEI es del gobierno.
El caso Ayotzinapa ha generado acciones sin precedentes por parte de autoridades, población, CNDH y expertos extranjeros.
Nunca el asesinato o desaparición de una o más personas ha implicado esfuerzo humano y gasto económico como los provocados por el crimen contra los normalistas: miles de ciudadanos, agentes y funcionarios de todos los niveles involucrados por tiempo indefinido, y empeñados en hallar a los estudiantes.
No hay otro expediente penal que acumule ese número y diversidad de acciones, diligencias, objetos, cateos, testimonios, declaraciones, confesiones, grabaciones telefónicas, peritajes, búsquedas en pueblos, montañas y valles, aprehensiones y procesos judiciales. Tampoco, alguno en que el gobierno solicitara auxilio de tantas instituciones nacionales y extranjeras para hallar víctimas y castigar criminales (hay 2 cuerpos identificados, 130 presos y órdenes de captura de más sicarios). Intervinieron peritos de instituciones, países y disciplinas diferentes. Los de Innsbruck —el laboratorio más prestigiado del mundo— identificaron ya los restos de dos estudiantes e investigan con rigor científico otros fragmentos óseos.
Y a pesar de que ello es del dominio público y debiera bastar para reconocer los avances hasta hoy alcanzados, resulta que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, actuando como activistas y abanderados del pensar, sentir y querer de los padres de los desaparecidos —y de quienes explotan su dolor— dicen que la PGR todo lo ha hecho mal, y que ello les impidió hallar a los normalistas. Al terminar su encomienda fueron aclamados por sus representados y sus cuerpos tapizados con flores. Al padre Solalinde, conocido activista antigubernamental, ya lo habían expulsado de ahí —al grito de “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”— por decir que tiene pruebas de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula. Se entiende, pues, que el grupo negara la quema de al menos 17 cuerpos en ese lugar, como lo sostiene el tercer peritaje, no obstante que fue emitido por expertos elegidos por el mismo GIEI y la PGR.
En resumen, para lo que a la verdad interesa, son insuficientes los buenos sentimientos y trayectorias humanitarias de los integrantes del GIEI, pues se dejaron “TOCAR” —como afirmaron— por el dolor de las víctimas sobrevivientes, impidiendo que hablaran únicamente la ciencia y la técnica que dicen poseer.
Así las cosas, si la PGR —en tiempo de Murillo Karam— dejó la investigación inicial en manos de la fiscalía de Guerrero, siendo evidente el control del crimen organizado en la zona y su infiltración en las policías municipales, su irresponsabilidad es imperdonable. Y si además el gobierno fue ingenuo al contratar activistas, cuyo pasado los llevaría indefectiblemente a tripular la causa social, su culpa es axiomática.
Mientras se acredite si hubo o no torturas, el GIEI dirá: “Si ya sabían cómo somos, ¿para qué nos contrataron?”.
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