Un síndrome de nuestra política es la negación de la realidad. La autocrítica como símbolo de debilidad. Pocos gobiernos —y políticos— reconocen sus errores. Pocos o ninguno se definen en el juicio sobre sí mismos. Cuando la realidad se impone, cuando los hechos desdicen las promesas, siempre existe el recurso a la excusa del entorno exterior, al cálculo estratégico que se anticipa al futuro, a la previsión táctica de los terribles males que se evitan con el “ligero ajuste” a una u otra política o decisión. Y es que la autocrítica supone reconocer que los otros, los diferentes, los críticos, los adversarios, pudieron haber tenido razón en señalar la omisión o plantear la alternativa. La omnisciencia —o esa sutil arrogancia de poseer el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, desde sus causas hasta sus desenlaces— es el distintivo actual de nuestra forma de hacer política.
El gobierno federal perdió una oportunidad de oro para hacerse del control de la agenda en materia económica. Por arrogancia perdieron la oportunidad de abrir la discusión sobre la estructura de nuestra fiscalidad y provocar decisiones que nos liberen de nuestras ataduras. Perdieron la oportunidad de explicar que el financiamiento de nuestro desarrollo no podrá depender más de la renta petrolera. Los precios bajos del petróleo, nuestro principal motor fiscal por décadas, llegaron para quedarse. Difícilmente volveremos a tocar el paraíso de los precios en tres dígitos: Estados Unidos ha cambiado su política energética, ha abandonado las restricciones a las exportaciones basadas en lógicas de autosuficiencia y, en consecuencia, impulsa la oferta en el mercado mundial; se ha ralentizado el crecimiento en las economías del sudeste asiático, por lo que la demanda de energéticos se ha ido contrayendo en los últimos años; nuevos productores, como Irán, Libia Nigeria y Egipto, hacen prácticamente imposible el antiguo control oligopólico de la OPEP sobre la oferta; el precio de las energías alternativas muestra una tendencia constante y sistemática a la baja, de modo que ya son sustitutos económicamente eficientes a los combustibles fósiles.
El gobierno del presidente Peña perdió, también, la coyuntura para llamar a un nuevo pacto fiscal. Eso implicaba, inevitablemente, aceptar que se equivocaron con la Reforma Fiscal que aprobaron con el PRD y que el PAN tenía razón en sus objeciones. Esa reforma no nos emancipó de los ingresos petroleros, no corrigió la desigualdad tributaria que padece nuestro país y que provoca que el esfuerzo de pocos sostenga el gasto de todos, no incentivó el arribo a la formalidad ni hizo más eficiente el ejercicio del gasto. La recaudación no ha aumentado, el sistema fiscal es inútil para cerrar la brecha de la desigualdad y es ineficiente como detonante del crecimiento. La deuda fue la palanca que el gobierno priista utilizó para financiar los primeros años del sexenio, porque también se equivocaron en las previsiones sobre el desempeño de la economía mundial, porque ingenuamente pensaron que las reformas por sí mismas y en automático nos proveerían de recursos para mantener la expansión del gasto, y porque estaban acostumbrados a gobernar en el derroche. Desaprovecharon, pues, el momento para asirse de la pedagogía de la estabilidad y liberarse de la presión que los tienta a la irresponsabilidad.
Su solución fue cortar, sin criterios objetivos y evaluables, el gasto público. Redujeron aquí y allá. Montos agregados que no permiten descifrar en qué nos afectará y en qué se traducirá. Por la fuerza de la terca realidad, tuvieron que reconocer que su política ferroviaria era un sinsentido, tal y como se los habían anticipado el sector empresarial y el PAN. Los trenes rápidos eran elefantes blancos que en largo plazo nos exigirían subsidios —gasto corriente— para mantenerlos encendidos.
Los ajustes al gasto son la prueba del fracaso de un gobierno. No sólo por lo errores cometidos, sino por el costo de la oportunidad de no convertir la crisis en el revulsivo para acometer los cambios que este país no ha podido hacer en el terreno de la fiscalidad y del gasto. Se quedaron con el discurso de que el país está bien y que la contracción en 124 mil millones de pesos en el gasto es un antídoto para evitar que nuestra economía se colapse. Los dobló la arrogancia del disfraz de la eficacia.
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