Sé que en el marco de la discusión de las leyes anticorrupción, el título de esta columna podría hacerme merecedora a un linchamiento, porque decir que el único tema posicionado en la opinión pública sobre las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que están en espera de ser aprobadas en el Congreso es lo de menos, sin duda es provocador. Esta columna tiene dos propósitos: el dar contexto a la propuesta de hacer obligatoria la publicidad de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, y esclarecer quién propone qué en esta materia, así como invitar a que se empiece a hablar del Sistema en su conjunto y de los mínimos que debiera contener cada una de sus siete leyes para que éste funcione bien.
La iniciativa 3de3 surgió en febrero de 2015 cuando cuatro legisladores: Zoe Robledo, Fernando Belaunzarán, Fernando Rodríguez Doval y yo, en conjunto con el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, pusimos a disposición del público el contenido de nuestras declaraciones patrimoniales, declaramos nuestros intereses y demostramos nuestro pago de impuestos. A poco más de un año de distancia, 543 funcionarios más se han sumado a esta iniciativa.
Ésta se convirtió en una bandera de reconstrucción de confianza ciudadana, más aún, en un imperativo ético para los servidores públicos, y en el contexto de las elecciones federales y locales del año pasado, con el impulso de los medios de comunicación, hacer la 3de3 se volvió prácticamente un requisito para los candidatos. De cara a las elecciones del 5 de junio próximo, 184 candidatos ya la han hecho. Tal nivel de conocimiento y respaldo alcanzó lo que fue el motor y nombre de la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, apoyada por más de 600 mil ciudadanos que, junto con las otras iniciativas presentadas por PAN, PRD y PRI-PVEM, está en el cauce del proceso legislativo.
La obligatoriedad de la publicidad de las declaraciones ha sido hasta el momento el tema más polémico. Como escribió hace un par de semanas el doctor Mauricio Merino, se ha generado demasiado ruido, y agregaría yo, mucha confusión al respecto de las distintas propuestas, así que aclaremos.
La iniciativa del PAN propone retomar en sus términos el formato utilizado por la iniciativa 3de3 que publica la declaración patrimonial en su totalidad con excepción de los datos personales sensibles. El PRD, originalmente, propuso que la publicidad de las declaraciones dependiera de la voluntad del servidor público y en un documento conjunto posterior acompañó la propuesta panista. La iniciativa del PRI-PVEM propone que haya versiones públicas de las declaraciones, sin especificar qué información deberían contener dichas versiones públicas. La propuesta de la iniciativa ciudadana es igual a la anterior. La última redacción elaborada conjuntamente por el PRI-PVEM y organizaciones de la sociedad civil establece la información que deberán contener las versiones públicas como listados de propiedades y cuentas bancarias, pero la publicidad de los montos de éstas quedaría a voluntad del servidor público.
Como se puede ver, la propuesta más ambiciosa es la del PAN y, aunque dada la negociación, seguramente, no quedará en sus términos, mi posición es que debemos intentar ganar para los ciudadanos la mayor información posible, especialmente la de los montos que es la clave para que la gente sepa si lo que tiene un funcionario corresponde a sus ingresos reportados.
Dicho esto, hago una invitación a que pasemos de la discusión monotemática de la 3de3 que por muy importante que sea, es sólo un tema de la segunda de siete leyes, y empecemos a hablar ya del Sistema Nacional Anticorrupción que queremos, sobre el cual hay más de 30 temas pendientes de ser resueltos.
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