Durante los últimos años la corrupción ha sido uno de los temas que ha ocupado un lugar preponderante en la agenda de nuestra región. La destitución del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina; la investigación iniciada en contra de la expresidenta argentina Cristina Kirchner; la actual indagatoria al presidente Mauricio Macri a raíz de Panama Papers; el escándalo en Bolivia por la asignación de contratos a una empresa vinculada con una expareja sentimental del presidente Evo Morales; los señalamientos de conflicto de interés al presidente Enrique Peña Nieto por haber sido beneficiado por una empresa contratista del gobierno y la destitución de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, son los casos que de manera más significativa demuestran que el fenómeno de la corrupción es un cáncer del que ningún país o institución pública se ha salvado.
Allende nuestra región, hechos de corrupción hay en todos lados. El sector privado no se salva, tampoco los organismos internacionales como la ONU, y hasta organizaciones deportivas como la FIFA han sido afectadas. Por eso es que el fenómeno ya empieza a ser considerado una pandemia, un fenómeno global que merece una solución global y coordinada entre los miembros de la comunidad internacional.
Ése fue el espíritu que animó la convocatoria de la cumbre de alto nivel sobre anticorrupción convocada por el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en la que participaron más de 40 países y que tuvo como objetivo comprometerse a actuar para lograr tres objetivos: exponer la corrupción, prevenirla, combatirla y castigarla, y lograr desterrarla permanentemente de nuestras sociedades e instituciones.
Un nuevo enfoque expuesto en la cumbre fue el de considerar este fenómeno como un auténtico enemigo que amenaza a los Estados tanto como el extremismo violento. Visibilizar la corrupción como el combustible de las más peligrosas organizaciones criminales de trata de personas; depredadores del medio ambiente; narcotraficantes; criminales de cuello blanco y terroristas; además de seguir insistiendo en el enorme obstáculo que para el desarrollo representa, puede ser el motor de un movimiento global que a partir de esta cumbre adquiera dimensiones similares a las del activismo en torno al cambio climático, por ejemplo.
Asimismo, el FMI presentó el informe Corrupción: costos y estrategias de mitigación en el que señala que la corrupción representa una urgencia global no sólo por los casi dos trillones de dólares que el mundo malgasta en sobornos, sino porque en el contexto de pobre crecimiento de la economía, la corrupción hace aún más difícil su activación.
En este contexto resulta aun más relevante la aprobación en México de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyas iniciativas, especialmente las presentadas por el PAN, contemplan varios de los compromisos asumidos por la cumbre tales como: hacer las contrataciones públicas justas, transparentes y bajo mecanismos de rendición de cuentas; fortalecer las capacidades de las instituciones de auditoría; generar mecanismos que fomenten la denuncia de la corrupción; publicar listas negras de contratistas y funcionarios corruptos; eficientar la recuperación de activos e instrumentar mecanismos que implanten una cultura de integridad, tanto en el servicio público como en el sector privado. La materialización del SNA, cuyo diseño institucional es único en el mundo, aunado a la puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia, puede colocar a México a la vanguardia de la lucha contra la corrupción en el espacio internacional, de nosotros depende transformar una de nuestras más grandes debilidades en una fortaleza, tanto de nuestra política interna como de la política exterior.
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