Jugar con fuego

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La ley es la alternativa civilizatoria a la fuerza. El Estado tiene que garantizar su cumplimiento y sancionar a quienes la ignoren o violen. Por lo mismo, el gobierno, parte ejecutiva de la estructura estatal, debe poner el ejemplo, actuando sin rebasar los márgenes de sus facultades explícitamente establecidas, y promover una convivencia social armoniosa, haciendo valer las normas sin distingos y generando confianza de que las controversias se resolverán mediante el derecho y no en función de intereses económicos, familiares o ideológicos; todo lo contrario a lo que hoy sucede en México.

Ya los habíamos visto violar la Constitución con desvergüenza, pero ahora hasta se jactan de hacerlo y lo celebran como si se tratara de un acto épico de liberación. Así lo dijo con espeluznante arrogancia el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. La mayoría en el Congreso que tiene por responsabilidad legislar nos comunica que no sólo pueden violar la ley suprema a sabiendas, sino que lo hacen respondiendo al imperativo moral de la justicia.

¿Y quién determina lo que es justo? El mismo que les ordenó extender el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el de sus consejeros afines en este último, mediante transitorio de ley secundaria incluido con el desaseo propio del madruguete. La voluntad presidencial se ha arrogado la facultad de pasar sobre la Constitución.

No sólo eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el objetivo de tal extensión inconstitucional es que su transformación no se malogre por culpa de los “conservadores” que la resisten. Descalifica así a los ministros de la Corte que pudieran aspirar a suceder a Zaldívar, vinculándolos con la oposición. Esa paranoia maniquea es falsaria, pero al margen de ello, es muy grave que el mandatario decida que la ley no debe amparar a los opositores y que su cumplimiento está subordinando a los intereses políticos de su facción.

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Ahí está la explicación de por qué el Presidente se negó a suspender las mañaneras, doblando al tribunal electoral, e insiste en hacer campaña, ignorando los tímidos lineamientos que le dieron para que pudiera realizarlas. También del por qué acosa al Instituto Nacional Electoral, socavando su autoridad. Si su proyecto necesita mantener la mayoría parlamentaria, está dispuesto a todo para lograrlo y, si fracasa en el intento, todavía le queda desconocer los resultados. Por eso imita a Donald Trump, anticipando fraude a favor de la oposición sin aportar pruebas.

Un gobierno que se asume instrumento exclusivo de una parte de la sociedad para prevalecer sobre el resto y que está dispuesto a violar la ley y doblegar instituciones para lograrlo, es una preocupante fuente de inestabilidad, pues conculca el uso del derecho para que puedan defenderse eficazmente quienes considera sus adversarios. Actúan como revolucionarios que asumieron el poder por la fuerza y no como una opción partidista que ganó democráticamente la presidencia de manera temporal. Quizá a eso responda el creciente militarismo y la medida policiaca de obligar la entrega de datos biométricos para usar un teléfono celular.

Si la Constitución y las leyes no van a regir la convivencia de una sociedad plural, entonces será la fuerza tras la fachada de una república simulada.

Sin embargo, el descontento va a encontrar sus cauces para manifestarse y la abierta intromisión del Ejecutivo en las elecciones a favor de su partido atizará enconos y generará agravios, lesionando su capacidad de interlocución y arbitraje.

La pretendida justicia que procura al régimen es la que permitió a Manuela del Carmen Obrador, prima del Presidente, ser candidata usurpando la acción afirmativa de los indígenas y dejando fuera a alguien que sí representaría a los pueblos originarios.

Es penoso que a estas alturas no se haya entendido que sin apego a la legalidad no hay justicia posible. Cuando el poder violenta la Constitución, así lo haga aduciendo las causas más nobles, actúa con arbitrariedad y autoritarismo. La sociedad no se cruzará de brazos mientras restauran la Presidencia Imperial.


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