Ver desfilar por las calles y avenidas de la Ciudad de México a hombres y mujeres en edad avanzada, en delicadas condiciones de salud, exigiendo respeto a su derecho a una pensión ganada honradamente en décadas de trabajo, es una muestra de dignidad pero también motivo de obligada reflexión para quienes desde el poder instrumentaron este despojo a una de las fibras más sensibles de la seguridad social, trastocada por un mal fundamentado sentido de austeridad, donde los privilegios de unos cuantos se tomaron como excusa para aplicar un injusto rasero a quienes entregaron toda una vida para engrandecer a empresas públicas que contribuyeron al desarrollo económico y social del país.
El pasado 25 de mayo, miles de pensionadas y pensionados de entidades públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la ilegalmente extinta por órdenes del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, Luz y Fuerza del Centro, además de organismos de la banca de desarrollo como Banobras, marcharon del Senado de la República y otros puntos, hacia el Zócalo capitalino, entregando en su periplo oficios en la Cámara Alta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Gobernación, pidiendo dar marcha atrás a la reforma al artículo 127 constitucional y anular la retroactividad de la ley, en materia de pensiones.
El movimiento de inconformidad de las y los pensionados está teniendo una natural resonancia en todo el territorio nacional y prueba de ello fue que con una increíble fuerza de voluntad, gente de avanzada edad se trasladó de los diversos puntos del país para sumarse a la marcha de protesta que, en muchos casos, su exigencia se convierte en un cuestión de vida y muerte porque muchos de los inconformes deben pagar costos tratamientos médicos por ubicarse en los linderos de enfermedades crónicas o terminales.
Hace años, multitudes de trabajadores en retiro, ancianos en su inmensa mayoría, salieron a las calles de Chile a exigir un cambio en el modelo de los sistemas de ahorro individuales instaurado por la fuerza de la represión militar durante la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó a las puertas de la miseria a jubiladas y jubilados, condenados a recibir raquíticas pensiones que los condenó a vivir una vejez a las puertas de la pobreza extrema
Nadie hubiera apostado, hace años, que esas escenas desgarradoras podrían darse en México, pero ahora estos miles de ancianas y ancianos están dispuestos a hacerse escuchar y no bajar la guardia, porque saben que a su avanzada edad lo único que exigen es una pensión digna como pago a los años entregados al servicio público.
En las redes sociales y diversos medios, han salido a la luz los testimonios de entrega y trabajo de muchos de estos miles de ex trabajadores y trabajadoras que han explicado a detalle, la forma en que se ganaron el derecho a una pensión digna.
No se trata de los abusos de los Elías Ayub, de los Gutiérrez Vera y otros ex funcionarios más que con solo unos años de trabajo como directivos o funcionarios impuestos en el cargo por los presidentes en turno, abusaron de los vacíos jurídicos de la administración pública, para autoasignarse pensiones millonarias.
El caso de quienes ahora salen a protestar a las calles exigiendo rectificar a legisladores y ministros, es diametralmente opuesto, porque sobre sus espaldas recayeron las verdaderas responsabilidades de mantener de pie y funcionando a las entidades públicas. No parece justo, bajo ningún argumento, que en el caso de los ex trabajadores de Luz y Fuerza, no solo se les redujeron sus ingresos, sino además hasta se les retiró la prestación del servicio de energía eléctrica. Las autoridades deben asumir el compromiso de analizar el atropello cometido a uno de los fundamentos de la seguridad social, porque a pesar de su avanzada edad, los afectados ya demostraron que seguirán en la lucha por la defensa de sus derechos y, con justa razón, se dicen dispuestos a morir luchando.
