¿Y después de las reformas? Una visión desde fuera

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Durante los dos primeros años de la presente legislatura los senadores y diputados creamos un marco de cooperación para aprobar una serie de reformas históricas con el objetivo de emprender un nuevo futuro de desarrollo para México. El panorama parecía promisorio, sin embargo, las ilusiones se diluyeron rápidamente. Hoy, el país enfrenta dos grandes fuerzas, una interna y otra externa, que pueden hacer fracasar la puesta en marcha de las reformas.

Por un lado, en el frente interno, la debilidad del mercado interno se agudiza; el error de la Reforma Fiscal del PRI-PRD ha hecho que el poder adquisitivo de las familias se vea seriamente afectado y con ello sufra el conjunto de la economía. Sumado a ello, el grave problema de la inseguridad volvió a mostrar no sólo la vulnerabilidad de las fuerzas policiacas, sino la impunidad que provoca la corrupción del sistema político.

En el frente externo, la caída del precio del petróleo, el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, los nuevos conflictos regionales y la desaceleración de varios países ponen en riesgo la lenta recuperación de la economía nacional.

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Para resolver estos dos frentes y poder implementar con éxito las reformas, vale la pena dar una lectura a los informes que han presentado en estos últimos días tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el Banco Mundial.

La OCDE, en su Estudio Económico de México 2015, advierte: “Si México desea aprovechar al máximo este impresionante paquete (de reformas) deberá fortalecer su capacidad institucional y de gobernanza para asegurar que el mismo sea implementado de manera efectiva”. Y más adelante señala: “La percepción generalizada de corrupción, la gobernanza administrativa endeble y una insuficiente aplicación de las leyes constituyen problemas serios que desalientan la inversión y promueven la informalidad. El sistema de justicia, deficiente y lento, no contribuye a abordar de manera adecuada los problemas de seguridad que el país afronta”.

La recomendación es clara: no basta que el Poder Legislativo haga su tarea, se requiere que el gobierno de la República ayude a establecer un marco de certidumbre que no se puede generar con una lluvia de spots televisivos, sino con el imperio del Estado de derecho. El problema es que el Poder Ejecutivo ha sido el primer infractor de la ley y el Poder Judicial el gran ausente. Sumado a ello, los grupos que quieren frenar las reformas se han fortalecido ante la debilidad y la pérdida de credibilidad del gobierno. El arte de negociar se ha convertido más bien en el acto de claudicar; como ejemplos, el millonario regalo al Sindicato Mexicano de Electricistas y la complacencia ante la violencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El tiempo se agota dado el escenario de turbulencia internacional. El gobierno requerirá compensar la caída de los recursos petroleros que sostienen actualmente una tercera parte del presupuesto federal. Ello no lo debe hacer a través de un mayor endeudamiento o de una nueva oleada de impuestos, sino siguiendo dos estrategias. Por un lado, captando importantes inversiones como producto
de una implementación transparente e incluyente de las reformas.
Y, por otro, reduciendo el gasto superfluo y mejorando la capacidad de gestión administrativa de las dependencias gubernamentales.

Por ello, como señala el último reporte de las Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial: “Tanto los países de ingreso alto como aquellos en desarrollo deben emprender reformas estructurales integrales, entre otras en el mejoramiento de las instituciones y la infraestructura pública, para fomentar el crecimiento y la creación de empleos. Esto ayudará a elevar el crecimiento a las tasas requeridas para alcanzar las metas de reducción de la pobreza fijadas para 2030”.  Aunado a esto, “También se puede considerar la adopción de estímulos fiscales en el caso de que ocurra una fase de desaceleración aguda”.  Es decir, es necesario debatir sobre una política anticíclica que busque apoyar a las familias y al empresariado para activar el menguado mercado interno.

No hay otro camino: es la hora de aplicar las reformas a través de un marco de certidumbre económica, de responsabilidad política y de Estado de derecho. De no hacerlo, se nos habrá escapado la mayor oportunidad en la historia reciente para aspirar a ser un país de pleno desarrollo.


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