Han sido ocho duras semanas para México, los mexicanos y sus autoridades. Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el país que otrora contara con un gran pronóstico de crecimiento y buenaventura, hoy se encuentra enrarecido ante los hechos ocurridos.
La sociedad está desencantada y se siente desprotegida porque, hasta ahora, el Estado de derecho es rehén de la impunidad y la corrupción. Nuestro sistema judicial ha demostrado su ineficiencia y es momento de que el gobierno de la República analice urgentemente una reforma integral para recuperar lo que, hoy pareciera, está cooptado por el gusto de unos cuantos.
Al respecto, la semana pasada el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les pedía a jueces y magistrados ser entes de la aplicación de una justicia expedita y transparente. Una justicia que en estos momentos le vendría muy bien a nuestro país, pero que en la realidad es difícil de alcanzar debido al mecanismo rezagado e ineficaz de nuestro sistema judicial.
Y es que existen datos que pueden poner en jaque a nuestro sistema de impartición de justicia: sólo 9.9% de los delitos son denunciados en México, mientras que 31.4% de los mexicanos creen que denunciar es una pérdida de tiempo y que 65% de nuestros jueces son posibles de corromper. Esa sólo es la percepción que se tiene de un sistema en el que un proceso penal dura en promedio 543 días y que mantiene a casi la mitad de los presos sin una sentencia, mientras que otros delincuentes entran y salen como si fuera su casa.
En ese mismo marco, Ayotzinapa ha evidenciado una parte de la impunidad que impera en distintos niveles de justicia y de gobierno, los cuales requieren de una urgente reestructuración cuyo objetivo sea otorgar a los mexicanos estabilidad y certeza en el cumplimiento de la ley.
Guerrero es sólo un ejemplo público de lo que también pasa en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Michoacán y otros estados más que se enfrentan a una justicia amañada que avala más a la delincuencia y al crimen organizado que a los propios ciudadanos. Estados en donde el cobro de uso de suelo y cuotas, las extorsiones, los secuestros y el robo son actividades diarias que quedan impunes por el temor a denunciar ante autoridades que pudieran ser cómplices.
Así, hoy México requiere un cambio de dirección sin perder su brújula de crecimiento, competitividad y modernización; requiere un cambio de visión sin perder sus objetivos sociales y políticos; requiere nuevos consensos que le den certidumbre y futuro al país.
A unos días de que se cumplan dos años de esta administración, se vuelve urgente que se establezcan las tareas necesarias que, lejos de protagonismos políticos, coadyuven en la construcción de un Estado fuerte y justo, pues de no enfocarnos en un cambio y reestructuración en donde se involucre el gobierno federal, los gobernadores asuman su responsabilidad y la ciudadanía se muestre dispuesta a participar, el clima de violencia puede consolidarse y poner en riesgo las instituciones democráticas por las que muchos mexicanos han trabajado con ahínco.
Sin un trabajo adecuado México podría no cumplir con las expectativas planteadas por organismos como la OCDE o el Banco Mundial al haber aprobado las reformas necesarias para el desarrollo del país. Si nos quedamos viendo cómo el país no escucha los reclamos y se detiene en las indecisiones, la imagen que se ha generado durante los últimos dos meses de México podría consolidarse.
No se puede seguir vendiendo un país a partir de sólo una idea o un futuro incierto, es preciso que, mediante las medidas y acciones necesarias, se alcancen realidades concretas que reposicionen nuestro país ante el mundo. El gobierno aún es joven, apenas arranca su tercer año y puede plantear una estrategia clara que le dé viabilidad a un nuevo sistema de justicia más eficiente y transparente.
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