En los inicios del porfiriato se dio un debate entre José María Vigil y Justo Sierra.
¿Cómo saber si la Constitución vigente ya no sirve si nunca se ha aplicado en forma estricta, universal y sin excepciones?
Luis Carlos Ugalde
En México no hacemos leyes para cumplirlas, sino para cobijarnos de nuestras ineptitudes y falencias. No son documentos jurídicos, estrictamente hablando, sino instrumentos demagógicos. De ahí su vertiginosa velocidad de cambio y su brecha cada vez más profunda entre lo prescrito y lo que en la realidad acontece. Alarma y preocupa que la solución sea tan elemental como lejana: cumplir la ley.
El derecho siempre es insuficiente y por lo tanto perfectible. Pero de eso a pretender que todo debe arrancar con una ley para corregir algo, es una política legislativa equivocada. La izquierda nunca confió en el derecho para hacer justicia. Carlos Marx ubicaba las leyes como parte de la superestructura y determinadas por la infraestructura; es decir, las relaciones de producción. Veía al derecho como el escudo en el que se protegía la burguesía para preservar sus privilegios. A la muerte de Marx, Engels reconoce cierta interrelación y le concede a las normas jurídicas una mínima posibilidad de alcanzar fines sociales.
Cuauhtémoc Cárdenas llamó recientemente a crear una nueva Constitución que permita a México salir de la “profunda crisis en la que lo ha hundido el entreguismo, la corrupción y la ineficacia”. Porfirio Muñoz Ledo y algunos de sus seguidores hablan de una constitución para la Ciudad de México, lo cual trastocaría aún más un gobierno fraccionado que ha dañado enormemente el otorgamiento de los servicios públicos. Me deja perplejo el grado de ingenuidad o de mala fe el creer que la modificación de un texto jurídico, que no goza de prestigio, pueda resolver la problemática nacional o local.
En los inicios del porfiriato se dio un debate entre José María Vigil y Justo Sierra. El primero, como buen liberal, buscaba el cambio e insistía en reformar leyes. Sostenía que cuando una sociedad se desquicia, es preciso reforzar el centro de cohesión y entre otros elementos señalaba al derecho. El segundo, por el contrario, ya con influencia positivista, expresaba: “El progreso no está a merced de los soñadores ni se fabrica por medio de códigos políticos, sino que se efectúa lenta y trabajosamente (…) en virtud de una revolución se redactan constituciones, éstas flotan en las superficies de las sociedades como las palmas acuáticas sobre las corrientes, sin tocar con sus raíces el fondo”. Sierra hace una afirmación que es preludio de la dictadura: “Ya hemos realizado infinidad de derechos que no producen más que miseria y malestar en la sociedad. Vamos ahora a ensayar un poco de tiranía, pero tiranía honrada”.
Esta discusión se repite en la historia de México. Antes se había dado entre Lucas Alamán y José María Luis Mora y, después de la Revolución, entre Emilio Rabasa y Daniel Cosío Villegas a través de sus textos. Ahora, tiene una enorme vigencia.
El derecho es un instrumento de cambio, desde luego, pero exige un conocimiento previo de la realidad y de las maneras de modificarla. El derecho sigue y guía a la realidad. Los juristas más preclaros que sí lo han sabido entender han logrado cambios legales que, con suficiente pragmatismo, han devenido instrumentos de justicia.
En las propuestas presidenciales no hay nada nuevo, sólo refritos. Una consulta popular en espera de soluciones mágicas debe ser desechada por costosa e infructuosa. Las buenas leyes son consecuencia de mentes privilegiadas dedicadas al estudio. De ahí pasan a las asambleas para su legitimación y difusión. Si a estas alturas todavía debemos preguntar qué hacer, la crisis es entonces más grave de lo que suponíamos.
Peña Nieto está muy lejos de lo que ofreció en mayo de 2012 como candidato. A ese planteamiento debe remitirse en un mínimo ejercicio de congruencia.
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