¿Por qué debe revocarse licitación de Tren México-Toluca?

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Es el colmo que hoy ante la inversión multimillonaria que se busca en materia de infraestructura, no se cumplan con estándares internacionales de gerencia de proyectos.

Ayer domingo uno de los diarios más importantes del mundo, EL PAIS de España, publicó un reportaje sobre un tema que ya es por demás conocido: las irregularidades que existen en la licitación para la construcción del tercer tramo del Tren México Toluca.

En reiteradas ocasiones diputados locales y una servidora hemos dado seguimiento a las peticiones ciudadanas de información sobre la obra, mismas que no han sido entregadas, la preocupación de los vecinos es clara: esta obra causará afectaciones a sus casas e impactará en la movilidad de la zona, a pesar de las inversiones multimillonarias, el gobierno  sigue sin resolver los problemas de movilidad y espacio público de la zona.

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No sólo eso, esta obra no conectará con la centralidad ni mucho menos con el nuevo aeropuerto, y su tercer piso viola la nueva Ley de Movilidad de la Ciudad. La petición de cambio de ruta ha sido reiterada.

El tercer piso de Vasco de Quiroga es ilegal. Hemos marcado puntualmente las irregularidades que han existido en la construcción de este Viaducto Elevado, desde mi trinchera las violaciones a la Ley de Movilidad en sus artículos 31, 38, 39, 40, 41, 42 y 52 al construir un tercer piso, y desde la sociedad civil y la academia las violaciones a los derechos humanos a los ciudadanos.

Las obras en México no pueden ser referente de opacidad.  México vuelve a ser referente mundial en temas de opacidad y corrupción. Hoy la lupa del mundo está puesta en la Ciudad de México con este reportaje que publica EL PAÍS y que señala las observaciones del Testigo Social de esta obra:

“En el fallo del concurso, el testigo social, un experto del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, hace constar que no suscribe “ni la legalidad del procedimiento ni de su ejecución ni de quienes intervinieron en sus actos”. Y en un informe posterior pide una nueva evaluación al tiempo que censura no sólo la “subjetividad” empleada a la hora de puntuar los proyectos o la desfavorable diferencia de precio entre el ganador y los perdedores (hasta 1.000 millones de pesos), sino también que de los 12 miembros del comité evaluador, solo uno hubiese acreditado su relación con la convocatoria y sus facultades para participar en ella”.

El tema comienza a tornarse como el caso del Tren México Querétaro, cuya licitación también se vio envuelta en escándalos por lo rápido de los tiempos y la opacidad con que se llevó a cabo el proyecto. Debemos recordar que esa licitación (el Tren México Querétaro) fue suspendida por la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes por las irregularidades que existieron.

Hoy estamos ante un caso de la misma magnitud. El consorcio que se llevó la obra no fue el mejor evaluado según el Testigo Social.

Por ejemplo, EL PAÍS menciona que el proyecto presentado por Isolux de México, junto con Impulsora de Desarrollo Integral y Equivent, era 70 millones de dólares más barato (con IVA), le seguía el de Sacyr-Mecano-Primex (11 millones menos) y el liderada por Cicsa y Carso 8 millones menos.

Hace unas semanas el gobierno Federal sentó un precedente al revocar la licitación del Tren México Querétaro para lograr que la obra no carezca de legitimidad y sea más transparente, y cuando se trata de combate a la corrupción no podemos dar pasos hacia atrás en la capital. La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal debe hacer lo mismo. Más aún cuando existen elementos suficientes para que se revoque esta licitación.

El PAN tomará acciones desde la ALDF

Hoy ante las dimensiones que ha tomado el caso es necesario puntualizar tres acciones concretas que presentaré el día en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal abra sus puertas el próximo periodo ordinario.

Desde la trinchera legislativa presentaré un paquete de reformas para poner orden en materia de obras públicas.   El gobierno antes de seguir abriendo licitaciones, debe estar obligado a presentar públicamente los proyectos a tratar en los portales de la Secretaría correspondiente y contar con una gerencia de proyectos que los acompañe desde su diseño y estudios, hasta su evaluación. Los vecinos de la zona llevan más de 4 meses pidiendo información y trato con las autoridades competentes y a la fecha no han tenido respuesta.

Es el colmo que hoy ante la inversión multimillonaria que se busca en materia de infraestructura, no se cumplan con estándares internacionales de gerencia de proyectos y peor aún que se les impida a los vecinos tener acceso a ellos. Nos estamos enterando de los proyectos hasta que abren la licitación, pasó con el tren Mexico Toluca y es el caso también del deprimido de Mixcoac. Parece ser que son los privados los que no sólo deciden donde hacer obra pública sino que monopolizan el derecho a la información pública.

Respuestas de Peña Nieto

 Hace una semana un grupo de vecinos organizados de la zona de Santa Fe envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto para solicitar su intervención para detener la obra en tanto no haya consenso con los vecinos. Peña Nieto debe  responder a los vecinos y escucharlos, ya que es una obra propuesta por el Gobierno Federal  y que, así como puso el ejemplo con el Tren de Alta Velocidad México Querétaro, así también haga cumplir la Ley con la revocación de la licitación del tercer tramo del Tren México Toluca.

La Secretaría de Obras del Distrito Federal debe atender las recomendaciones del Testigo Social, y revocar la licitación. La construcción de este tercer tramo no puede darse en un marco de opacidad y en un ambiente de corrupción. El Distrito Federal no debe aumentar la desconfianza con la que ahora nos están viendo los extranjeros para invertir en nuestro país, más con una obra que es de índole federal.

Las reformas aprobadas el pasado 9 de diciembre a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, propuestas por el presidente Peña Nieto, proponen dar mayor calidad técnica a la selección, ejecución y evaluación de proyectos, dar mayor transparencia y certeza jurídica a los procesos de licitación, lo que permitirá la creación de infraestructura de mejor calidad. Con base en esas reformas, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal debe ser armonizada con la legislación Federal para evitar situaciones como la que está envolviendo hoy a la obra del Tren México Toluca, donde vecinos, organizaciones civiles, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y hasta el Testigo Social.

Sólo para recordar, en julio pasado presenté un Punto de Acuerdo para exigir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el proyecto fuese ejecutado bajo estándares de transparencia total y se pusiera en funcionamiento un módulo administrativo de transparencia del proyecto, así como un sitio en internet mediante el cual se ponga a disposición de todos los mexicanos la información, que contenga entre otros aspectos, el plan maestro, proyecto, contratos, convenios, estados financieros y recursos presupuestales que se firmen y realicen para su implementación y construcción. A la fecha no conocemos información detallada del proyecto y ello ha derivado en los señalamientos que hoy estamos conociendo.

Es fundamental que las licitaciones sean hechas con los más altos estándares de planeación internacional, presentando los estudios de movilidad e impacto ambiental necesarios y con la mayor transparencia posible para que sea una obra legítima y verdaderamente funcional para los ciudadanos.

Hoy que el peso pierde valor frente al dólar, que la economía de nuestro país no crece y que los escándalos por corrupción y conflicto de intereses han saltado al mapa internacional, no podemos permitir que las irregularidades que señalamos se conviertan solo en “una rayita más al tigre”.

La construcción de la obra aún no comienza y el Gobierno del Distrito Federal está a tiempo de revocar la licitación.


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