Investigación criminal

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La construcción de nuestro sistema penal nacional, con la adopción de la justicia oral, acusatoria y adversarial, la expedición de un código uniforme de procedimientos penales, la modernización de las fiscalías federal y local, y la incorporación del Mando Único policial, exige de una condición básica: Afrontar a los criminales requiere conocerlos.

Sin duda, el avance de las tecnologías ha producido que la información sea el verdadero poder en la realización de todas las áreas del quehacer humano, incluyendo la planificación, ejecución y ocultamiento de operaciones ilícitas; y, en consecuencia, para su descubrimiento y persecución.

A partir de esa premisa incontestable, castigar a los criminales de manera efectiva, integral y oportuna —con el ánimo de reducir las “cifras negras”—, por principio de cuentas, entraña saber quiénes son, cómo operan y dónde están, con independencia del ámbito de gobierno o jurisdicción de que se trate.

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En este sentido, la inteligencia criminal evalúa y analiza la información recolectada de distintas fuentes, relativa a eventos, problemas y actividades delictivas, con el fin de conocer el estado de situación de un crimen acaecido en un tiempo y en un lugar.

Por tanto, es fundamental que el Estado mexicano incorpore a su legislación en materia de seguridad, una estrategia nacional legal para la generación de información delictiva, que sea producto de esa investigación, en la que participen las entidades federativas, por medio de mecanismos formales, para que su información sea válidamente utilizada en juicio.

Si bien el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha puesto en marcha iniciativas para homologar el registro de delitos del fuero federal y común, la realidad es que esos esfuerzos son positivos, pero no suficientes para generar inteligencia.

Bajo la rectoría de la Federación —se insiste—, ese repositorio debería contar con la decisiva participación de las entidades, de modo que la misma pueda ser utilizada no sólo para el combate de la delincuencia organizada y la persecución de delitos federales, sino también para resolver eficazmente los del fuero común.

No cabe ya —bajo ningún escenario— la excusa de que los crímenes perpetrados no pueden ser investigados, perseguidos y castigados por la falta de información, ya sea porque la misma no se generó, no se registró o no se comunicó a la autoridad administrativa o judicial responsable de su prevención o enjuiciamiento.

El hecho de que México no cuente con ese instrumento técnico le sitúa en una posición de vulnerabilidad en su seguridad nacional, sobre todo por la amenaza real que significa el terrorismo internacional, el que podría aliarse de manera eventual con la criminalidad internacional.

Inicialmente, el acervo criminal nacional podría registrar los delitos cometidos que tengan incidencia tanto en la jurisdicción federal como en la local, en el entendido que esa herramienta no configuraría todos los resultados de la investigación criminal que se propone, ya que estos podrían abarcar diversos elementos.

Por ejemplo, podría considerar la información que generen cuadros de policías, investigadores, fiscales, procuradores y jueces con especialidad en delitos de alto impacto, como narcotráfico, lavado de dinero y secuestro; pero que conozcan de su modus operandi en todo el país.

También abarcaría la información que provenga de la cooperación policial y judicial obtenida bajo la propia Convención de Palermo y sus protocolos, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas; contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire; y contra la fabricación y el tráfico de armas.

En una época de incertidumbre y de riesgos sin precedentes, el análisis de la inteligencia criminal es un componente fundamental e irrenunciable para la procuración y el enjuiciamiento de los complejos delitos que tienen lugar en un mundo globalizado. Combatir a la delincuencia usando información generada por inteligencia criminal, será la mejor medida que pueda tomar el Estado mexicano en contra de la tortura.

Consideramos que en el siglo XXI ese saber es imprescindible para el diseño certero de políticas públicas y para la adecuada toma de decisiones, tanto operativa como estratégicamente, al permitir identificar relaciones y conexiones que tienen lugar en diferentes situaciones, lugares y momentos.


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