La seguridad en los hogares mexicanos vuelve a encender las alarmas en el escenario político nacional. Durante la actual administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han denunciado formalmente 18,000 casos de allanamiento de morada en el país, según el corte estadístico más reciente de abril de 2026. Esta cifra pone bajo la lupa las estrategias de vigilancia y la efectividad de las policías locales para proteger el espacio más sagrado de los ciudadanos: su propia casa.
Los datos recientes revelan que este delito va al alza en lugar de contenerse. Tan solo en el mes de abril de 2026, las autoridades recibieron 1,267 denuncias por invasión de propiedades en el territorio nacional. Este número representa un preocupante incremento del 10% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se registraron 1,147 carpetas de investigación por este motivo. El repunte mensual demuestra que la vulnerabilidad de la vivienda sigue siendo un desafío pendiente para los tres niveles de gobierno.
Al analizar la distribución geográfica del problema, resalta un fenómeno de fuerte concentración. Tres entidades federativas acumulan el 34% de todos los casos reportados en lo que va del sexenio. Baja California encabeza la lista con un total de 2,458 registros acumulados. Le sigue muy de cerca el Estado de México, la entidad más poblada del país, que suma 2,370 denuncias, mientras que Baja California Sur se ubica en el tercer sitio con 1,348 casos reportados ante el Ministerio Público.
Sin embargo, cuando el problema se mide de acuerdo con el tamaño de su población, el panorama cambia drásticamente y devela una crisis profunda en el noroeste y el sur del país. Baja California Sur encabeza el listado nacional con la tasa más alta, registrando 1,688 denuncias por cada millón de habitantes. El segundo puesto por densidad poblacional le corresponde a Baja California, con 652 registros, y el tercer lugar es para el estado de Campeche, que alcanza las 512 denuncias por cada millón de personas.
Si revisamos el comportamiento histórico de este delito utilizando las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recopiladas en este informe, resalta que el año 2023 se mantiene como el punto más crítico de la última década, alcanzando un récord anual de 14,708 denuncias. Aunque en 2025 se observó una ligera disminución al cerrar con 13,376 casos, el avance parcial acumulado en los primeros meses de 2026 ya alcanza las 4,624 denuncias, lo que sugiere que el año en curso mantendrá una tendencia sumamente elevada.
Para los analistas de la política mexicana, estas estadísticas representan mucho más que números; se traducen en una demanda social urgente que desgasta la percepción de gobernabilidad y paz pública. La protección a la propiedad privada y la integridad de las familias es una de las promesas fundamentales del Estado, por lo que la contención de este delito será clave para evaluar la eficacia de las políticas de seguridad en las regiones más afectadas de México.
