Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha registrado una cifra sumamente alarmante para la intimidad y seguridad de las familias en México: un total de 19,269 denuncias por el delito de allanamiento de morada en todo el país. Esta estadística, con corte a mayo de 2026, pone sobre la mesa de debate el constante asedio que viven los ciudadanos en el espacio que debería ser el más seguro y resguardado de todos: su propio hogar.
El último reporte de la prestigiosa consultora TResearch, que recopila las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca un inquietante repunte de esta actividad ilícita en el corto plazo. Tan solo en el mes de mayo de 2026 se contabilizaron 1,269 denuncias a nivel nacional, lo que representa un claro incremento del 14% en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se reportaron 1,118 casos oficiales. El aumento mensual confirma que el problema de la intrusión ilegal, lejos de solucionarse, va en franco aumento en este periodo gubernamental.
La perspectiva histórica de este fenómeno refleja una preocupante estabilidad en niveles altos. Durante el año 2023 se alcanzó el pico más elevado en registros recientes con un total de 14,708 denuncias. Aunque el año 2025 cerró ligeramente por debajo con 13,376 casos denunciados, la tendencia en lo que va de este año 2026 mantiene un paso acelerado, acumulando un corte parcial de 5,893 indagatorias oficiales hasta el mes de mayo, apuntando a que el año cerrará de nueva cuenta con alta incidencia.
En el terreno de la política local, la presión es máxima para los gobernantes. El análisis territorial muestra una enorme disparidad y concentración geográfica del delito. Tan solo tres entidades federativas acumulan el 34% del total nacional de casos en lo que va del sexenio: el Estado de México encabeza el listado con 2,535 carpetas de investigación, muy de cerca le sigue Baja California con 2,458 denuncias, y en tercer puesto se posiciona Baja California Sur con 1,648 registros.
No obstante, la vulnerabilidad real se evidencia al calcular la tasa de denuncias por cada millón de habitantes. Bajo esta métrica proporcional, Baja California Sur se dispara de manera preocupante por encima del resto del país al registrar una tasa de 2,064 denuncias, seguido de lejos por Baja California con 652 y Campeche con 597 casos por millón. Esta preocupante realidad exige a los gobiernos de dichas entidades un replanteamiento urgente en sus estrategias locales de vigilancia y proximidad policiaca para pacificar sus comunidades.
Para la opinión pública y los analistas del entorno político nacional, estos preocupantes números exigen acciones que vayan más allá de los discursos. El allanamiento de morada es frecuentemente la antesala de crímenes graves como el robo a casa habitación, agresiones físicas y homicidios. La respuesta del actual gobierno federal y de las fiscalías estatales será crucial para determinar si la ciudadanía recupera la confianza y la tranquilidad dentro de sus hogares en los próximos meses del sexenio.
