El Comité para la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, en su informe de evaluación sobre el caso mexicano, considerando el fenómeno generalizado y sistemático e inclusive con características de delitos de lesa humanidad, determinaron por la gravedad de la situación que fuera el pleno de la Asamblea General quien tomara cartas en el asunto, ocasionando que el régimen cuatroteísta encabezado por Claudia Sheinbaum pusiera el grito en el cielo.
Efectivamente, su reacción furibunda desató una oleada de descalificaciones acompañada por sus correligionarios, desestimando el documento y eludiendo su responsabilidad en la materia, pese a ser un tema altamente sensible que no ha encontrado eco en el ámbito oficial.
No es una cuestión de golpeteo político como lo pretenden colocar, sino un desgarrador asunto que por su magnitud merece una especial atención del Estado, aspecto que no ha sido atendido en la dimensión que se requiere, debido a ello, resulta consecuente las conclusiones del informe.
Es verdaderamente lastimoso ver a las madres buscadoras entregando el alma sin perder la esperanza de encontrar a sus seres queridos y, en paralelo, descubrir un sinnúmero de fosas clandestinas regadas prácticamente en todo el país, que dan testimonio de una crueldad mayúscula y una autoridad impasible y rebasada.
Ahora bien, este es un factor que entre muchos otros incide en la calidad de vida de los habitantes, siendo el objetivo primordial de cualquier gobierno mejorar las condiciones de sus gobernados, principalmente aquellas que tienen un impacto directo con los derechos humanos.
Sin embargo, dadas las circunstancias que se presentan en el país, cada vez más se apodera la zozobra de nuestra vida, pues lo cotidiano es la intranquilidad ante el clima de violencia que se padece y, por lo tanto, el temor se apodera de las personas acostumbrándonos a cargar con ese lastre.
En términos similares pasa con la salud, enfermarse en México es un riesgo que inevitablemente estamos obligados a enfrentar, lo digo en virtud de que el acceso al servicio médico y a las medicinas es un privilegio al cual muy pocos pueden acceder y, en muchas ocasiones, es necesario pagar cantidades que no siempre se tienen disponibles, de donde nace otro calvario.
Además, al vivir en un país donde la corrupción y la impunidad forman parte del régimen, tal actividad se convierte en una herramienta de extorsión al ciudadano de la cual difícilmente puede escapar, los funcionarios se las arreglan para exprimir a los gobernados con cualquier pretexto.
En esa medida podemos afirmar que en México tenemos como gobernados grandes problemas que atentan en relación con la dignidad de las personas, pues erosionan sus principales bienes, como es la vida e integridad física y emocional. Vivimos en una guerrilla constante, matan y desaparecen personas.
Tampoco es opción la enfermedad, menos en un país donde más del 55% de la población económicamente activa opera en la informalidad.
Realmente, los indicadores del país en cuanto a calidad de vida y derechos humanos no son nada halagadores, son dignos de ser llevados también a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
