Incremento de la violencia feminicida, resultado de omisiones e impunidad

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Un vez más llegaremos este 25 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con cifras graves y alarmantes que bien podrían ser motivo para decretar una alerta nacional por las violencias de género que padecen las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país; cada 24 horas 580 mujeres son atendidas en los 56 Centros de Justicia para Mujeres y cada hora, dos mujeres acuden a la Red Nacional de Refugios para escapar de los hogares donde son violentadas.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año, han sido asesinadas dos mil 840 mujeres, pero solo 736 han sido investigadas como feminicidios, cuando desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cada muerte violenta de mujeres debe ser investigada en un inicio bajo el protocolo de feminicidio, lo cual no siempre ocurre.

Las violencias contra las niñas, adolescentes y las mujeres es el resultado de una cadena de omisiones, de impunidad y de corrupción, pero también de una sociedad que tolera, naturaliza y justifica la violencia feminicida que dicta normas sociales desde la desigualdad, creando narrativas de misoginia, impunidad y múltiples discriminaciones.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, estableció dos compromisos fundamentales para los gobiernos: la eliminación de toda forma de discriminación de género en la ley y en la práctica, y mejorar las condiciones de las mujeres; no obstante, las violencias de género y la pandemia sanitaria han sido un caldo de cultivo para que decenas de mujeres se vean obligadas a abandonar sus hogares y trabajos para salvar su vida y la de sus hijas e hijos.

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En nuestro país existen avances en el marco normativo y judicial en materia de protección a una vida libre de violencia de las mujeres, pero sigue habiendo obstáculos para garantizar la integridad y en general los derechos humanos a ese 52 por ciento de la población que son las mujeres, adolescentes y niñas en este país.

Se siguen perpetuando todas las formas y modalidades de violencias contra las mujeres y las niñas. La Red Nacional de Refugios, señaló que, del total de las carpetas de investigación por delitos de violencias contra las mujeres, solo el 11.66 por ciento llegan a los juzgados, lo que representa una impunidad del 88.3 por ciento del total de los delitos denunciados.

Informó que de las más de 23 mil mujeres, hijas e hijos atendidas este año en sus 75 refugios, el 28 por ciento de los agresores tienen antecedentes penales, el 27 por ciento, usan armas de fuego y el 17 por ciento, cuenta con vínculos militares o políticos, lo que limita la posibilidad de que las víctimas soliciten ayuda y accedan a la justicia integral. Además, tres de cada cinco mujeres atendidas por la red, ya habían acudido anteriormente a alguna instancia gubernamental donde no tuvieron una respuesta, fueron revictimizadas o bien les negaron medidas de protección o la ampliación de las mismas.

Duele cada asesinato de mujeres y niñas a manos de la violencia feminicida, la cual tiene hondas raíces estructurales donde la justicia para las mujeres está permeada por un camino de impunidad, corrupción y criminalización contra las víctimas.

Ante este contexto, desde nuestros espacios, debemos seguir trabajando para crear otra narrativa y considerar la igualdad como un gran motor, para poder construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática, libre de violencias para todas las niñas, adolescentes y mujeres de este país.


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