Impunidad: la constante detrás de masacres y fosas clandestinas

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Tras los hallazgos en Teuchitlán, el aparato propagandístico del partido oficial intentó desviar la atención, ya sea con su conocida consigna de que todo es culpa de Calderón, o tratando de justificar que se trata de un efecto de la falta de oportunidades económicas –por lo que admiten que los programas sociales no han servido para atacar las causas–; mientras tanto México lleva décadas viendo como las masacres, fosas clandestinas y demás actos de violencia se suceden unas a otras sin que se terminen estas historias de horror.

Lo que antes hacia encolerizar a los ahora propagandistas, ahora les parece normal o tratan de que pase desapercibido, mostrando que en el sexenio pasado –al igual que en los anteriores– no se hizo nada por acabar con la impunidad o para evitar que la población sea víctima de la violencia del crimen organizado.

Nuestro país enfrenta un problema en el ámbito de la seguridad pública, pues no tenemos policías capacitadas y bien remuneradas y equipadas, ministerios públicos con capacidad de investigación, estrategias de prevención del delito y, sobre todo, de una política pública para acabar con la impunidad que es el principal factor para que se den hechos tan lamentables como los que enumeramos a continuación:

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  • En 2009, se hizo público la detención de quien fue llamado el “pozolero”, un personaje que se dedicaba a deshacer con productos químicos a 300 personas en Tijuana para uno de los cárteles del narcotráfico. La cifra se determinó con base en su confesión.
  • En el municipio tamaulipeco de San Fernando fueron ejecutadas 14 mujeres y 58 hombres en 2010; de esto se responsabilizó al cártel de Los Zetas, las víctimas eran, en su mayoría, migrantes centroamericanos. En 2011, en el mismo municipio, fueron encontrados los cuerpos de 193 personas en fosas clandestinas.
  • En Tetelcingo, Estado de México, fue encontrada una fosa clandestina con, al menos, 117 cuerpos no identificados; las investigaciones no condujeron a dar con los responsables.
  • En Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2010, fueron asesinados 16 jóvenes que estaban en una fiesta y que, de acuerdo a las autoridades, no tenían relación con grupos del crimen organizado; esas mismas autoridades informaron previamente que en 2009 más de 2 mil 600 personas murieron en hechos violentos relacionados con el narcotráfico.
  • Ese mismo año, en Tepic, Nayarit, 15 jóvenes que trabajaban en un autolavado fueron asesinados a tiros por un grupo armado que descendió de unas camionetas.
  • En el municipio de Allende en Coahuila, en 2011, los Zetas llevaron a cabo una venganza por lo que consideraron una traición de algunos colaboradores que dieron información a la DEA, por lo que desaparecieron a 42 personas, aunque versiones extraoficiales hablan de más de 300.
  • El mismo año, en el municipio de Victoria, Durango, se encuentran 340 cuerpos en fosas clandestinas sin que las investigaciones hallan dado resultado o señalado responsables.
  • También en ese año, en el municipio de Ruiz en Nayarit, un enfrentamiento entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa dejó como saldo la muerte de 29 sicarios.
  • En 2012, en Cadereyta, Nuevo León, se descubren los restos de 49 personas que fueron decapitadas y mutiladas por miembros del cártel Los Zetas y arrojadas a un costado de la carretera.

  • En 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, 22 civiles murieron luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano; de acuerdo a varias versiones, se trató de una ejecución extrajudicial. La CNDH investigó el asunto.
  • En 2019, en Uruapan, Michoacán, fueron encontrados 19 cuerpos de personas asesinadas presumiblemente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se adjudicó el crimen mediante narcomantas.
  • Ese mismo año, se produjo un ataque armado y con bombas incendiarias en un centro nocturno llamado «Caballo Blanco» en la ciudad de Coatzacoalcos con un saldo de 30 personas muertas, 20 hombres y 10 mujeres. Las investigaciones apuntan al CJNG.
  • Ese mismo año en Minatitlán, Veracruz, 14 personas fueron asesinadas en una fiesta por personas armadas; la versión extraoficial apunta a un enfrentamiento entre dos grupos criminales.
  • En 2021, 17 migrantes guatemaltecos y 2 mexicanos fueron encontrados asesinados y calcinados por las autoridades en el municipio tamaulipeco de Camargo; policías estatales y personal del Instituto Nacional de Migración fueron detenidos por estos hechos.

Este recuento no es exhaustivo, sólo es una muestra del horror que se viven en muchos estados del país por la violencia criminal.


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