¿Habrá mayor salario mínimo?

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Después de muchos meses de declaraciones, artículos y promesas, finalmente se acerca la hora de la verdad. El primer día de enero entra en vigor el nuevo salario mínimo, que tiene que ser fijado en estos días en términos aún imprecisos. En teoría, se han eliminado las supuestas complicaciones tanto en multas como contratos y alquileres ligados a sus incrementos. Falta ver si abogados astutos no usan resquicios legales que les permitan iniciar demandas por falta de previsión de los legisladores.

Encuestas y estudios muestran una aprobación generalizada de la elevación de los minisalarios por una larga serie de razones. Desde la estricta justicia social y el deber de lograr disminuir las diferencias en el ingreso y la riqueza hasta quienes lo apoyan como generador de un largo impulso a la economía. Pero lo que sí es cierto es que los salarios mínimos permiten a muchos patrones hacer negocios mientras quienes los reciben apenas pueden mal vivir con magros ingresos.

Los más optimistas sobre los efectos de elevar los minisalarios han recordado cuando Henry Ford decidió aumentar el salario de sus obreros sin tomar en cuenta ningún antecedente. Sin importarle lo que hasta ese momento habían pagado o seguían pagando las distintas empresas del área, decidió aumentarlos con el objeto de que sus obreros tuvieran la capacidad de adquirir los automóviles que contribuían a fabricar. A pesar de que muchos vieron, y aún consideran, sólo un impulso egoísta para aumentar sus ventas, al cabo de los años Ford, y la industria automotriz que siguió sus pasos, tuvieron un desarrollo impresionante que detonó toda la economía norteamericana.

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El incremento que aprobará la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos será la tarea más delicada que nunca ha emprendido, y estará bajo el escrutinio de millones de mexicanos. Su decisión afectará la vida de muchos, esperemos que para bien, y será valorada por todo el país: analistas, articulistas, comentaristas, reporteros, gobierno, oposición y pueblo, pero sobre todo por los más de 2 millones que reciben el salario mínimo a los que se les han dado esperanzas difíciles de cumplir.

Pero no sólo los que hoy reciben el salario menor, también quienes reciben más del mínimo, y los pensionados, están esperando un aumento que les beneficie. Y como afectará a la economía entera debe hacerse bajo cuidadosos criterios técnicos y no discursos o presiones políticas. Si bien tendrá que ser por un porcentaje de aumento mucho mayor que en el pasado, no puede ignorarse que puede disparar la inflación.

También será observado muy atentamente por los empresarios. Y no sólo por los grandes empresarios -nacionales o transnacionales- que podrán pagarlo sin muchos problemas, sino por los pequeños y medianos que quizá no podrán hacerlo. Recordemos que son las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) los grandes empleadores de este país: el 94% de los empleos se dan en empresas de menos de 50 personas.

Un aumento desmedido -aunque se piense es de elemental justicia- podría llevar al despido de miles de trabajadores ya sea porque van a ser sustituidos por sistemas mecanizados o simplemente porque los patrones no podrán pagarles lo que se acuerde. Sólo un trabajo muy profesional permitirá mejorar las entradas a quienes reciben menos salarios al tiempo que proteja los empleos.

Lo último que requiere el gobierno federal es abrir un nuevo conflicto.

Tiene encima las protestas contra la reforma fiscal y el rechazo popular a su inacción en el caso Ayotzinapa. Un nuevo frente causado por un incremento raquítico al mínimo o el aumento del desempleo ocasionado por un incremento desmedido podría poner al gobierno muy mal en víspera de elecciones. No es exageración decir que si se equivocan en cualquiera de las dos direcciones, están arriesgando su éxito en el proceso electoral.

Sin un buen desempeño electoral, el gobierno puede despedirse de su proyecto sexenal y pensar en volver a repetir 1997. Recordemos que en ese año, el partido que por años tuvo la mayoría calificada de la Cámara de Diputados por décadas, la perdió y se vio obligado a negociar todo cambio: presupuestal, legislativo o constitucional. Y en la siguiente elección cambió el partido en el poder.


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