Ley de amnistía prolongaría situación de excepción
Los senadores de la República tienen que ser muy cuidadosos y responsables en el estudio y debate de la iniciativa de ley que concede amnistía a los miembros de las autodefensas en Michoacán que en estos días se debate.
Hoy, no exista total certeza de que quienes tomaron las armas para reivindicar funciones de seguridad propias del Estado, hayan sido –todos- ciudadanos bienintencionados (movidos por una real desesperación y frustración ante la impunidad y la inacción gubernamental), o miembros del crimen organizado…
En ambos casos, estamos ante actos y hechos ilegales que vulneraron el orden jurídico y el estado de derecho frente a la complacencia o –incapacidad- de la autoridad. Sin entrar a una valoración ética, tan ilegal las autodefensas como los maleantes que combaten. Es irrefutable que ambas son actividades ilegales. Podrá discutirse el grado de cada una, pero no el hecho de que están prohibidas por la ley. De ninguna manera puede justificarse alguna de las posiciones, a lo sumo tendremos elementos para entenderlas como fenómeno.
Es riesgoso que el debate pretenda centrarse entre legitimidad y legalidad…es jugar en la cuerda floja, pues en la práctica lleva a justificar la legalización de lo ilegal. Siendo que justamente la ausencia de legalidad (en todas sus formas: impunidad, incumplimiento de leyes, corrupción etc.) es la que ha generado la deslegitimación de la propia “autoridad” y en gran medida las condiciones actuales.
Debemos reconocer que se trata de una situación de facto que evidenció una profunda falla institucional y estructural que se muestra ante la debilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno, que lo llevó abandonar o renunciar a una de sus funciones básicas.
Lo que generó una situación clara y evidente de vulneración de derechos humanos: económicos, sociales, culturales, a la seguridad pública, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la seguridad e integridad personal, a la vida, a la libertad de tránsito, a la paz pública, etc.
No es opcional, hoy el Estado tiene el deber de organizar el aparato gubernamental de manera que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a través de la prevención e investigación de sus posibles violaciones. Y eso implica en el caso concreto llegar a sus últimas consecuencias…determinar tanto la verdad histórica como la legal… y la ley de amnistía no lo garantiza.
El principal argumento de la iniciativa de la ley de amnistía es el reconocimiento del estado de necesidad y la actuación en legítima defensa de sus destinatarios. Es un argumento peligroso más aún en la situación actual, en la que muchos pudiéramos alegar la legitimidad de nuestras causas.
Justificar así los fines permite utilizar cualquier medio para conseguirlos.
En la exposición de motivos asegura que todos los detenidos lo fueron por operativos “desmedidos”, “a todas luces inconstitucionales” y de los cuales se derivaron faltas al debido proceso, sin señalar en ningún momento en qué hacen consistir sus argumentos. Olvidando así la gravedad de la situación y la justificación de una intervención decidida por parte de la autoridad.
La principal crítica, y por cierto fundada, es que concede amnistía por todos los delitos federales cometidos en Michoacán entre febrero de 2013 y septiembre de 2014, sin limitarse únicamente a aquellos que pudieran estar relacionados con la actuación de las autodefensas como la portación de armas exclusivas del ejército. Es decir, todas las demás acciones delictuosas pudieran caber en tal descripción sin mayor requisito que el haber sido cometidas por quien se dice autodefensa. (Vgr. narcotráfico, secuestro, homicidios, etc.) desvirtuando el beneficio a personas que quizá no lo merecieran.
Cabe mencionar que la iniciativa tiene imprecisiones técnicas pues no señala claramente qué autoridad será la encargada de definir, ni con qué elementos, quiénes si y quiénes no tienen el carácter de autodefensa y por ende pueden ser beneficiados por la amnistía.
Debemos entender que el caso de Michoacán consiste precisamente en la desatención y postergación de soluciones de fondo… que hoy estallan violentamente. Es urgente poner orden y generar justicia, pero no a costa de lo que sea y como sea. De nada servirá forzar cierta apariencia de orden y justicia si no se va al fondo. Si no se reconstruye… si no se fortalecen las instituciones sociales y políticas comunitarias locales -incluyendo por supuesto al estado- y eso implica congruencia en las medidas que se toman.
En esta situación –aun siendo hasta cierto punto extrema- es tan importante el fondo como la forma. El fin nunca justificará los medios. Mucho menos en temas jurídicos tan claros como el actual, que evidencia la omisión y renuncia del estado a una de sus funciones esenciales como es brindar seguridad a sus ciudadanos, lo que en la práctica ha generado vacíos de autoridad… ausencia del estado.
Y la ausencia de Estado se soluciona con Estado, fortaleciéndolo, dignificándolo, legitimándolo… la decisión de optar por una ley de amnistía, posterga la situación de excepción al extinguir la acción penal, en lugar de sentar precedente al obligar a agotar los procedimientos jurisdiccionales y a mantener una estricta vigilancia sobre el quehacer de los jueces, postergando la situación de excepción. Requerimos que la reconciliación social se dé fortaleciendo nuestras instituciones… de fondo… normalizando su funcionamiento.
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