IFE, en la mira ciudadana

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La votación del consejo general del IFE, el pasado 6 de febrero, con cinco votos a favor y tres en contra para devolver a la Unidad de Fiscalización el dictamen sobre los gastos de las campañas presidenciales por tener una serie de errores e inconsistencias, nos hace albergar la esperanza a quienes habíamos expresado nuestro desconcierto en el caso de la resolución de Monex, que los consejeros electorales aún pueden rectificar su decisión sobre este último, luego de que aprobaron por mayoría una nueva revisión a las empresas que participaron en la triangulación de recursos a esta empresa.

Resultaba inaudito que la Unidad de Fiscalización no hubiera encontrado ninguna anomalía en los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto pero, sobre todo, que no encontrara nada en el documentado y demostrado caso de triangulación de recursos ilícitos de Monex y sí hiciera una serie de observaciones en la comprobación de gastos de la coalición de Andrés Manuel López Obrador.

Un órgano como la Unidad de Fiscalización y el propio Consejo General del IFE como pleno, que tendrá la última palabra, no puede estar usando varas distintas o raseros diferentes para aplicar sanciones en función del partido de que se trata.

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Lo conducente es que se apliquen criterios de exhaustividad en todos los casos, pues resulta una burla decir que Peña Nieto no gastó de más, al contrario, le hacen un prorrateo donde la Unidad de Fiscalización le admite al PRI todos los criterios que presentó. El Revolucionario Institucional dijo que utilizó para la campaña de su candidato presidencial sólo el uno por ciento del financiamiento público que se le otorgó para sus campañas electorales.

Hace dos semanas, cuando el Consejo General del IFE discutió el caso conocido como el “Monexgate” se afirmó con base en el informe de la Unidad de Fiscalización que no había vínculo alguno ni directo ni indirecto ni político ni comercial entre el PRI y las empresas Koleos y Tiguan que participaron en lo que se define como piramidación o triangulación de los recursos para fondear los monederos electrónicos.

Se dijo que el PRI solamente había contratado a Alkino y ésta a su vez contrató a Atama que a su vez subcontrató a Inizzio, y es con la empresa Inizzio con la que las empresas Koleos y Tiguan participaron de la estructura de financiamiento.

Todo se basó en darle credibilidad a un contrato firmado que aparecía con fecha 1 de marzo, del que el primer pago se daba el 13 de julio, mes en que la empresa Alkino tuvo el buen cuidado de no reportar ingreso fiscal alguno.

Sin embargo, en el proyecto de dictamen de los gastos de campaña de la Coalición Movimiento Progresista que se revisó en la sesión del 6 de febrero, se encontró la acreditación de los vínculos comerciales entre la Coalición Compromiso por México y las empresas Tiguan y Koleos, que participaron en el esquema de financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto en el caso Monex; esta vez como proveedores de servicios y renta de espectaculares.

La empresa Koleos brindó a la campaña de Peña Nieto el servicio de anuncios espectaculares, cuyo costo fue de 6 millones 793 mil 613 pesos y la empresa Grupo Empresarial Tiguan Sociedad Anónima de Capital Variable, valuó estos servicios en 90 mil 33 pesos 40 centavos.

No hay ninguna investigación de oficio de la Unidad de Fiscalización en torno de las empresas Koleos y Tiguan de las cuales se negó que tuvieran alguna relación con el PRI y que ahora aparecen en el dictamen como proveedores. Son estos hallazgos los que refuerzan la propuesta de devolver y no sólo de ahondar
en los criterios del beneficio que las campañas han recibido bajo la figura del prorrateo, también de iniciar las investigaciones que puedan generar la pista de esa triangulación de lo que hemos llamado financiamiento ilícito en la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, hoy Presidente de la República.

En gran parte esta omisión del IFE se basa en que tanto la Unidad de Fiscalización como el Consejo General están montados en un yerro mayúsculo del que no quieren desembarazarse: que es haber adelantado y, lo que es peor, escindido, que es disociado, la comprobación de los gastos de las campañas.

En el informe que presentó la Unidad de Fiscalización hay muchos errores, hay contradicciones, hay incluso una serie de reportes de gastos que no pasan, que no soportan las reglas universales de la auditoría, los principios básicos de la comprobación de gastos.

De esto hay un ejemplo concreto: se ha hablado mucho del cierre de campaña de Enrique Peña Nieto en el Estadio Azteca, y el informe de la Unidad de Fiscalización beneficia a 40 candidatos que estuvieron ahí. Le suma al acto del Estadio Azteca la cantidad de 4 millones 684 mil pesos no reportados por el PRI en el gasto completo del cierre de campaña, de los 18 ó 19 que sí había reportado.

En primer lugar, no se sabe por qué fueron beneficiados los 40 candidatos que estuvieron presentes en el cierre de campaña de Peña Nieto, donde tocó la banda El Recodo, los cuales probablemente eran aspirantes a legisladores la mayoría de ellos, por lo que me parece verdaderamente estrambótico que la Unidad de Fiscalización del IFE ubique el gasto en la Banda El Recodo en la cantidad de 122 mil pesos, incluso contrario a lo que la propia Banda El Recodo manifestó que había cobrado, lo que costaría el evento que amenizó, 366 mil 563 pesos.

Eso es lo que dice El Recodo que cobró al PRI por el evento del Estadio Azteca, pero la Unidad de Fiscalización se lo promedió en 122 mil 167 pesos. A fin de cotejar el promedio catalogado por ésta hicimos un ejercicio a través de una agencia productora de espectáculos, que se llama C. F. Productions Your Dream, Your Clip en el que se le preguntó a la Banda El Recodo cuánto cobraría por el mismo tiempo para amenizar, con el mismo repertorio y los mismos integrantes de la banda, el precio ya puesto en plaza.

La Banda El Recodo envió su presupuesto por ese tipo de presentación, el cual cuesta un millón 500 mil pesos.

Es perfectamente claro que el PRI está cuidando a Enrique Peña Nieto, de no lastimar su imagen como Presidente de la República, por eso es que le adjudican sólo el uno por ciento del prorrateo; es claro que la coalición Compromiso por México rebasó los topes de campaña, los van a rebasar los diputados y los senadores, no el candidato Peña Nieto, porque ese candidato hoy es Presidente inmaculado.

El PRI tiene razón en cuidar la imagen de su Presidente, pero eso no tiene razón ni deber el IFE de hacerlo. El Instituto no puede estarle cuidando la imagen a Peña Nieto ni construir un absurdo de fiscalización para no multar al que fue el más dispendioso en los gastos de las campañas presidenciales.

El IFE y sus consejeros electorales están obligados a respetar por encima de cualquier cosa los principios rectores que la Constitución establece para conducir el proceso electoral, la organización de las elecciones, entre ellos por supuesto los principios de certeza y de legalidad.

Luego de los resultados electorales, el IFE tenía la obligación de investigar a fondo el origen y destino de los recursos implicados en el Monexgate y llevar hasta las últimas consecuencias su vital tarea de fiscalización, para la cual la reforma electoral de 2008 lo dotó de amplias facultades legales y nuevos instrumentos de vigilancia de los recursos que los partidos y candidatos ejercen. Estaba obligado a imponer una sanción ejemplar frente a las formas que burlan la ley para allegarse de manera ilegal de recursos públicos o privados. En ese deber estaba puesta gran parte de la expectativa ciudadana que vivió
en carne propia los excesos y abusos de la campaña del candidato Peña Nieto.

Pero con la resolución que tuvo el IFE en su sesión del pasado 23 de enero sobre el caso Monex, defraudó esa esperanza y propinó un duro revés a la fiscalización del sistema electoral mexicano y, en un acto suicida de su prestigio, autodestructivo en términos de la confianza ciudadana, exoneró al PRI en el caso de este financiamiento ilícito. Por mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra resolvieron no sancionar lo que a todas luces fue un proceso de simulación para triangular recursos ilícitos a la campaña del ahora Presidente de la República.

La resolución que ese día apoyaron los consejeros Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Macarita Elizondo y Sergio García Ramírez fue vergonzosa, absurda e impúdica, en el propio dictamen de la Unidad de Fiscalización se establece que el fondo del asunto consiste en determinar el  origen, el destino y la aplicación de los recursos que a través de diversas tarjetas expedidas por Banco Monex, fueron distribuidas por la campaña de Peña Nieto y, consecuentemente, de resultar un gasto de campaña, verificar si existió un rebase al tope de gastos establecido para las elecciones federales inmediatas anteriores, pero ninguno de los objetivos cumplió la resolución. Nada se dijo de dónde provinieron los recursos y menos se comprobó el gasto.

La licitud de los recursos se pretendía justificar a través de la firma de un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad, sólo porque se asentó en las cláusulas “prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios basados en el mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios a través de tarjetas de prepago”, lo cual constituye una violación flagrante del artículo 77, párrafo 2, inciso g), del Cofipe, el cual establece que:

“No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: […] g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil”.

Lo anterior constituyó a todas luces un financiamiento, que por cierto no realizó Alkino sino las empresas comerciales Atama, lnizzio, Baltus, Akropolis, Luciana, Luza, Conclave, las cuales fueron utilizadas por el PRI para piramidar e intermediar los recursos.

Lo más grave es que en ninguna parte del dictamen presentado por la Unidad de Fiscalización se detallaron los usuarios finales de las tarjetas Monex, ni los montos encontrados en cada una de ellas. Sobre el origen de los recursos para fondear este financiamiento, la Unidad de Fiscalización se limitó a enunciar los nombres, razón social y montos aportados por las personas físicas y morales involucradas, sin decir absolutamente nada del origen de los recursos y de la capacidad económica de estas personas para aportarlos.

Además, tampoco se hizo cargo de las contradicciones públicas del PRI al negar cualquier relación con Monex y el uso de tarjetas del mismo banco, plenamente documentadas, como la del coordinador general de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien el 29 de junio negó el uso de tarjetas de prepago, y luego el reconocimiento tardío de Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Codwell de que, en efecto, el PRI había dispuesto de su financiamiento público recursos para pagar servicios de Monex, y luego la propia declaración del PRI en el expediente en el sentido de que realizó ciertos pagos a través de las tarjetas de
Monex a elementos de su estructura.

No podemos saber con certeza las causas por las cuales se produce este retroceso asumido por los consejeros electorales Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Macarita Elizondo y Sergio García Ramírez, pues no explicaron realmente sus razones, mucho menos este último, cuyo voto fue decisivo a favor de la exoneración del PRI en el caso Monex.
Tomado de La Nación


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