Iberoamérica y las dos caras de la moneda

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La prosperidad de las sociedades está basada en su fortaleza institucional. Cauces legales predecibles ante la profunda diferencia política son esenciales en el mantenimiento del orden público y la promoción del crecimiento económico al interior de las naciones, más aún en zonas en vías de desarrollo como la nuestra.

Hoy, Iberoamérica presencia las dos caras de la moneda: de un lado, España, que mantiene la estabilidad a pesar de meses sin la conformación de gobierno; del otro, Venezuela y su profunda crisis ante la ausencia de un gobierno responsable en procurar condiciones mínimas de bienestar a sus ciudadanos. Ambos ejemplos muestran la importancia de apostar por las instituciones y por una clase política comprometida con hacer valer el marco constitucional.

España tendrá cuatro meses más con un “presidente en funciones” al prever la toma de protesta de una nueva administración constitucional, cuando menos hasta el próximo agosto. Desde el 20 de diciembre del año pasado el voto popular produjo una cámara dividida, donde ningún grupo parlamentario, en alianza con otras fuerzas, pudo conseguir la mayoría de legisladores necesaria para conformar gobierno. Este es un escenario inédito para la democracia española y uno de los contados casos europeos en que los partidos fracasan en las distintas rondas de negociaciones. Otras experiencias en condiciones similares produjeron gobiernos de minoría, con periodos de vida muy cortos y obligados a celebrar elecciones adelantadas. En España fue imposible siquiera un acuerdo así y el escenario de mediano plazo se observa retador: de acuerdo con encuestas, la nueva elección en principio reproducirá los mismos resultados, por lo que una alianza parlamentaria será necesaria para dejar atrás el actual gobierno en funciones, el cual sigue encabezado de manera temporal por el mismo Mariano Rajoy.

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Del otro lado del péndulo se encuentra la Venezuela sumida en el desgobierno. La ideología bolivariana y el consecuente autoritarismo de Nicolás Maduro, agravan una crisis nacional que parece administrar más un gobierno en funciones que el observado en España. El sucesor de Hugo Chávez ha llevado a la sociedad venezolana al desabasto de los productos básicos más esenciales, a una crisis energética incapaz de dotar electricidad suficiente a las actividades productivas y de gobierno, al fracaso de la política cambiara que impide a las empresas importar los bienes necesarios para su producción, así como a enfrentar una inflación esperada de 700%, prevista por el Fondo Monetario Internacional para este año.

Son estériles los llamados de Maduro a tomar popularmente las empresas obligadas a parar sus actividades en medio de la crisis: sin luz, insumos y capacidad adquisitiva de la población, está de más si las encabezan dueños o trabajadores, infraestructuras muertas incapaces de generar valor y utilidad social. En este frágil escenario, el referendo revocatorio impulsado por la oposición puede ser la última llamada para la estabilidad en el país. Apenas ayer se presentaron los casi dos millones de firmas necesarios para dar continuidad al proceso y, con el mayor sentido común, esperemos que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela deje a un lado sus tácticas dilatorias.

A España el aprendizaje democrático le costó la sangre de una trágica guerra civil, que esperemos no sea derramada en una Venezuela cada vez más polarizada por Nicolás Maduro. Las naciones latinoamericanas debemos reconocer el valor de las instituciones que, a pesar de extendidos escenarios de incertidumbre como la actual situación española, son capaces de seguir generando bienes públicos, certidumbre a la inversión extranjera, recuperación del empleo y alternativas de salida pacífica a la división política generada por nuevos equilibrios de representación electoral. También, apostar por corrientes políticas respetuosas de la ley y las instituciones. Una clase política comprometida con la construcción de consensos, la división de poderes y la rendición de cuentas, contraria a gobernar por decreto y el uso de la fuerza. La pluralidad sometida al cauce institucional es la única vía para el desarrollo de nuestros países.


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