La inconformidad con la clase política se ha expresado de diferentes maneras en materia electoral.
Una de ellas es la propuesta de no acudir a votar e incluso, como lo ha hecho un sector del magisterio, amenazar con boicotear las elecciones del próximo 7 de junio. Es decir, impedir que otros voten.
Otra idea es más sensata, pues no busca prevenir el ejercicio de un derecho ciudadano: votar pero sin dar el sufragio a alguno de los partidos que participarán en la contienda por la Cámara de Diputados y por los cargos locales que estarán en juego en 17 entidades.
En realidad no es nuevo el llamado a anular el voto. Desde hace años ha habido quienes han tachado toda la boleta o han dejado escritas en ella expresiones de protesta.
En las elecciones intermedias de 2009, incluso, se articuló un movimiento en ese sentido que, entre otras cosas, demandaba que se reformara la ley para incluir una casilla de “voto blanco” en las boletas, una opción que ya existe en otros países.
Como están las cosas hoy es imposible distinguir en las actas electorales —y, por tanto, en las estadísticas oficiales de las votaciones— los votos nulos que se emiten como manifestación de rechazo a los comicios y/o a los partidos de aquéllos que resultan de un error por parte del votante o desconocimiento de cómo ejercer el sufragio.
Aun así, es interesante ver qué ha pasado con el voto nulo en años recientes, pues a nivel local sí se pueden establecer algunas tendencias.
La primera conclusión es que el voto nulo no es un fenómeno nacional sino regional. La segunda, que es más rural que urbano.
Si se comparan procesos electorales similares —como la elección de diputados federales de mayoría— ha habido un aumento constante del porcentaje de voto nulo a nivel nacional, en los años de elección presidencial, de 2.32% en 2000 a 4.96% en 2012.
Si se toman en cuenta sólo las elecciones intermedias, también hay una tendencia al alza, pues se pasa de 2.83% en 1997 a 5.40% en 2009. Éste último es el porcentaje más alto que se ha dado en un proceso para renovar la Cámara de Diputados.
En los comicios de 2012 se registraron 2.4 millones de votos nulos, más de los que se emitieron por el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. También fueron más que los que obtuvo por cuenta propia el Partido Verde (sin considerar su alianza electoral con el PRI).
A nivel estatal el voto nulo muestra tendencias interesantes. Hubo estados donde el fenómeno tuvo porcentajes muy superiores a la media nacional en 2012, como Michoacán (8.68%), San Luis Potosí (8.85%) y Chihuahua (9%). En esas tres entidades, el voto nulo va al alza desde 2006.
A nivel regional, la Huasteca se ha ido consolidando como el feudo del voto nulo. En el distrito 07 de San Luis Potosí se anularon diez mil 897 sufragios en 2012 —la mayor cifra a nivel nacional en un distrito electoral—, lo que corresponde a 6.11% de la votación en la demarcación.
En el municipio de Tamazunchale, cabecera del distrito 07, se anuló 13.4% de los votos, mientras que en el de Xilita, que también forma parte de éste, el porcentaje de anulación fue de 13.68.
Un fenómeno microrregional es el de Huehuetlán, San Luis Potosí, en la misma Huasteca. Ahí fue anulado 16.08% de los votos. Lo interesante es que en ese lugar la proporción de voto nulo siempre ha sido de 9% o más desde 2003.
Alguien puede decir instintivamente que en ese lugar muchos de los votos nulos tienen que ver con el desconocimiento sobre cómo votar.
Sin embargo, esa opinión tiene que ser matizada por el hecho de que PRI y PAN han ganado alternadamente la mayor cifra de votos para diputados federales de 2003 a la fecha, es decir, parece que en Huehuetlán sí hay competencia.
En una casilla de ese mismo municipio, la CO1 de la sección 475, localizada en el ejido de Chununtzen II, se anuló uno de cada cinco votos en 2012. En esa casilla ganó el PAN, con 231 sufragios, pero los 121 votos nulos pudieron hacer la diferencia, pues el PRI sacó 139 y el PRD 22.
Fuera de la elección de 2009, el voto nulo ha sido más un fenómeno rural que urbano. En 2012, los diez distritos con porcentaje más alto de anulación son predominantemente rurales. La única urbe donde crece sostenidamente es Ciudad Juárez.
En el DF, la anulación del voto se ha manifestado de manera más errática. En 1997, fue 2.24%; en 2000, 1.92%; en 2003, 3.89%; en 2006, 1.78%; en 2009, cuando se hizo notar la campaña a favor de la anulación, llegó a un espectacular 10.86%, y en 2012 bajó a 3.41 por ciento.
En 2009, en una sola casilla localizada en la colonia Tepalcates de la delegación Iztapalapa, se anularon 423 votos de 698 emitidos, es decir, más de 60%. Sin embargo, en 2012, la casilla donde pesó más la anulación fue una de la colonia La Conchita, de la delegación Álvaro Obregón, donde 14.1% fue nulo.
Como se ve, el voto nulo no ha sido un fenómeno nacional —más rural que urbano—, aunque a nivel regional sí puede llegar a impactar en el resultado de los comicios.
Lo cierto es que los proponentes de la anulación como forma de rechazo a la partidocracia aún están lejos de que su mensaje se registre.
Al margen de la discusión sobre si es una opción política válida —teórica y prácticamente—, la suya es una batalla cuesta arriba, que todavía tiene muchas dificultades para hacerse notar.
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