Tras dos años de tener en el cadalso a la Secretaría de la Función Pública, que junto con los Órganos Internos de Control debería desaparecer, ahora la reforzó el presidente al nombrar a un Secretario de la misma. Qué bueno que se ha recapacitado y así esperamos que la ley de la administración pública federal se vuelva a modificar para conservar esta útil Secretaría.
Para quienes tuvimos la oportunidad de participar en las muy diversas tareas que hace la SFP, el mantenerla como parte acompañante del sistema nacional anticorrupción que está por aprobarse, es una noticia buena para el país. Igualmente el que se conserven las contralorías internas, que se iban a sustituir por unas absurdas “unidades de auditoría interna”, al servicio de las cabezas de las instituciones federales. En ambos sexenios panistas se “trabajó muy duro”.
Pero hay un gran error político cometido por Peña Nieto: al nombrar a Virgilio Andrade como Secretario, le encargó una “misión imposible”, que es el averiguar si hubo conflicto de intereses en la compra de las casas suya, de su ahora esposa y de su Secretario de Hacienda. El error respecto a la lucha contra la corrupción y la buena administración pública, es que la investigación no va a llegar a nada.
El resultado de la investigación sobre posibles conflictos de intereses, que será negativo, es decir, a favor del presidente, hará que toda la labor de la SFP se ignore por completo, quedando en la mente de la ciudadanía que como auditora y en general, no sirve para nada, que está para cubrir al presidente y sus intereses.
Pero, primero: ¿Por qué no aparecerán los conflictos de intereses con semejante investigación? Porque las operaciones mercantiles de compra-venta resultarán totalmente legales, ya que cualquier conflicto de interés estará tras bambalinas. Para empezar, la compra de la casa de Peña Nieto se hizo siendo gobernador del Estado de México, ergo, no es asunto federal. Segundo, lo importante está en los dineros, su origen, con los que se compraron o engancharon los inmuebles, y además, si realmente se pagaron o no, pienso yo. Todo ello, fuera del alcance de las facultades de la SFP, estrictamente hablando.
Como resultado, entonces, tendremos el desprestigio de la SFP. El problema estriba en que durante años se ha identificado a esta Secretaría únicamente con sus funciones auditoras, olvidando todo lo demás. Con una investigación o auditoria de los probables conflictos de interés, esa imagen de auditora “buena para nada” se fortalecerá.
¿Cómo se le dará una buena imagen a la SFP? He allí el problema, si consideramos todo lo que hace, además de auditar, y que por una eterna falta de comunicación, casi nadie conoce y mucho menos valora. Precisamente por eso EPN decidió borrarla de su gobierno al tomar posesión en 2012. Ya Felipe Calderón había cometido ese error, pretendió desaparecerla y afortunadamente dio marcha atrás.
El nulo manejo de la comunicación social de la SFP tanto en gobiernos priistas como panistas, es la razón del desconocimiento de las actividades de la SFP. Sus labores para modernizar la administración federal, y demás funciones que realiza, no aparecen por ninguna parte, pero en realidad es muy fácil darlas a conocer.
De hecho, cuando el ahora Secretario Andrade acudió con su equipo de trabajo a conocer a la SFP en el periodo de transición de FCH a EPN, quedó, en opinión del Secretario Morgan y otros altos funcionarios, muy satisfecho. Incluso se pensó que EPN lo nombraría Secretario de Función Pública, lo que apenas ahora sucedió.
El gobierno federal deberá trabajar muy inteligentemente para respaldar a esta Secretaría, tras lo que tenemos que esperar: un “resultado sin resultados” de la investigación sobre conflictos de intereses en la compra de las famosas casas.
Ojalá los partidos de oposición, sobre todo Acción Nacional, se documenten e informen muy bien sobre el trabajo de la SFP, del que NO es auditoría sobre todo, para que quede bien integrada al futuro sistema anticorrupción por una parte, que se vigile su trabajo y bien respaldada sobre todas las otras actividades que realiza en beneficio de la administración pública federal y local.
Una falla fundamental de información a la ciudadanía, ha sido la creencia de que la SFP no castiga a los responsables de corrupción. La razón es que aplicar las sanciones pecuniarias y penales nunca ha sido de su competencia. Las multas por ejemplo las debe cobrar Hacienda, que luego no lo hace, y la prosecución de los delitos está a cargo de la PGR, a quien la SFP turna expedientes.
Los esfuerzos por mejorar el control en la contratación de compras y obra pública que hizo la SFP en los sexenios panistas encontró muchos problemas a resolver, pues lo intrincado de los procesos y la connivencia de la corrupción vienen de muchos años atrás. De esta forma, algo se avanzó pero quedó mucho camino por recorrer. Lamentablemente, además, la percepción ciudadana es que en estos poco más de dos años de gobierno priista, la corrupción aumentó por falta de interés en combatirla. Toca al Congreso legislar para enderezar la lucha.
Los buenos resultados de la SFP en general, sobre todo en el sexenio calderonista, han sido recibidos “como si nada” por la sociedad, que no ha apreciado las diversas mejoras en atención pública del gobierno, los avances en materia de normatividad, control interno, de gobierno electrónico, en operación regional, servicio profesional de carrera, transparencia, atención a quejas y denuncias, conciliaciones, registro de Compranet, control de declaraciones patrimoniales y otras cosas más. Ojalá esta falta de información se corrija, para bien de la sociedad mexicana.
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