Fosas y crimen: la imagen de México

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Nuestro país vive días de tragedia y luto. Ya son 19 fosas clandestinas las que se han encontrado en Iguala. Es un hallazgo macabro, reflejo de la alarmante descomposición política y social que sufrimos. Hace unos días, el padre Solalinde afirmó con crudeza: “México entero ya es una fosa común”.

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal que desde el primer día ha hecho por proyectar una imagen de estabilidad y modernidad en el exterior, e incluso de ser un país en condiciones de participar más activamente en la resolución de los problemas de otros países y del mundo, los sucesos que uno tras otro han sucedido a partir de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, nos evidencia como un Estado que sufre de una gran debilidad institucional e incapaz de garantizar la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos en su propio territorio. Primeras planas y editoriales de medios en todo el mundo lo han consignado ya.

Ante esto, cada día son más los organismos y organizaciones de la sociedad civil internacionales que al mismo tiempo que muestran su preocupación, exigen al gobierno de México el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los culpables, la reparación del daño a las víctimas y un plan de acción para corregir los daños producidos debido a la infiltración del crimen organizado en el corazón de las instituciones, así como prevenir más corrupción, desapariciones y muertes.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó por poner en duda la eficacia del plan de seguridad del presidente Peña; el Grupo de América Latina y el Caribe de la Unión Interparlamentaria se pronunció por una investigación que esclarezca los hechos y sancione a los responsables; el Parlamento Europeo decidió discutir, con carácter de urgente, el caso de Ayotzinapa; y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Involuntarias Forzadas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordaron que durante años han identificado la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, así como las deficiencias en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Asimismo, resaltó que “lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable” y que “cada día se recibe información que hace aún más aterradora esta historia”.

De la respuesta de un gobierno que apostó por dejar de hablar de la inseguridad y la podredumbre como su principal estrategia, depende en gran medida la recuperación de la imagen de un México próspero y seguro que entre todos, los principales partidos políticos y la sociedad, durante dos años hemos ayudado a generar, bajo la premisa de que la imagen no puede inventarse, sino que debe sustentarse en la realidad. Hoy, el gobierno y sus funcionarios deben reconocer que es insostenible seguir por la vía de las cenas de Estado como su estrategia para vender una buena imagen de México. Hoy más que nunca urge concentrarse en levantar la casa.

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República ha pedido formalmente la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. La gravedad de la ingobernabilidad lo amerita. La violencia se puede acrecentar y es necesario darle cauce institucional a un legítimo clamor. Las autoridades han sido omisas y en muchos casos cómplices. Ello ha agotado su legitimidad para el ejercicio del poder. Ciertamente la sola desaparición de poderes no bastará para terminar con el problema que se vive en la entidad pero sí mandaría un claro mensaje a la clase política de todo el país: basta de impunidad.

Los sueños de modernidad que aparecen una y otra vez en el imaginario colectivo, sólo se harán realidad cuando haya una auténtica renovación política que deje a un lado la cultura de la simulación. Muchos gobernantes hacen que gobiernan pero no gobiernan, hacen como que combaten la corrupción, pero en realidad la profundizan, hacen como que luchan contra la inseguridad, pero sólo la favorecen. La raíz del problema, que es como sabemos, la amplia penetración del crimen en las comunidades, los partidos y los gobiernos sobre todo a nivel local, parece hoy imposible de erradicar, por eso es alentador que los dirigentes del PAN, PRD y PRI hayan hecho un pacto para, al menos, intentar postular candidatos limpios. Si hubo un Pacto por México, que logró en materia legislativa lo que igualmente parecía imposible, debe ahora haber un nuevo Pacto por la Seguridad y el Buen Gobierno. El monstruo de las mil cabezas sólo podrá ser aniquilado, como cuenta la leyenda, entre dos —este caso, muchos más—, que trabajen juntos.


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