Derecho a respirar

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Ahora ponen en el centro del debate cancelar las marchas para combatir la gravísima crisis ambiental, pero sólo buscan una cortina de humo.

Conforme pasan las semanas y la contaminación no amaina, lo único claro es que desde Peña Nieto, pasando por Pacchiano, secretario de Medio Ambiente federal, las autoridades del Gobierno de la CDMX y hasta los de la CAMe, son las ideas efectivas las que no circulan.

Ahora ponen en el centro del debate cancelar las marchas para combatir la gravísima crisis ambiental. Pero lo ignoran o sólo buscan tender una cortina de humo simple y sencillamente porque no es posible.

Revisemos el tema para que quede claro que no hay forma de regularlas o cancelarlas, por el momento.

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Han transcurrido más de 20 meses y la Suprema Corte no ha emitido sentencia alguna que recaiga a las acciones de inconstitucionalidad y, en consecuencia, establezca criterios relativos a la armonización en el ejercicio de dos derechos fundamentales que pudieren colisionar: el derecho de libre manifestación y el derecho de libre tránsito. Estos criterios deben quedar plasmados en la Constitución local, a fin de que en este nuevo ordenamiento se refleje la visión del máximo órgano jurisdiccional del Estado sobre el tan polémico tema de una posible regulación de las marchas.

La Ley de Movilidad del Distrito Federal fue publicada en la Gaceta Oficial el 14 de julio de 2014.

Los artículos del 212 al 214 estipulan que Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública, y que los grupos o individuos deben dar aviso. Así como también que para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente lícita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma. La Administración Pública, en el ámbito de su competencia, deberá informar a la población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Y, además, la Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua.

Pero el 13 de agosto de 2014 fueron interpuestos por la CNDH y la CDHDF, respectivamente, acciones de inconstitucionalidad para que, conforme con los tratados internacionales de derechos humanos sobre los alcances del derecho de reunión, manifestación y libre expresión, en la lógica de la armonización de éstos, con el de libre tránsito y movilidad, el alto tribunal fije la interpretación de los preceptos relativos al espacio público como el espacio de concurrencia y armonización de todos estos derechos. Hoy, el lento caminar de la Suprema Corte en este tema nos alcanza y rebasa en el marco de un colapso ambiental.

De tal suerte que, aunado al pobre intento de solucionar la crisis mediante el Hoy No Circula un día no y otro tampoco, pone a las autoridades contra la pared y ante la ausencia de un plan integral ahora piden que se regulen las marchas en contingencias ambientales.

Si la resolución está próxima, el impulso debe alcanzar el ámbito federal para legislar las marchas que llegan a la capital, porque tienen un origen y ahí es por donde debe comenzar la regulación.

La Ciudad padece entre ocho y nueve manifestaciones en promedio al día. Los capitalinos estamos esperando que la Corte defina sobre los derechos de expresión, manifestación y libre tránsito, pero que piensen en la mayoría de los chilangos y se privilegie, por encima de todo criterio, nuestro derecho a respirar aire limpio.


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