Fiscal Anticorrupción

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Con la reforma constitucional a la Procuraduría General de la Republica, para transformarla en Fiscalía General, se estableció también la creación de dos fiscalías específicas: la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral, ambas con su denominación definen cada una la materia a atender.

Está por demás decir que dentro y fuera del país, nos colocamos como una nación con elevados índices de corrupción e impunidad, tema que ocupa la atención desde hace varios años, sin avances sustanciales, por el contrario, constituyen prácticas cotidianas en todos los niveles y órdenes de gobierno.

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Todo parece indicar que ha llegado la hora de poner atención en serio en esta área. El destino nos alcanzó y es inevitable el combatir de manera efectiva el flagelo de la corrupción.

Sin embargo, el problema no es sencillo. Al estar tan arraigado resulta altamente complejo implementar acciones para abatirlo, como también el postergar los caminos de solución implica un mayor desgaste en un país en crisis.

En principio podemos decir que el balón está en la cancha del Senado, al tener la responsabilidad de nombrar por primera ocasión en México un Fiscal Anticorrupción, cuya relevancia no es menor.

¿Cuáles serán las características y el perfil considerado por los senadores para elegir al fiscal?, es una pregunta que se encuentra en el aire, pues cuando menos suponemos que debe tratarse de una persona intachable, con prestigio social, conocedora del área jurídica, especialista en el tema y que inspire absoluta confianza.

Además de lo anterior, que cuente con las facultades necesarias para desarrollar con efectividad su función, aunado al apoyo presupuestario, de infraestructura, equipo y recursos humanos suficientes para enfrentar con eficiencia la encomienda.

Aquí nos encontramos en una disyuntiva, pues cumplir con el perfil requerido o deseado es difícil, aunque existen personas que lo tienen, por otro lado, es insuficiente dejar en manos de un profesionista serio, capaz, con crédito social, la encomienda de ir metiendo orden para evitar la corrupción y, a la vez, carecer de los elementos necesarios para desarrollar con eficacia esa función.

Así las cosas, la Cámara Alta y el Poder Legislativo, están obligados a actuar en consecuencia, pues son corresponsables tanto en abatir la corrupción y la impunidad o dejar las cosas igual, como dice el refrán: “tapándole el ojo al macho", traicionando las expectativas de quienes deseamos un verdadero estado de derecho y un país de leyes.

Aquí es donde el Congreso tiene la oportunidad de actuar como un real poder republicano.

¡Ya veremos!


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