Sólo en el México del PRI se logra un pacto histórico entre las principales fuerzas políticas para aprobar reformas largamente esperadas que luego el gobierno no se atreve a implementar. El Pacto por México, envidiado por muchos mandatarios y presumido hasta el cansancio por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por todo el orbe, cuenta entre sus reformas estrella a la educativa, cuyo objetivo es una educación de calidad, para lo cual resulta indispensable incrementar las competencias y conocimientos de los maestros a través de un sistema de evaluación que haga posible que sólo en las manos de los más competentes esté la responsabilidad de educar a nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, el día de ayer la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión indefinida del proceso de evaluación de maestros para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica, media y media-superior.
Con esta medida, el gobierno federal, doblegado ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) viola flagrantemente la Constitución perjudicando no sólo a los millones de alumnos que merecen una mejor educación y un mejor futuro, sino que, en palabras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, “se atenta contra el derecho de casi 400 mil mexicanos, entre aspirantes a ingresar al servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una promoción, así como docentes interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito.” Es decir, los derechos de la mayoría se ven cancelados por la presión de una minoría ejercida a un gobierno cómplice y débil.
Además de los efectos dañinos que para cada persona, ya sea alumno o docente, representa el postergar la implementación de la evaluación docente, los daños para el país son incalculables si consideramos que la mediocridad del sistema educativo es el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Todos los indicadores internacionales muestran lo mal que estamos, como ejemplo, el Reporte sobre Capital Humano 2015 del Foro Económico Mundial ubicó a México, por su educación básica, en el lugar 102 de 124 países, y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta que 5.5 estudiantes de cada diez no tienen las competencias mínimas en ejercer el pensamiento cognitivo y que sólo 0.1% de los alumnos mexicanos tiene un nivel de excelencia en ciencias.
Así, mientras los integrantes de la CNTE pasan más tiempo bloqueando calles y haciendo manifestaciones que dando clases; sin el menor remordimiento dejan cada año a miles de alumnos sin estudiar cada vez que se les antoja; amenazan con impedir el desarrollo de las elecciones y el gobierno federal los tolera, los niños de Corea, Chile, India o China se preparan día a día para competir en la sociedad del conocimiento. Los datos económicos de esta misma semana demuestran cómo nos estamos quedando atrás: mientras que nuestro PIB per cápita se redujo a nueve mil 575 dólares como en 2010, Chile y Uruguay ya lo duplican, alcanzando los 18 mil dólares per cápita.
Si seguimos por este camino, en vez de ser capaces de producir nuestra propia tecnología, ser más productivos y competitivos por nosotros mismos, estaremos condenados a competir por seguir maquilando, con salarios bajos, las innovaciones de otros.
Lo he dicho muchas veces en este espacio: el gobierno del presidente Peña ha tenido, como ningún otro, una oposición dispuesta a lograr acuerdos, a mirar por el bien del país para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Sin embargo, con errores, incompetencias y complicidades, está echando por la borda todo lo alcanzado y desaprovechando un momento crucial en la historia de México. La oposición, señor Presidente, le dio los votos para las reformas, su obligación, ahora, es implementarlas.
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