El estado de la libertad de expresión y el acceso a la información en México se puede describir como uno en el cual la crisis informativa y los desafíos significativos son el reflejo de los momentos que vivimos en este ámbito, en el que dicha libertad está en riesgo.
Se considera que la democracia se tambalea en un entorno donde la información se oculta, las voces críticas son inhibidas y autocensuradas, la verdad se distorsiona y no se imparte justicia. Aunque México cuenta con un marco normativo sólido para proteger la libertad de expresión, incluyendo preceptos constitucionales y tratados internacionales, y reconociendo sus dimensiones individual, social y democrática, la realidad institucional y la práctica gubernamental plantean serios obstáculos.
Los desafíos identificados en las fuentes son multifacéticos y se manifiestan a través de varias barreras:
- El apagón de la transparencia: Se señala como un golpe demoledor contra la rendición de cuentas. La desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), justificada oficialmente por austeridad o corrupción, en realidad permite al gobierno ocultar corrupción, violaciones a derechos humanos y abusos de poder. La transferencia de sus funciones a una secretaría del Poder Ejecutivo pone en riesgo la independencia, especialización e imparcialidad. Esto se considera un grave retroceso que debilita la capacidad de vigilancia y fiscalización imparcial de las actividades gubernamentales. La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) están en riesgo. Las reformas limitan la obligación de las entidades de documentar todos sus actos y amplían las causales para reservar información, facilitando la opacidad. La falta de un ente autónomo que garantice el acceso eficaz fragmenta el sistema y puede perder solicitudes en la burocracia.
- El Estado digital y la vigilancia: Si bien hay avances en la digitalización gubernamental, el Estado también avanza en un sistema de vigilancia y control informativo centralizando datos personales. Se documenta el abuso de tecnologías emergentes, como la recolección de datos biométricos y sistemas de vigilancia, adquiridos por entidades como el INM y la FGR, sin la supervisión adecuada y sin controles claros, poniendo en peligro el derecho a la privacidad y otros derechos fundamentales. Existe opacidad sobre la adquisición y uso de tecnologías por el sector público, particularmente de seguridad. La falta de transparencia sobre estas tecnologías y sus proveedores facilita su uso abusivo o ilegal. La dependencia en la tecnología para resolver problemas complejos («tecnosolucionismo») es una preocupación. La digitalización de trámites y servicios gubernamentales puede llevar a la exclusión digital si no se abordan las disparidades en acceso, uso y habilidades tecnológicas. La vulnerabilidad de la privacidad y seguridad de datos personales es un desafío, dada la historia de manejo incorrecto por dependencias públicas y la falta de confianza ciudadana. La adquisición de tecnologías de empresas con historiales cuestionables en derechos humanos agrava este riesgo.
- La persistente violencia contra la prensa: La violencia contra la prensa en México aumentó en 2024, con 639 agresiones documentadas, un incremento del 13.90% respecto a 2023. México ocupa el tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas. Los principales agresores son las autoridades mexicanas (44.91% de los casos), incluyendo funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civiles y fuerzas armadas. Los particulares son el segundo tipo de agresores, con un aumento significativo que podría estar relacionado con el discurso estigmatizante oficial. La falta de tolerancia a la crítica y el escrutinio público por parte de instancias gubernamentales y personas en el poder es persistente. El uso de conferencias de prensa matutinas por parte de la presidencia para descalificar a periodistas y medios se mantuvo con el nuevo gobierno. Otras formas de violencia incluyen intimidación y hostigamiento, uso ilegítimo del poder público (incluyendo acoso judicial), bloqueo o alteración de contenido, amenazas y ataques físicos. El acoso judicial por vías civiles, penales o electorales es utilizado por autoridades y particulares contra la prensa. La violencia se inserta en un contexto de macrocriminalidad, donde se difuminan las responsabilidades entre actores estatales, crimen organizado y corrupción política, perpetuando la impunidad. La impunidad es un eslabón roto de la justicia, con solo uno de cada tres periodistas agredidos presentando denuncia y la mayoría de los casos en impunidad. La precariedad laboral y económica de muchos periodistas agrava su vulnerabilidad. La violencia busca silenciar la cobertura sobre temas como corrupción, política, seguridad y justicia.
- La transición al olvido: El sexenio anterior terminó con un balance negativo en cuanto a la deuda de verdad, justicia y no repetición. Iniciativas como la CoVAJ-Ayotzinapa y la CoVEHJ no dieron los resultados esperados. Hubo protección a las fuerzas armadas y menosprecio por la crisis actual de desapariciones. El informe final de la CoVEHJ tuvo difusión limitada, sin un reconocimiento público de alto nivel. Las víctimas de violaciones graves a derechos humanos del pasado sienten incertidumbre y desesperanza. La crisis forense es enorme, con más de 72,000 cuerpos sin identificar al final del sexenio anterior. Las personas buscadoras de desaparecidos enfrentan riesgos y agresiones, y la Comisión Nacional de Búsqueda sufrió un recorte presupuestal. Se documentó la negación gubernamental sobre los «vuelos de la muerte» y la participación militar en atrocidades pasadas. A pesar del reconocimiento simbólico de la masacre de 1968 como crimen de Estado por el nuevo gobierno, persiste la preocupación por la militarización creciente (integración de la Guardia Nacional a Sedena) y la opacidad de las fuerzas armadas, lo que pone en duda la garantía de no repetición.
- La incertidumbre institucional: El sexenio anterior se caracterizó por la erosión institucional de instancias autónomas. Reformas recientes al sistema judicial y organismos autónomos han consolidado cambios estructurales que arraigan la incertidumbre. La reforma judicial debilita la independencia judicial al diluir la barrera con el Ejecutivo y no aborda las fallas de las fiscalías, perpetuando la impunidad. La CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) mantuvo una postura condescendiente con el gobierno anterior y fue reelegida a pesar de críticas por falta de autonomía y omisión en atender violaciones actuales, lo que mina la confianza de las víctimas. El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, aunque es la principal ventanilla de atención, sufre limitaciones presupuestarias que impiden una protección eficaz. Enfrenta falta de coordinación con otras autoridades, deficiencias internas (enfoque individual, falta de prevención, ejecución ineficaz), altas tasas de rechazo de solicitudes y incertidumbre en el personal. La CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) también padece recortes presupuestarios, incluso por debajo del mínimo legal establecido, lo que retrasa o impide la ayuda y reparación integral a las víctimas. El presupuesto federal asignado a justicia, derechos humanos y atención a víctimas es notablemente bajo en comparación con el de las fuerzas armadas.
En el ámbito digital, las fuentes resaltan preocupaciones adicionales sobre cómo se ejercen las restricciones:
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- La prohibición de censura previa es un pilar, y las restricciones deben pasar un test tripartito (legalidad, necesidad, proporcionalidad), sumado a una «perspectiva sistémica digital» que considere la arquitectura de Internet (libre, abierta, descentralizada).
- Sin embargo, se utilizan medidas cautelares sin orden judicial como un mecanismo de censura previa incompatible con los estándares internacionales.
- El principio de no responsabilidad de intermediarios (que no son responsables por contenido de terceros sin una orden judicial) es crucial, pero se ve amenazado por la presión estatal y la amenaza de sanciones, llevando a la sobre-moderación o «shadowbanning» (bloqueo sin notificación), considerados censura privada o indirecta.
- Conceptos como el mal llamado «derecho al olvido» (cancelación de datos personales) son considerados incompatibles con la libertad de expresión y el acceso a la información, ya que facilitan la censura y carecen de control judicial adecuado.
- La aplicación de figuras como la Violencia Política por Razones de Género (VPRG), si bien buscan combatir la violencia machista, al utilizarse mediante medidas cautelares sin orden judicial, pueden resultar en restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, especialmente en contextos electorales y hacia periodistas que cubren temas públicos.
- Las restricciones por derechos de autor deben cumplir altos estándares y control judicial; los sistemas de notificación y retirada sin orden judicial se consideran incompatibles con la libertad de expresión en Internet y promueven la censura privada.
En conjunto, presenciamos un panorama donde la libertad de expresión en México enfrenta una erosión institucional, violencia persistente (impune en gran medida), opacidad creciente en la información (tanto analógica como digital) y riesgos significativos en el entorno digital debido a regulaciones y prácticas que no cumplen con los estándares de derechos humanos, a pesar de la existencia de un marco normativo protector.
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