Espionaje y oportunismo

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En México el espionaje es un delito que no tiene a nadie en la cárcel.

El espionaje y los servicios de inteligencia han sido una realidad en la política prácticamente desde que existe como tal. Desde los servicios que funcionaban en las guerras y más específicamente los conocidos en la Segunda Guerra Mundial y hasta los relativamente conocidos equipos de “opposition research” que los norteamericanos han popularizado (que básicamente se trata de un grupo de investigadores que van a documentar toda la vida de algún candidato, desde vecinos y compañeros de escuela y hasta registros digitales) la investigación siempre ha sido realidad.

En nuestro país y para ser un poco más específico desde unos tres años, han sido constantes los escándalos que se dan a partir de una grabación (de audio o video). Prácticamente todos los partidos y todos los medios han caído en el juego de sustentar acusaciones y razones en materiales que no pudieron ser conseguidos de un modo que no sea ilegal.

No es que el espionaje sea nuevo, lo hemos visto durante muchos años, pero la frecuencia con la que se están usando ese tipo de materiales ha crecido mucho y una de las pruebas que debería alarmar y generar una respuesta tanto en lo legislativo como en lo judicial es el caso del hacker colombiano que aseguró ser la cabeza del espionaje cibernético en la campaña de Enrique Peña Nieto.

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Sin embargo ese no es el único caso y se pueden citar algunos que tuvieron mayores repercusiones:

  • Las famosas llamadas el “Gober Precioso” Mario Marín, priísta de Puebla, en donde habla de Lydia Cacho y todo el tema de la pederastia.
  • La llamada de la senadora Claudia Corichi ofreciéndole a Ángel Aguirre apoyo de golpeadores zacatecanos para su elección.
  • La llamada en la que Luis Téllez confiesa que Salinas de Gortari se robó el dinero de la “partida secreta” del presidente.
  • La famosa llamada de Fidel Herrera (ex gobernador del PRI de Veracruz) cuando además de ofrecer recursos electorales se inmortaliza con la frase “estoy en la cima de mi pinche poder”.
  • Las llamadas filtradas de Josefina Vázquez Mota con el entonces diputado que llevaba la estrategia digital de la campaña Agustín Torres.
  • Las llamadas que iniciaron la persecución de Julio César Godoy en donde dialoga con “la Tuta”.
  • Las llamadas de Emilio Gamboa con Kamel Nacif sobre aprobación de leyes.
  • Las llamadas entre Fox y Martha Sahagún en el 2000 sobre la estrategia de comunicación de su campaña.

A todo esto le tenemos que sumar las recientes que se vieron en Sonora, en Colima (llamadas entre el candidato del PAN y su novia) y que ahora se ven en Veracruz y en otros estados.

Curioso pero el espionaje es un delito que no tiene a nadie en la cárcel en nuestro país. La impunidad es evidente y aunque muchas veces ese tipo de información ha cambiado el rumbo de elecciones o ha acabado con la imagen de personas, pareciera que es un recurso válido.

En lo personal pienso que si los medios y los políticos que filtren llamadas o material obtenido ilegalmente tuvieran consecuencias reales se podría atacar el delito y parar de tajo el oportunismo que ha llevado a que todos los partidos y todos los medios sean cómplices o, en otras palabras, el espionaje y el conocimiento de información privada es válido siempre y cuando no sea “mía”…

Se tiene que cambiar esta realidad porque hoy, no sólo se dice que espían a los actores clave, si no a todas las personas con las que interactúan y el mejor ejemplo de ello es el caso del hacker colombiano que dio a conocer las llamadas de un asesor de López Obrador.

Podría ser irónico concluir que al parecer quienes deberían velar por la seguridad nacional son los que han roto la ley y han hecho de la vida privada un arma en contra de cualquiera.


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