Aunque suene insólito, la 4T buscaría enjuiciar a 31 académicos, profesores y científicos por supuestamente violar la ley que prohíbe a los miembros de un consejo asesor recibir dinero de un fondo del gobierno para la ciencia.
Según distintos críticos, dicha ley fue aprobada en 2019, y los científicos del CONACYT recibieron los 2.5 millones de dólares antes, cuando era legal. El dinero tenía como fin promover discusiones científicas y aquellos involucrados han negado que los fondos fueran ilegales o se utilizaran de forma indebida.
De forma inicial, un juez en la prisión del Altiplano ya rechazó la solicitud de los fiscales de emitir órdenes de arresto contra los académicos, sin embargo, la propia Fiscalía General de la República ya amenazó con apelar e insistir en vincular a proceso a los académicos.
Derivado de este contexto, el mismo Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los cargos eran “un despropósito” y “algo inconcebible”.
«Es inevitable manifestarnos ante la creciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional, por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa”, señaló.
“Yo me permito afirmar que la UNAM reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y que creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados. Estaremos atentos y comprometidos con ello”, dijo el rector.
Ante tal situación, también académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otras instituciones pidieron un alto a la “represión” que emprendió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de científicos e investigadores del CONACYT.
En un desplegado, expresaron su rechazo a las acusaciones por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que se les busca imputar a 31 exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Recordaron que dentro de la acusación se encuentran científicos de gran prestigio nacional e internacional, miembros de diversas instituciones educativas públicas, de varios centros de investigación y empleados públicos.
“Para los abajo firmantes, estas injustas acusaciones contra miembros de la colectividad académica, entre los cuales se encuentran nuestros colegas la Dra. Julia Tagüeña Parga y el Dr. José Franco López quienes encabezaron el Foro Consultivo y el Dr. Enrique Cabrero, quien fue Director General del CONACyT, son inaceptables”, expusieron.
Los docentes exigieron atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determinó que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del CONACyT en 2020.
“Exigimos el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos (…) manifestamos nuestro rechazo a estas acciones de represión y convocamos a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria”, concluyeron.
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