Elección Judicial en México: Un Llamado de Alerta por Desigualdad

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La elección judicial federal del 1 de junio de 2025 en México enfrenta serias deficiencias que ponen en riesgo su equidad y legitimidad, según un informe del Observatorio Electoral Judicial. El análisis revela que al menos 201 candidatos no tienen posibilidades reales de ganar, mientras que otros 133 prácticamente tienen asegurada su elección antes de que se emita un solo voto.

Este proceso, inédito en el país, fue impulsado con prisas legislativas y sin los recursos necesarios para garantizar condiciones justas de competencia. Según el reporte, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió un presupuesto 52% menor al requerido, lo que limitó la infraestructura electoral, incluyendo el número de casillas, capacitadores y personal de apoyo.

Además, el tiempo para organizar la elección fue insuficiente: se requiere al menos un año de preparación, pero este proceso se desarrolló en menos de ocho meses. Estas carencias, combinadas con errores en el diseño de las boletas y la aplicación rígida de criterios de paridad de género, han generado escenarios donde el resultado de muchos cargos parece definido de antemano.

El informe destaca que el sistema electoral está estructurado de manera que algunos candidatos compiten en condiciones desfavorables. Por ejemplo, en algunas especialidades hay más de cinco hombres compitiendo por una sola vacante, mientras que hay una sola mujer que, al no tener competencia femenina directa, tiene asegurada su elección. Esto ocurre incluso si uno de los hombres recibe más votos: la división del voto masculino entre varios candidatos le da ventaja automática a la única mujer.

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En total, se analizaron 3,202 candidaturas para cargos judiciales federales, desde juezas y jueces de distrito hasta magistraturas de circuito. Las simulaciones realizadas por el Observatorio, basadas en modelos bayesianos, muestran que 48% de los aspirantes compite en condiciones de desventaja debido a la distribución geográfica y jurídica de los cargos.

Otro problema grave es la complejidad de las boletas electorales. Los ciudadanos deberán elegir entre 23 y 37 cargos judiciales federales, además de las candidaturas locales en 19 estados. Cada elector podría enfrentarse a más de 200 nombres en las boletas, lo que convierte en casi imposible el ejercicio de un voto realmente informado. De hecho, revisar brevemente cada perfil tomaría entre 15 y 18 horas de lectura continua.

Los lineamientos del INE también generan confusión sobre cómo se asignarán las vacantes. En especialidades con una sola plaza disponible, las reglas de paridad pueden hacer que una persona con menos votos gane simplemente por su género, afectando la percepción de justicia en el proceso. Aunque el objetivo de paridad es legítimo, su implementación mecánica y sin considerar el contexto ha generado distorsiones.

De acuerdo con el análisis, el 56% de las vacantes serían ocupadas por mujeres, pese a que representan el 42% de los candidatos. Esto significa que, aunque muchas mujeres tienen mayores probabilidades de ganar, muchos hombres competirán sabiendo que sus opciones son mínimas, incluso si obtienen más apoyo popular.

Además, al menos tres vacantes no tienen ningún candidato registrado, lo cual plantea dudas sobre la organización del proceso. Y en 95% de los distritos electorales hay al menos un problema de inequidad detectado, ya sea por falta de competencia real, mal diseño de boletas o aplicación inconsistente de los criterios de paridad.

El Observatorio advierte que estos elementos podrían generar un alto número de impugnaciones y cuestionamientos legales tras la elección. La improvisación y la falta de planificación en la organización del proceso están erosionando la credibilidad del sistema electoral y de las instituciones involucradas.

Ante este panorama, el Observatorio llama a corregir errores de diseño y legislación cara al próximo proceso electoral, que comenzará en 2026. Mientras tanto, el reto sigue vigente: garantizar que la primera elección judicial en México sea percibida como legítima, transparente y equitativa.


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