El verdadero apagón

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De pronto, en nado sincronizado, senadores del PAN, PRI y PRD, salieron a abogar por los más pobres de México y por su derecho a ver Televisión. Ante la cercanía del plazo que fijó la Constitución para el “apagón analógico” – 31 de diciembre de 2015 -, los distintos actores políticos hicieron la misma propuesta: posponer un año más el encendido de la transmisión digital en todo el país. Algunos Senadores del PAN, encabezados por Javier Lozano, y otros del PRD bajo el impulso de Zoé Robledo y Miguel Barbosa, presentaron sendas iniciativas de reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución en materia de Telecomunicaciones.

Como no lo han hecho jamás para cambiar el injusto modelo económico que concentra la riqueza nacional en unas cuantas manos, ni para denunciar la hambruna y la mortalidad infantil que lacera a vastas zonas de México, esa repentina convergencia pluripartidista preocupada por el derecho a la información de los más pobres, es en realidad la acción transversal del poder de Televisa, ya en varias ocasiones aglutinador de los más disímbolos actores políticos y sociales en torno de la protección de sus estrictos intereses. Es el poder que, según el sapo es la pedrada: chantaje, colusión, protección, cooptación o corrupción. Porque después del crimen organizado, la empresa de Emilio Azcárraga Jean, es uno de los poderes fácticos más corruptores de la vida pública en México.

Propusieron en el fondo mantener los dos sistemas de transmisión televisiva – analógico y digital – para que el duopolio de la televisión, pero esencialmente Televisa por ser el mayor concentrador de espectro en radiodifusión, siga acaparando un bien del dominio de la Nación de altísimo valor económico y social. Porque al apagarse en definitiva la transmisión analógica la Constitución ordena devolver las bandas del espectro radioeléctrico en las que operaba el antiguo sistema, que van desde los 400 Mgz hasta algunos segmentos de la banda de los 700 Mhz, donde precisamente se contiene otra de las grandes decisiones constitucionales en Telecomunicaciones: desplegar una red nacional de internet de ancho de banda.

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Al recuperarse ese espectro valioso, lo que se conoce como dividendo digital, puede ser licitado para nuevos y mejores servicios de telecomunicaciones, en cuanto a calidad, capacidad y velocidad. La banda de los 600 Mhz se orienta en el mundo hacia la utilización para datos.

En un extenso memorandum que dirijo a todos los senadores de la República, publicado hoy en mi pagina de internet, sostengo que además de ese acaparamiento con daño patrimonial al Estado, posponer un año más el apagón analógico, retrasa una competencia más efectiva en la Televisión abierta, pretende proteger a las empresas de Televisa que ofrecen Televisión por cable en la zona fronteriza y vulnerar de paso el proceso de licitación de la Red Compartida.

Pero lo que está en el fondo es el incumplimiento de inversión de las dos televisoras en la digitalización de sus señales en todo el país. Es falso lo que dijo Emilio Azcárraga Jean a Ciro Gómez Leyva en su programa de radio, en el sentido de que Televisa estaba preparada desde hace muchos años con sus equipos: “Nosotros tenemos ya en todas las plazas, en todos los transmisores y toda la parte técnica instalada para empezar el día que quisiera…”, así lo dijo, pero es una vil mentira. Sólo basta revisar el informe brindado por el IFT en términos del cumplimiento del programa de transición a la Televisión Digital Terrestre – publicado en su página de internet -, para darnos cuenta del enorme retraso en la digitalización de las señales complementarias concesionadas, las que por cierto, atienden las zonas más pobres y marginadas del país, ahí donde el interés publicitario no cuenta porque hay poca audiencia y cero anunciantes. Las complementarias son las retransmisoras de la señal principal, destinadas a lograr una mayor cobertura social. En éstas Televisa no ha cumplido con las inversiones a que la obliga la Constitución.

Del total de señales complementarias (846), actualmente sólo operan 67 bajo el sistema digital, porque así fueron asignadas originalmente. 313 tienen solicitud de migración pero no hay información de cuantas ya están funcionando, y de las 466 estaciones restantes, el 55%, ni siquiera se ha realizado la solicitud para transitar al sistema digital.

Por eso es falso que el tema del apagón analógico sea un problema de falta de cobertura poblacional en materia de receptores digitales; al ritmo que va el programa y en términos del público objetivo del subsidio gubernamental, es previsible que concluya la entrega el 15 de diciembre próximo, ni mas ni menos quince días antes del apagón.

Los datos duros del Instituto Federal de Telecomunicaciones echan abajo el intento de engaño: Según la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, actualmente el 94.9% de la población de México tiene acceso a la televisión analógica; 86.31% recibe al menos una señal de transmisión digital; el 76.05% ya recibe 4 señales de transmisión digital. Esto significa que sí es posible alcanzar la meta de 90% de penetración en los hogares que dispuso la Constitución.

El verdadero asunto es la falta de cobertura pero en la transmisión digital, el incumplimiento de las Televisoras para invertir en las zonas más apartadas. Por eso es tan deplorable y vergonzoso que un grupo de senadores se preste a la patraña, usando el popular discurso de “los más pobres que se quedan sin ver la tele”, para beneficiar a uno de los más ricos del país que, con su cañon del canal 2, consigue todo tipo de prebendas y privilegios del Estado, incluso ahora, ajustar la Constitución a sus intereses, y no someterse él, como cualquier otro empresario mexicano a la competencia y el Estado de Derecho.

Vulgar excepción al régimen constitucional; insula de poder que puede modificar fácilmente las reglas a su favor – no obstante que fueron llevadas al texto constitucional para que la “rigidez” de su proceso de reforma no las pudiera modificar al contentillo de un agente económico o político poderoso -, Televisa manda sí, el mensaje de su poder vigente y transversal a partidos y poderes. Pero México, como Nación y gobierno, le envía al mundo el deplorable mensaje de que las reglas constitucionales – en materia energética, de telecomunicaciones, educación, financiera o de competencia económica -, se pueden cambiar al gusto de un empresario con influencias en el Congreso. Sobre todo si tiene un arma poderosa como la del señor Azcárraga y la tiene apuntada a un régimen político corrupto y en franco proceso de pudrición y ocaso. Porque en todo caso, éste, es el verdadero apagón.


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