El presidente Peña tiene, posiblemente, su última oportunidad para no perder la escasa legitimidad que le queda.
¿Es Estado una organización que no puede aplicar la ley en sus recintos?
Jesús Silva-Herzog Márquez
Entre sus muchas propuestas, el Presidente de la República ha señalado cinco objetivos a concretar en la segunda parte de su administración. Los indicios, en cada rubro, no permiten ser optimistas.
Fortalecimiento del Estado de derecho. El deterioro del imperio de la ley es evidente. La misma declaración del Presidente, de calificar la posible fuga de Joaquín Guzmán como imperdonable, lo condena irremediablemente. Las posteriores declaraciones del secretario de Gobernación, incurriendo en contradicciones, complicaron aún más el escenario. Estoy convencido que va a ser muy difícil, en esta segunda parte de la administración, que haya eficacia en cerrar la brecha entre lo que la norma jurídica prescribe y lo que en la realidad acontece.
Estabilidad macroeconómica. Las noticias en materia económica son contradictorias. Se habla del arribo de inversión extranjera, pero al mismo tiempo de enormes desigualdades y mayor pobreza. Del año pasado al actual, ha habido una devaluación de 20% y el Inegi acaba de informar la disminución del ingreso de las familias mexicanas. También es posible que el deterioro en el Estado de derecho genere perjuicios económicos.
Instrumentación de las reformas estructurales. El balance más frío del proceso electoral en Chiapas lo hace el obispo de San Cristóbal de las Casas: “Esto es degradante, indigno, vergonzante, triste. Que nadie se espante de que haya mucho abstencionismo y de que algunas personas puedan pensar en otros caminos, incluso violentos (…) Me molesta y duele mucho que se haya degradado tanto la contienda política con base en regalos y promesas”. Este diagnóstico se puede generalizar a todo el país. Efectivamente, sí hubo una transición: atrás quedó el presidencialismo exacerbado y el partido hegemónico, pero no hemos llegado a una democracia, sino a una demagogia y a un deterioro grave de nuestras instituciones. Si la Reforma Política ha fracasado, ¿qué esperar de las otras reformas estructurales? La del sector energía inicia con el pie izquierdo y pone en evidencia la mezquindad del PRI y del PRD por no haberla aprobado cuando los precios del petróleo eran altos. En materia educativa se enfrentan problemas casi insuperables. Así podríamos irnos con las demás. Si el Estado de derecho es endeble, se contamina todo el aparato estatal.
Presupuesto Base Cero. Desde ahora manifiesto mi escepticismo. Un ejercicio de esa magnitud precisa de acciones que no se instrumentaron con oportunidad. A estas alturas, con una nueva legislatura, valorar cada partida y cada una de las políticas públicas sin tener todas las herramientas legales que un ejercicio de esos requiere es una tarea condenada al fracaso.
Desarrollo de las zonas marginadas del país. Cuando leemos que en Chiapas se rapa a maestros que pretendían ser evaluados, que en Oaxaca hay graves síntomas de descomposición y que en otros estados se acentúa la violencia, no sé en dónde y cómo podría sustentarse una política que refleje mayor desarrollo en las zonas marginadas.
El problema es la falta de liderazgo. Hay enorme irresponsabilidad en el sector público y una presidencia frívola que no está respondiendo a las exigencias de los tiempos actuales. Lo más grave es que persiste una total incomunicación entre lo que el pueblo demanda y lo que el gobierno hace.
Los líderes se prueban cuando deben enfrentar adversidades. El segundo trienio debe estar orientado con gran decisión y con hombres capaces. El presidente Peña Nieto tiene, posiblemente, su última oportunidad para no perder la escasa legitimidad que le queda.
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