El regreso de Trump traerá efectos negativos, pero también oportunidades: México Evalúa

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En un análisis reciente, México Evalúa revisa los retos y oportunidades que nuestro país enfrentará en 2025, considerando factores internos y externos. Se examinan áreas cruciales como finanzas públicas, regulación, seguridad, justicia y educación, con especial atención al posible impacto del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El análisis identifica riesgos significativos y oportunidades para mitigarlos, enfatizando la necesidad de acciones estratégicas para fortalecer la competitividad y la seguridad del país. Finalmente, se proponen medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción.

El efecto Trump

Las políticas de Donald Trump tienen el potencial de impactar significativamente la economía y seguridad de México de diversas maneras, según los riesgos identificados en el documento:

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Impacto Económico:

  • Disminución de transacciones financieras y comerciales: Las órdenes ejecutivas de Trump, especialmente la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs), podrían obligar a los bancos y entidades financieras a reforzar sus controles, lo que resultaría en mayores restricciones y costos para las transacciones financieras, y un acceso limitado al financiamiento para empresas que operan en México.
  • Controles aduaneros más estrictos: Se anticipa que se implementarán controles aduaneros más estrictos, generando retrasos en la frontera y aumentando los costos logísticos para las empresas, lo que afectaría sectores clave como la industria automotriz y las agroindustrias.
  • Restricciones comerciales regionales: Los productos de regiones consideradas vinculadas a los cárteles podrían enfrentar restricciones comerciales aún más severas.
  • Percepción de México como país de alto riesgo: La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos podría llevar a que México sea percibido como un país de alto riesgo, disminuyendo las inversiones cruciales para el crecimiento económico y la creación de empleos.
  • Incertidumbre política y depreciación cambiaria: Políticas proteccionistas de Trump, como la imposición de aranceles o la revisión del T-MEC, podrían generar incertidumbre financiera y volatilidad en el tipo de cambio, lo que elevaría la deuda pública externa y los intereses pagados en moneda extranjera.
  • Competencia con el «reshoring»: La política fiscal de Trump para promover el «reshoring» (repatriación de empresas) compite con el Plan México para atraer inversión extranjera, lo que podría afectar la consolidación de México como destino preferente para las cadenas de suministro.
  • Riesgo para el nearshoring: Las desgravaciones fiscales y la reducción del impuesto corporativo en EE.UU. podrían motivar a las empresas a reubicar sus operaciones, afectando el nearshoring y poniendo en riesgo la permanencia de empresas ya establecidas en México.
  • Efectos en el gasto público: Los menores ingresos públicos, resultado de un posible enfriamiento de la economía mexicana, podrían impactar en la recaudación de impuestos, limitando los recursos disponibles para el gasto público.

Impacto en la Seguridad:

  • Aumento de la violencia: El posible colapso del cártel de Sinaloa podría generar disputas entre facciones rivales y otros grupos criminales, lo que incrementaría la violencia en diversas regiones de México.
  • Expansión de la violencia político-criminal: Es probable que las organizaciones criminales extiendan su influencia al poder judicial debido a la omisión del Estado, lo que afectaría la impartición de justicia.
  • Necesidad de fortalecer la seguridad pública: Para contrarrestar el discurso de «invasión suave» de Trump, México debe demostrar capacidad para frenar al crimen organizado, lo que implica fortalecer el sistema de seguridad pública a nivel local y federal.
  • Colaboración con Estados Unidos: México puede ofrecer mecanismos de colaboración con Estados Unidos, aprovechando la experiencia en inteligencia de figuras clave en ambos países.

Oportunidades ante los retos:

A pesar de los riesgos, el documento también señala oportunidades para México, como:

  • Fortalecer la seguridad pública: Implementar una estrategia sólida de seguridad pública para contener a Trump y atender eficazmente el problema de la inseguridad.
  • Revisar el T-MEC: Buscar un fortalecimiento de la certeza en las inversiones de EE. UU. y Canadá, además de replantear las relaciones comerciales con otros países.
  • Aprovechar ingresos adicionales: Utilizar el remanente del Banco de México para pagar deuda y fortalecer el fondo de estabilización de ingresos.
  • Impulsar el financiamiento a PyMEs: Diseñar programas con tasas competitivas y acceso simplificado para potenciar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

En resumen, las políticas de Trump representan una serie de riesgos económicos y de seguridad para México, pero también ofrecen oportunidades para fortalecer la seguridad, diversificar el comercio y mejorar las finanzas públicas, siempre y cuando se tomen las acciones estratégicas necesarias.

Riesgos

La posible vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos plantea varios riesgos significativos para la economía mexicana, según los análisis presentados en las fuentes. Estos riesgos se pueden clasificar en varias áreas clave:

  • Disminución de transacciones financieras y comerciales: Las órdenes ejecutivas de Trump, en particular la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs), podrían obligar a los bancos e instituciones financieras a reforzar sus controles, resultando en mayores restricciones y costos para las transacciones financieras, y un acceso limitado al financiamiento para empresas que operan en México. Esto podría desalentar las transferencias y encarecer las transacciones, afectando el desempeño del sistema financiero.
  • Controles aduaneros más estrictos: Se anticipa la implementación de controles aduaneros más estrictos, generando retrasos en la frontera y aumentando los costos logísticos para las empresas. Esto impactaría negativamente a sectores clave como la industria automotriz y las agroindustrias en el intercambio comercial entre ambos países en el marco del T-MEC.
  • Restricciones comerciales regionales: Los productos de regiones consideradas vinculadas a los cárteles podrían enfrentar restricciones comerciales aún más fuertes.
  • Percepción de México como país de alto riesgo: La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos podría llevar a que México sea percibido como un país de alto riesgo, disminuyendo las inversiones cruciales para el crecimiento económico y la creación de empleos.
  • Incertidumbre política y depreciación cambiaria: Políticas proteccionistas de Trump, como la imposición de aranceles a México o la revisión del T-MEC, podrían generar incertidumbre financiera y volatilidad en el tipo de cambio. Una tendencia al alza del valor del dólar frente al peso elevaría tanto la deuda pública externa como los intereses pagados en moneda extranjera, lo que podría comprometer el presupuesto y la sostenibilidad fiscal.
  • Debilitamiento económico y menores ingresos públicos: Un menor crecimiento económico impacta directamente en la recaudación fiscal, particularmente en impuestos como el IVA y el ISR. Se calcula que por cada 0.5% de desaceleración en el crecimiento, el gobierno deja de percibir aproximadamente 26.4 mmdp de pesos de ingresos.
  • Competencia con el «reshoring»: La política fiscal de Trump para promover el «reshoring» (repatriación de empresas) compite con el Plan México para atraer inversión extranjera. Esta confrontación representa un riesgo para la consolidación de México como destino preferente para las cadenas de suministro globales. Las atractivas desgravaciones fiscales de EE. UU. y la reforma fiscal que reduce el impuesto corporativo al 15% podrían motivar a las empresas a reubicar sus operaciones, afectando el nearshoring y poniendo en riesgo la permanencia de empresas ya establecidas en México.

En resumen, el regreso de Trump podría generar un ambiente de incertidumbre económica, disminución de la inversión extranjera, mayores costos para las empresas, y una presión adicional sobre las finanzas públicas mexicanas.

Además del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el documento identifica varios riesgos para la economía mexicana en 2025. Estos riesgos se pueden categorizar en diversas áreas:

Riesgos en las Finanzas Públicas:

  • Incertidumbre política y depreciación cambiaria: Aunque se menciona como un riesgo relacionado con Trump, la incertidumbre financiera y la volatilidad en el tipo de cambio podrían agravarse por factores internos, lo que elevaría la deuda pública externa y los intereses pagados en moneda extranjera.
  • Debilitamiento económico y menores ingresos públicos: El enfriamiento de la economía mexicana pone en duda la meta de crecimiento del 2.5% proyectada por la SHCP. Un menor crecimiento económico impacta directamente la recaudación fiscal, particularmente en impuestos como el IVA y el ISR. Por cada 0.5% de desaceleración, el gobierno deja de percibir aproximadamente 26.4 mil millones de pesos.
  • Finanzas públicas sin ahorros para contingencias: El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) cuenta con solo 51 mmdp, una reducción del 85% respecto a 2018, lo que resulta insuficiente ante una posible recesión económica.
  • Empresas del estado poco eficientes: El recorte al gasto de inversión de Pemex podría traducirse en un incumplimiento de las metas de producción de petróleo, generando menores ingresos públicos. La CFE podría no tener la capacidad productiva para satisfacer la demanda de electricidad, resultando en intermitencias eléctricas y efectos negativos en hogares y crecimiento económico.

Riesgos en Regulación y Competencia:

  • Subestimar la demanda de energía eléctrica: El gobierno proyecta un crecimiento conservador de la demanda eléctrica, lo que podría comprometer la estabilidad del suministro a mediano plazo, afectando el desarrollo industrial y el bienestar social. Limitar la participación privada en el sector eléctrico podría presionar más las finanzas públicas para subsidiar a la CFE.
  • Altos índices de sequía y estiaje: La sequía, que afecta al 73% del territorio nacional, representa un riesgo crítico para la seguridad hídrica, agrícola y energética, impactando la producción de alimentos y la generación hidroeléctrica.
  • Debilidad institucional por las reformas constitucionales: La extinción de órganos autónomos y la reconfiguración del Poder Judicial incentivan una reestructura que implicará retrasos en la operación y efectividad del Estado, obstaculizando el crecimiento, la sostenibilidad, la rendición de cuentas y la competencia económica. Esta debilidad institucional también dificultaría al gobierno combatir la corrupción y al crimen organizado.
  • Prioridad de Pemex y CFE frente a sus competidoras: La prioridad dada a Pemex y CFE en el sector energético, respaldada por leyes y políticas públicas, constituye un riesgo para la competitividad y el cumplimiento de los compromisos internacionales, pudiendo generar represalias económicas.

Riesgos en Seguridad:

  • Mayor violencia por la extinción del cártel de Sinaloa: La disputa entre facciones del cártel de Sinaloa podría propiciar que otros grupos criminales disputen los territorios, incrementando la violencia.
  • Expansión de la violencia político-criminal al ámbito judicial: Las organizaciones criminales podrían extender sus redes de impunidad capturando directamente al poder judicial, ante la omisión del Estado.

Riesgos en Justicia:

  • Elecciones extraordinarias fallidas: Las elecciones extraordinarias para la mitad de los cargos jurisdiccionales federales podrían generar incertidumbre jurídica y un vacío de controles, debido a la falta de planeación y discusión de fondo.
  • Justicia federal ausente: La remoción de jueces y magistrados federales podría generar la ausencia de la instancia de protección de derechos, afectando la capacidad de combatir abusos de autoridades.
  • Opacidad en la justicia: La desaparición del INAI pone en riesgo la transparencia de las instituciones, en particular las de justicia, dificultando la rendición de cuentas.

Riesgos en Educación:

  • Incumplimiento en la construcción y mantenimiento de escuelas: La eliminación del INIFED y la falta de un área que asuma sus funciones han generado inestabilidad, impidiendo la expansión de cobertura y la atención a las necesidades de infraestructura educativa.
  • Falta de un organismo especializado en la evaluación educativa: La eliminación de Mejoredu plantea el reto de no contar con un organismo especializado en evaluar la calidad de la educación.
  • Reducción de indicadores transparentes de educación pública: La eliminación del INAI dificulta el acceso a la información pública y datos personales en materia educativa.
  • Padrones de beneficiarios mal integrados: Los problemas en la integración de los padrones podrían afectar la ampliación de beneficiarios de las becas Benito Juárez.
  • Escasez de personal docente: La necesidad de aumentar la plantilla docente y asegurar la formación continua es un reto que acompaña la ampliación de cobertura educativa.

Riesgos en Anticorrupción:

  • Mayor opacidad gubernamental: La integración de las funciones del INAI en la Secretaría Anticorrupción podría generar opacidad, dificultando el seguimiento a las respuestas de acceso a la información pública.
  • Falta de independencia en los perfiles de impartición de justicia y rendición de cuentas: La renovación de la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría estar influenciada por intereses políticos, comprometiendo la fiscalización efectiva.

Estos riesgos, combinados con los posibles efectos de las políticas de Trump, podrían generar un panorama económico desafiante para México en 2025.

La debilidad institucional en México

La debilidad institucional en México, según el documento, plantea varios riesgos significativos que afectan diversos sectores del país. Estos riesgos se pueden clasificar en:

  • Obstáculo para el crecimiento y la sostenibilidad: La extinción de órganos autónomos y la reconfiguración del Poder Judicial generan una reestructura profunda en el Estado mexicano que conlleva retrasos en su operación y efectividad, obstaculizando el crecimiento económico, la sostenibilidad y la rendición de cuentas.
  • Dificultad para combatir la corrupción: La debilidad institucional dificulta al gobierno cumplir con sus obligaciones de combatir la corrupción, ya que la falta de reglas claras e instituciones fuertes afecta la política regulatoria y de competencia económica. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también pone en riesgo la transparencia de las instituciones, en particular las de justicia.
  • Impedimento para contener al crimen organizado: La debilidad institucional dificulta contener y disminuir el avance del crimen organizado en el control de mercados de productos básicos, lo cual tiene graves efectos en el abasto, la calidad de los productos y los precios. También se menciona que la violencia político-criminal podría expandirse al ámbito judicial.
  • Incertidumbre jurídica para las inversiones: La falta de certidumbre jurídica debido a las reformas constitucionales al Poder Judicial y la extinción de órganos autónomos afecta las inversiones, la creación de empleo formal y la productividad.
  • Afectación a la competencia económica: La debilidad institucional derivada de las reformas y la prioridad dada a Pemex y CFE frente a sus competidores privados, limita la entrada de nuevos actores y restringe la innovación, violando los principios del T-MEC al fomentar prácticas de competencia desleal y discriminatorias hacia las empresas extranjeras.
  • Menor efectividad en la justicia: La remoción de jueces y magistrados federales y la falta de planeación en las elecciones extraordinarias generan incertidumbre jurídica y un vacío de controles.
  • Problemas en la evaluación educativa: La eliminación de la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación (Mejoredu) implica no contar con un organismo especializado en evaluar la calidad de la educación, afectando la mejora de los aprendizajes.
  • Mayor opacidad gubernamental: La integración de las funciones del INAI en la Secretaría Anticorrupción podría generar opacidad, dificultando el seguimiento a las respuestas de acceso a la información pública.
  • Riesgo en la fiscalización de recursos: La posible falta de independencia en el proceso de renovación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) compromete la fiscalización efectiva de los recursos públicos.
  • Ineficiencia en la gestión pública: La reestructura del Estado mexicano y la debilidad en la administración pública federal puede generar retrasos en la operación y efectividad de las instituciones.

En resumen, la debilidad institucional en México presenta un panorama complejo que afecta la gobernabilidad, la economía, la justicia, la educación y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Oportunidades

El documento identifica varias oportunidades para México que podrían surgir a pesar del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, principalmente en las áreas de seguridad, finanzas públicas, regulación y competencia, y comercio exterior. Estas oportunidades se presentan como estrategias para mitigar los riesgos asociados con las políticas de Trump y fortalecer la posición de México en diferentes ámbitos:

  • Fortalecimiento de la seguridad pública: Ante los decretos de Trump, México tiene la oportunidad de demostrar capacidad para frenar las actividades del crimen organizado. Esto incluye fortalecer el sistema de seguridad pública en su conjunto, incluyendo a las policías y fiscalías locales, así como ofrecer mecanismos de colaboración con Estados Unidos. El perfil profesional del secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, y del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ambos especialistas en inteligencia, podría facilitar dicha tarea. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de implementar una estrategia de seguridad sólida que, además de contener al presidente Trump, le permita construir su propio legado.

  • Ingresos adicionales para pagar deuda: La depreciación cambiaria observada durante 2024 podría generar un remanente de operación del Banco de México (ROBM), que es un ingreso adicional no recurrente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podría recibir en 2025. Por ley, el 70% de este remanente debe destinarse a pagar deuda o reducir el déficit, y el 30% restante a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) o la adquisición de activos.

  • Respiro financiero para el pago de intereses de la deuda pública: El debilitamiento reciente de la actividad económica podría llevar a una tasa de interés más baja en moneda nacional, aliviando el costo financiero de la deuda y liberando recursos para otras prioridades.

  • Impulso al financiamiento para PyMES: El diseño de programas con tasas competitivas, garantías flexibles y acceso simplificado podría potenciar la competitividad y capacidad de innovación de las PyMES mexicanas. Iniciativas como las anunciadas por Nafin y Bancomext pueden catalizar la inversión y ampliar su contribución al empleo y al PIB.

  • Fortalecimiento de la posición global mediante la revisión del T-MEC y nuevas negociaciones comerciales: La revisión del T-MEC ofrece la oportunidad de fortalecer la certeza en las inversiones de Estados Unidos y Canadá. Además, brinda la posibilidad de replantear las relaciones con China, completar la renegociación del tratado con la Unión Europea, establecer uno nuevo con el Reino Unido y aprovechar las ventajas del Tratado Transpacífico (CPTPP).

  • Rediseño del impuesto al carbono: El Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y carbono puede rediseñarse para incentivar la reducción de emisiones mediante inversiones en tecnologías limpias, energías renovables y captura de carbono.

  • Replanteamiento de la política de competencia: Tras la reforma constitucional que extinguió órganos autónomos en competencia económica y regulación energética, el nuevo diseño institucional debe garantizar un mejor funcionamiento y acceso pleno a derechos, incluyendo sostenibilidad, transparencia y gobernanza.

  • Incremento de la eficiencia de la política de seguridad: Ante los recortes presupuestales en seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC) puede maximizar las tareas de inteligencia, desarrollando y aprovechando capacidades institucionales a nivel local.

  • Articulación de la agenda de seguridad pública y justicia penal: La reforma constitucional que permite a las policías investigar y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) coordinar acciones en todo el país, abre la posibilidad de que las policías colaboren más activamente con las fiscalías en la investigación de delitos.

  • Revisión de resultados de fiscalías y propuestas de mejora: La modificación de las fiscalías ofrece una oportunidad para evaluar la autonomía de estas instituciones y sus capacidades para articular investigaciones y perseguir delitos en tribunales.

  • Relanzamiento de la justicia cívica: Este mecanismo de resolución de conflictos a nivel municipal permite tener un acceso más inmediato y rápido a la justicia, evitando el escalamiento de violencias a nivel comunitario.

  • Impulso a los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC): Los MASC pueden ofrecer una forma más satisfactoria para las personas de resolver sus conflictos a partir del diálogo en diversas materias.

  • Planificación de la educación hacia el futuro: Se debe formular la sección correspondiente a educación en el Plan Nacional de Desarrollo, así como el programa sectorial de educación y el programa nacional de educación superior.

  • Utilización estratégica de los resultados de la prueba PISA: La SEP debe articular un área o dirección que trabaje con el Ceneval para utilizar los resultados de la prueba PISA para mejorar los aprendizajes de los jóvenes.

  • Superación de las deficiencias del sistema de carrera para maestros: Se debe establecer nuevos métodos de selección y promoción docente que superen los problemas técnicos de los procedimientos previos.

  • Colaboración con instituciones privadas para ampliar los servicios educativos: La extensión del horario de las escuelas primarias ofrece oportunidades para colaborar con instituciones privadas para ofrecer educación física, artística y programas de prevención de la salud.

  • Desarrollar ampliamente las capacidades de las personas estudiantes: Hay una oportunidad para desarrollar las capacidades de los jóvenes y prepararlos para los desafíos sociales, tecnológicos y económicos.

  • Renovación del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED): Es importante consolidarlo como un sistema de registro y seguimiento de estudiantes, así como generar certificaciones portables.

  • Concretar la ampliación de cobertura de EMS en 40 mil estudiantes: La reconversión de espacios parece la tarea más inmediata y factible para incrementar la oferta de espacios.

  • Revisión del Marco Curricular Común en el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato: De implementarse correctamente, se fortalecerá el currículo para la enseñanza en los distintos subsistemas de educación media superior.

  • Unificar el sistema de revalidación: El gobierno federal debe reconocer y atender la implementación gradual del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema de Acumulación de Créditos.

  • Postular a México como potencia de tecnología e innovación: Es fundamental que la Educación Superior y las Escuelas Normales se conviertan en herramienta clave para el desarrollo de habilidades docentes que les permitan enseñar en sintonía con las carreras verdes y la inteligencia artificial.

  • Definir las habilidades clave que los jóvenes necesitan para emplearse: Es crucial identificar áreas de oportunidad en el capital humano de los jóvenes para alinear sus capacidades con las demandas específicas de los sectores estratégicos.

  • Articular un sistema de compras públicas: Se considera la posibilidad de impulsar una ley general de compras públicas que regule los principios de contratación en todas las instituciones públicas del país.

Estas oportunidades, si se aprovechan adecuadamente, podrían ayudar a México a mitigar los efectos negativos de las políticas de Trump y a fortalecer su economía, seguridad y desarrollo social.


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