Persiste la brecha entre el aporte económico de la mano de obra inmigrante y las condiciones en las que trabajan. Entre 2017 y 2024, hubo 8,881 muertes de trabajadores latinos por causas laborales, que pasaron de 903 a 1,229 por año, según datos del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) y la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Aunque el crecimiento se ha desacelerado, ya que tras un crecimiento de un 13 % entre 2017 y 2019, a un 1.5 % en 2020, en 2021 y 2022 se incrementó en un 5 % y un 10 % respectivamente, registrando 1.200 muertes al año: Cifra preocupante sin solución a la vista.

El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC. indicó que “tras un accidente grave o muerte, algunas familias optan por no denunciar por temor a las consecuencias migratorias o a perder su sustento económico. Esto genera una doble vulnerabilidad: no solo enfrentan la pérdida o la lesión, sino también barreras para acceder a justicia y compensación”
En 2024, los accidentes de transporte representaron el 33 % de los casos (407 muertes), seguidos por caídas, resbalones y tropiezos con un 24 % (298 casos), y el contacto con objetos o maquinaria con un 18 % (217 casos) que, en conjunto, representaron el 75 % de las muertes.
Para el abogado Quiroga, “cuando los incidentes responden a patrones repetidos, el enfoque debe estar en la prevención y en el cumplimiento efectivo de las normas, pero también en generar condiciones seguras para que los trabajadores y sus familias denuncien sin temor”.

El riesgo se concentra en sectores de uso de fuerza laboral inmigrante. Del 66,5 % que se ubica en industrias, a la construcción le corresponde el 24,4 %), al transporte el 21,9 %, a la agricultura y manufactura el 20.2 %; y el 33.5 % restante a los trabajadores extranjeros que se desempeña en ocupaciones profesionales, según datos del Instituto de Política Migratoria (MPI) lo que coincide con los índices de accidentalidad.
Las lesiones no fatales entre 2017 y 2024 registraron más de 1,2 millones de casos, pasando de 140,130 a 148,645 anuales. En 2020, con un aumento del 27 %, se presentaron 177,290 lesionados. A pesar de una disminución posterior, se evidencia que las condiciones estructurales de riesgo no se reducen ni se corrigen.

Un estudio reciente de 2026, en un centro de trauma, reveló que el 50 % de los casos se atienden gratuitamente, generando 2,2 millones de dólares en costos, con promedio cercano a los 99,503 dólares por caso. El pago directo cubre el 35 % de los pacientes con costos significativamente menores y la compensación laboral apenas representa el 15 % de los casos.
Esto genera contextos de empleo informal o desconocimiento de derechos. “El marco legal reconoce derechos laborales básicos independientemente del estatus migratorio, pero en la práctica el acceso a esos derechos sigue siendo limitado para muchos trabajadores”, concluyó el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
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