La legalidad de la extinción fue confirmada por unanimidad del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Hace seis años el entonces presidente Felipe Calderón decretó la pertinente, oportuna, trascendente y valiente decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Este organismo se había caracterizado por sus altos niveles de ineficiencia y corrupción. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), titular del contrato colectivo de trabajo, actuaba como si fuera el dueño de la paraestatal. Presionaba y chantajeaba al gobierno en turno para obtener así más prestaciones y privilegios. Todo un círculo vicioso.
La legalidad de la extinción fue confirmada por unanimidad del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo concluyó que no había violación a la libertad y autonomía sindical por el cierre de este centro de trabajo.
Las liquidaciones ofrecidas a los más de 44 mil trabajadores han sido las más generosas para un caso de desincorporación en la administración pública federal (en promedio fueron 435 mil pesos por trabajador, equivalente a casi tres años de salario integrado).
Por su parte, a los 22 mil 504 jubilados se les garantizó su pensión vitalicia, vía electrónica y sin pagar comisiones.
LyFC compraba electricidad en bloque a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revenderla, pero la tercera parte se esfumaba entre pérdidas técnicas y no técnicas (diablitos y diablotes); y, para su operación, recibía subsidios crecientes del presupuesto federal por alrededor de 42 mil millones de pesos anuales.
Desde los años 80 se sabía que el cierre de LyFC era necesario, pero ningún presidente de la República se había atrevido a dar el paso siguiente, por temor a la reacción del SME y sus aliados.
Fue así que Felipe Calderón —quien conocía bien el sector pues fue secretario de Energía y presidente de la Junta Directiva de LyFC— decidió cerrar la paraestatal en el año más difícil de su gobierno (sólo recordar las calamidades por las que pasamos en 2009).
La toma de las instalaciones se hizo mediante un operativo impecablemente diseñado y ejecutado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sin ningún tipo de enfrentamiento y sin necesidad de utilizar la fuerza pública. Y el suministro de energía eléctrica en la zona centro del país no se interrumpió un solo minuto gracias al grupo de ingenieros, técnicos y operadores que encabezó de manera por demás eficaz el entonces director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub.
Durante varias semanas se preparó este proceso bajo la coordinación personal del presidente Calderón. No hubo filtraciones a la prensa ni el SME tuvo conocimiento de los preparativos. Y se hilaron los acuerdos necesarios para contar con el respaldo (o al menos no objeción) de los actores indispensables.
Hoy la CFE —que con tino dirige Enrique Ochoa— presta un servicio mucho más eficiente que el que ofrecía LyFC, con menos personal y sin necesidad de recibir las multimillonarias transferencias presupuestales del pasado.
En suma: la extinción de LyFC es un claro ejemplo de que cuando las cosas se planean y ejecutan bien, con liderazgo y coordinación, y con estricto apego a derecho, el Estado mexicano es más fuerte que cualquier factor real de poder.
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